El Gobierno no transferirá “ni un euro ni un suelo” para vivienda a las comunidades si no garantizan su “perpetuidad pública”

La ministra, Isabel Rodríguez, ha condicionado los recursos que el Ejecutivo transfiere a otras adminsitraciones a acuerdos que garanticen que las nuevas viviendas públicas lo serán para siempre

Ministerio, comunidades y ayuntamientos: quién puede hacer qué para resolver la crisis de la vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo no transferirá a las comunidades autónomas “ni un euro ni un suelo del Estado para vivienda en la que no se garantice la perpetuidad pública”. En una entrevista publicada este lunes en La Vanguardia, Rodríguez ha destacado que el Gobierno condicionará “todos esos esfuerzos en blindar el parque público”. “No se dará la circunstancia en que un suelo del Estado pueda ser utilizado o cedido a otras administraciones públicas qe no hayan aceptado que hay que mantenerlo de manera permanente y perpetua”, ha insistido.

Rodriguez ya reclamó a las comunidades autónomas blindar el parque público de vivienda “a perpetuidad” durante su comparecencia en el Congreso la pasada semana. Es una idea en la que lleva insistiendo varios meses pero en la que, en la práctica, el Ejecutivo central no tiene competencia directa. De hecho, tal y como ha recordado este lunes la ministra, “el Gobierno ya lo intentó a través de la Ley de Vivienda, ciertamente matizada por el Tribunal Constitucional”.

Ese matiz se refiere al fallo que señalaba que el artículo de la norma estatal que pretendía ampliar el tiempo de protección de la vivienda protegida invadía competencias autonómicas. Según expertos en la materia consultados por elDiario.es, la llave del Ejecutivo es negociar caso a caso las condiciones de las transferencias de los fondos o la cesión del suelo a las comunidades o los ayuntamientos. “Espero que todo esto lo alcancemos por acuerdo”, confiaba Rodríguez.

La palanca en la que confía el Ministerio de Vivienda es el Plan Estatal de Vivienda, que deberá entrar en vigor en 2026 y en el que está trabajando ya. “Es un nuevo instrumento apra abordar esta política. No tanto en un diseño de programas a la carta, sino en una fijación de objetivos”, ha señalado Rodríguez en La Vanguardia.

En la reunión que el ministerio mantuvo con las consejerías, en el marco de la Conferencia Sectorial a principios de octubre, Rodríguez ya trasladó que la Ley de Vivienda permitía aplicar al Gobierno medidas “extraordinarias” en las zonas tensionadas, donde los alquileres están más disparados. Fuentes de su departamento explicaban que el Ejecutivo tendría en cuenta que las comunidades activasen todos los recursos de la norma para el reparto de estos fondos a través del Plan Estatal. Ahora, el Ejecutivo condiciona también estos recursos a que se blinden a perpetuidad.

Según los datos de Vivienda, en torno al 70% del dinero presupuestado por las comunidades para vivienda entre 2021 y 2024 fue transferido desde el Gobierno central.

En las últimas semanas, desde el Ministerio han sacado pecho por la Operación Campamento, el proyecto urbanístico que permitirá levantar 10.700 viviendas en Madrid. Se edificarán sobre suelo que el propio Ministerio compró a Defensa y sobre el que han garantizado que los inmuebles tendrán precios asequibles para siempre, incluso aquellos que se vendan a particulares. Lo que no se ha indicado aún es el mecanismo que se activará para ello.

“Ya sabemos lo que no ha funcionado y es la desamortización, la venta libre de vivienda pública a particulares e incluso a fondos buitre; recursos que tendrían que servir al interés general. Si no se hubieran vendido al mercado libre, ahora tendríamos 2,5 millones de viviendas públicas en España. La fórmula tiene que ser la contraria y es lo que está planteando el Gobierno: garantizar con esos recursos públicos que las viviendas siempre sirvan a un interés general, que sean la respuesta a un derecho fundamental”, explicó Rodríguez en una entrevista con elDiario.es en septiembre.

La ministra insitió en esta idea el pasado miércoles en el Congreso, donde afirmó que la construcción de viviendas de protección oficial en el pasado había supuesto un “ascensor social para millones de personas”. Sin embargo, señaló también que la otra cara de esa moneda es que la “descalificación de la protección de esas viviendas hace que hoy no podamos contar con ese parque con aquellos recursos que fueron sufragados por todos”. “Es importante tenerlo en cuenta a la hora de desplegar las políticas públicas. Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre”, afirmó.

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