Las últimas decisiones de la Audiencia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia avalan una parte importante de sus diligencias y cierran la puerta a acusarle de prevaricación y apartarle de la causa, mientras Peinado abre una nueva investigación por nuevos delitos en torno a un software gratuito de la Complutense
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez nuevos delitos por supuesta apropiación de un software gratuito de la Complutense
Las últimas resoluciones de los distintos tribunales madrileños han blindado al juez Juan Carlos Peinado en su investigación a Begoña Gómez. El espaldarazo de la Audiencia Provincial de Madrid a la mayor parte de sus diligencias y el triple rechazo del Tribunal Superior de Justicia a las querellas que le acusaban de prevaricación da camino libre al magistrado para seguir instruyendo la causa contra la esposa del presidente del Gobierno. Una investigación que sigue centrada en su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y en su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y que en las últimas horas suma un nuevo frente: dos delitos más por apropiarse de forma supuestamente irregular de un software gratuito de la universidad.
A lo largo de su relación laboral con la Universidad Complutense, Begoña Gómez llegó a dirigir dos másteres y una cátedra de Transformación Social Competitiva, todo anulado actualmente por el centro. Varias empresas financiaron la creación de un software para uno de sus cursos: una herramienta digital gratuita para que las empresas pudieran medir y mejorar su éxito en el desarrollo sostenible. Begoña Gómez creó un dominio web con un nombre muy parecido al de su cátedra y al de una de sus empresas en el que alojó ese software, pagando 25 euros de su bolsillo.
Fue la propia Complutense la que dio instrucciones a Begoña Gómez sobre cómo crear dominios como este, y también fue la que trasladó sus sospechas al juez sobre una posible apropiación indebida a pesar de que su investigación interna y sus contactos con el Registro de la Propiedad no encontraron ninguna actividad de la empresaria en ese sentido. La información del Registro de la Propiedad Intelectual señala que ni Begoña Gómez ni su empresa tienen registrado ese software a su nombre.
Ha sido finalmente el grupo ultracatólico HazteOir, una de las acusaciones populares del caso, la que ha presentado una querella paralela a la causa principal y ha conseguido que el juez Peinado abra una nueva ramificación de la causa insistiendo en la teoría del registro.
El auto insiste en que Gómez, tal y como dice la querella, registró a su favor una marca y finalmente el software de la Cátedra. El delito de apropiación indebida requiere haberse apropiado de manera ilegal de “dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa” con un valor cuantificable. Este software que Gómez no registró a su nombre era gratuito y la página web en cuestión se encontraba en pruebas antes de desaparecer.
Esta nueva ramificación del caso da un nuevo impulso a las diligencias con una nueva citación para la esposa del Presidente del Gobierno. Begoña Gómez tendría que acudir de nuevo al juzgado el 18 de noviembre para ser notificada personalmente de la querella para ser citada otro día distinto y ya declarar como imputada. Un nuevo empujón a la causa que aleja muchos meses en el tiempo cualquier decisión sobre el hipotético final de una investigación.
Se trata del último giro de unas diligencias que arrancaron bajo secreto el pasado mes de abril después de que Manos Limpias plasmara en una denuncia varias noticias de prensa, entre ellas un bulo, acusando de forma atropellada a Begoña Gómez de haber favorecido al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas con cartas de recomendación y de haber influido en el rescate de cientos de millones de euros a Air Europa. Todo, según el pseudo sindicato de extrema derecha, haciendo valer su condición de esposa del Presidente del Gobierno.
El juez Peinado fue ampliando la causa, centrándose también en el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense con sus másteres y su cátedra, en su relación laboral con el África Center del Instituto de Empresa. Y desde el primer momento la gran esperanza de la Fiscalía y la defensa de la empresaria era que la Audiencia Provincial de Madrid archivara el caso o, al menos, delimitara al máximo lo que consideraban que ya en sus primeras semanas apuntaba a convertirse en una investigación de pesca de arrastre contra todo lo que había hecho Begoña Gómez desde que su marido y ella metieron las maletas por la puerta de la Moncloa.
El primer auto de la Audiencia de Madrid el pasado mes de mayo puso algunas barreras pero no limitaciones sustanciales a la instrucción de Peinado. Reprochó que hubiera gestionado de forma caótica el secreto sumarial, que pidiera información de forma “genérica” a la Guardia Civil y que se hubiera puesto a investigar un fraude en el rescate de una aerolínea basándose en “conjeturas” de Manos Limpias, pero avaló que indagara en si Gómez había usado su estatus para favorecer su carrera y la de empresarios de su entorno. Había sospechas, dijo entonces, que “legitiman una investigación”.
En los meses siguientes Peinado no abandonó completamente la investigación sobre Air Europa que había proscrito la Audiencia Provincial y amplió los horizontes de la causa en lugares donde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no había visto irregularidad alguna. Imputó a Juan Carlos Barrabés y empezó a rastrear cualquier conexión entre la actividad profesional de Begoña Gómez y La Moncloa pasando por un posible trato de favor por parte de la Universidad Complutense. Por el camino acudió al Palacio a intentar tomar declaración como testigo al propio Pedro Sánchez.
El segundo asalto en la Audiencia Provincial de Madrid quedó zanjado a principios de octubre con otro auto que, lejos de cerrar el caso como pedían la defensa y la Fiscalía, dio camino libre al magistrado para seguir con sus variadas líneas de investigación. Tras breves reproches a Peinado por insistir en la vía del rescate de Air Europa –otra de las obsesiones fallidas de las mismas acusaciones populares que ejercen en el caso Koldo– y también por afirmar que tenía bajo la lupa toda su vida desde que Pedro Sánchez es Presidente, el tribunal madrileño avaló en líneas generales la causa de Peinado impulsada por Vox, HazteOir, Manos Limpias, Iustitia Europa y el abogado Aitor Guisasola.
El archivo se aleja
En la práctica esta decisión aleja mucho en el tiempo cualquier enmienda a la totalidad de la Audiencia Provincial de Madrid a la instrucción de un Juan Carlos Peinado que tiene vía libre para seguir indagando mientras da pocas señales de tirar la toalla entre diligencias que no amplían los indicios de delito que prometía la denuncia de Manos Limpias. Las cartas de recomendación que protagonizaron la apertura del caso no han requerido más atención por parte del juez, la Unidad Central Operativa ha descartado cualquier irregularidad en los contratos públicos concedidos a Juan Carlos Barrabés y la Universidad Compluense ha explicado al juez que contrató a Begoña Gómez por su “trayectoria profesional”.
Las decisiones de Peinado no han venido reforzadas solo por la vía de los recursos ordinarios. También han recibido el espaldarazo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en las últimas semanas, ha rechazado tres querellas presentadas contra el juez por prevaricación. Algo que no solo aleja una posible imputación para el magistrado, sino que también cierra el paso a posibles recusaciones y a que sea apartado de la causa. Y zanja también por esa vía muchos reproches que hacían contra su gestión de la instrucción.
La primera querella en fracasar fue la del periodista Máximo Pradera, que acusaba al juez de revelación de secretos por emitir notas de prensa sobre el caso cuando estaba bajo secreto sumarial. La segunda fue la que presentó la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez, que centraba sus acusaciones de prevaricación en su citación como testigo. La respuesta no fue solo una negativa a abrir una causa: fue un duro reproche de los jueces a la Abogacía, con uno de los magistrados llegando a proponer sin éxito que el propio Presidente del Gobierno se expusiera a una multa por temeridad en sus acusaciones contra el instructor.
El tercer ‘no’ del TSJM llegó con el rechazo a la querella presentada por la propia Begoña Gómez, que era más amplia y abarcaba casi toda la gestión que el juez Peinado ha hecho de su causa. Los jueces no fueron tan contundentes como con la acción penal de la Abogacía del Estado, pero rechazaron que existieran pruebas de que Peinado estuviera urdiendo algún tipo de plan para perjudicar a la empresaria. Y reforzaron, a su manera, la instrucción del caso: muchas de las cosas que planteaba la defensa de Gómez, afirmó el TSJM, eran reproches que debían ventilarse a través de recursos y no de querellas.
Todas estas decisiones no cierran la puerta totalmente ni a un futuro archivo del caso por parte de la Audiencia Provincial ni tampoco a una posible investigación por prevaricación. Pero para que suceda lo primero, todas las líneas de investigación que ha puesto en marcha el juez deben llegar a un punto muerto que, según ese tribunal, por ahora no está cerca. Y para que suceda lo segundo el listón establecido por el TSJM está mucho más allá de todo lo que ha hecho hasta ahora.
Mientras tanto, el juez sigue avanzando en todas sus líneas de investigación y transforma la causa en macrocausa a lomos de las peticiones que hacen las acusaciones populares de extrema derecha. Su último movimiento en torno al software gratuito de la Complutense implica dos visitas más al juzgado de la esposa del Presidente del Gobierno y una ampliación de las diligencias con el aval de los tribunales que supervisan el caso.