La dirección de Feijóo delega la gestión del caso en la delegación andaluza de Juan Manuel Moreno, pero el protocolo anti acoso, que no es público, aborda también las denuncias por comportamientos sexuales inapropiados y lo deja en manos de Génova
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Un par de frases de Alberto Núñez Feijóo durante una entrevista radiofónica este martes ha torcido la estrategia del PP ante el escándalo por las supuestas agresiones sexuales cometidas por el ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Los de Feijóo optaron por un perfil discreto, conscientes de que un caso de acoso podría saltar en sus propias filas. Y así ocurrió con el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, como protagonista. Tras las palabras de Feijóo, el PP embarrancó en una cadena de contradicciones y explicaciones a medias. La dirección nacional señaló a la andaluza como responsable de la gestión, pero los protocolos internos apuntan a que la encargada de investigar es Génova.
“Sabemos que esto puede ocurrir”, dijo Feijóo en esRadio al filo de las nueve de la mañana. Fue el propio líder del PP el que, a cuenta de una pregunta sobre el escándalo de Errejón, mencionó una “investigación” sobre un posible caso de acoso y agresión referido al senador y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. “Nadie pone la mano en el fuego por nadie”, añadió el líder de la oposición. Este martes, Landaluce no asistió al Pleno del Senado.
El caso no surge por la denuncia de las concejalas supuestamente afectadas, sino por la filtración de unos pantallazos de wasap publicados de forma fugaz por Alvise Pérez en su canal de Telegram. Poco después, desaparecieron los mensajes. Feijóo relató que tras “salir una referencia” a Landaluce “automáticamente hablamos con él y se aclara este asunto”. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo. Pero las palabras de Feijóo provocaron el efecto contrario al buscado. Desde la dirección nacional aseguraron a los periodistas que la gestión de la “denuncia”, en palabras de Feijóo, dependía del PP andaluz de Juan Manuel Moreno.
A lo largo de la mañana del lunes, desde la dirección estatal del partido derivaron la gestión al PP de Andalucía que lidera Moreno. La Junta de Andalucía intentó circunscribir el caso a la dirección provincial del PP de Cádiz. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aseguró que la investigación estaba abierta, mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, la dio por cerrada. Todo casi a la vez.
Un protocolo secreto que atañe a Génova
“El PP en Andalucía está trabajando en conocer de primera mano los hechos, pese a que no consta denuncia alguna en este caso, ni pública ni privada”, dijo Tellado en una rueda de prensa en el Congreso en la que dijo que la investigación seguía abierta. “Se activó de manera inmediata” el protocolo interno (y secreto) sobre acoso, “como no puede ser de otra manera”, aseguró minutos después Gamarra, que zanjó: “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad y que ellas pudieran explicarse”.
Pero el protocolo al que hace referencia Gamarra no deja la resolución de este tipo de conflictos a las direcciones autonómicas y mucho menos a las provinciales o locales. Es la dirección nacional la que debe investigar y resolver. La responsabilidad, según el documento, es de Génova, 13. Así consta en el documento, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso elDiario.es. Porque el protocolo no es público, pero sí está disponible para todos los trabajadores del PP en la intranet de la organización.
La última versión del “Protocolo de prevención del acoso laboral” del PP es de mayo de 2023, un año después de la llegada de Feijóo al liderazgo del partido. En este marco, el documento establece como “acoso sexual (…) todo comportamiento verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante, humillante y ofensivo”.
El texto sigue: “El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la entidad, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción del trabajo”.
En cuanto al procedimiento, el protocolo asegura que “se inicia por denuncia de la presunta víctima de acoso (o por aquella Persona Sujeta que, no siendo víctima de acoso, sea testigo del mismo)”. Dicha denuncia se dirigirá “al director del Departamento de Recursos Humanos o al OCN a través del Canal Ético”. El OCN es la Oficina de Cumplimiento Normativo del PP, un departamento de ámbito nacional cuya función es velar precisamente por el buen cumplimiento de las leyes a nivel interno. El Canal Ético es un canal de denuncias que también se gestiona en Génova, 13.
El protocolo establece que “el OCN, junto con el director de RRHH, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad” de la denuncia. Se formará una Comisión Instructora formada, de forma preferente, por la persona responsable de RRHH y otras dos del OCN.
Una denuncia fugaz y una negación a medias
En la tarde del lunes se despejaron algunas incógnitas. Pese a lo dicho por Cuca Gamarra, nada hace indicar que se haya activado realmente el protocolo antiacoso. ElDiario.es intentó, sin éxito, una confirmación tajante sobre cuál había sido el canal utilizado para la investigación interna.
La fugaz publicación del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta mostraba varios pantallazos de conversaciones de wasap en las que dos concejalas de Algeciras comentan sobre algunas supuestas actitudes del alcalde de la ciudad, José Antonio Landaluce. Una de ellas relata en un momento determinado que cuando estaban sentados en una mesa con otras personas le “metió mano por debajo de la mesa”, algo que, según el relato, percibieron los demás.
En sendas cartas trasladadas a los periodistas desde el PP andaluz a media tarde, ambas decían negar “las acusaciones difundidas”, aunque ninguna de las dos desmiente que los pantallazos sean reales.