Moncloa intenta taponar la vía de agua abierta en Sumar tras la salida de su exportavoz y el presidente lanza una defensa encendida de sus socios: “Tienen un compromiso inequívoco con la causa feminista y la confianza es total”
El juez abre una investigación contra Errejón y llamará a declarar a la actriz Elisa Mouliaá para que ratifique su denuncia
Salvar a Yolanda Díaz. Esa es la consigna dada por Moncloa al conjunto del Gobierno tras la vía de agua que ha supuesto para la coalición el escándalo de Íñigo Errejón. En el PSOE son conscientes de que la gestión de la salida del exportavoz de Sumar ha dejado muy tocada a la figura de la vicepresidenta segunda. E incluso que amenaza con abrir en canal al espacio político que representa por el enfrentamiento entre los partidos que componen esa coalición. Temerosos de que la crisis de sus compañeros de Consejo Ministros suponga una amenaza más para el Gobierno, el respaldo de los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, es explícito.
“El compromiso de Sumar con la causa feminista es inequívoco. Y mi confianza es total y rotunda en todos los ministros y ministras”, declaró el presidente durante su comparecencia de este martes en la India. Preguntado por las responsabilidades que debería asumir su socio de coalición ante este escándalo, Sánchez también defendió sin fisuras la actuación liderada por Díaz. “Ha actuado de manera contundente desde el primer segundo que tuvieron conocimiento de este asunto”.
Las palabras del presidente, que ya incluyó ese respaldo expreso a Yolanda Díaz desde su primera reacción a la dimisión de Errejón, marcan el discurso del resto del Ejecutivo y del Partido Socialista. “Ha sido una actuación diligente, rápida y contundente”, dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, en sala de prensa tras el Consejo de Ministros, lejos de poner algún pero a la gestión de este caso llevada a cabo por la vicepresidenta.
Según la dirección del PSOE, ese cierre de filas es tan contundente por dos motivos. Por convencimiento de que Sumar ha hecho lo que tenía que hacer con su exportavoz al exigirle de manera “fulminante” el acta de diputado y la dimisión de todos sus cargos, y también “por lealtad” al socio de coalición. Pero algunos ministros y altos cargos socialistas admiten que detrás de ese apoyo también hay una preocupación real por el impacto que un caso tan grave como las denuncias por acoso machista contra Errejón pueda tener en la viabilidad de un proyecto político, el de Sumar, que resulta fundamental para la gobernabilidad de la izquierda y que no deja de tambalearse desde su propia fundación.
Durante gran parte de la semana pasada, tras la publicación de algunas denuncias anónimas por parte de la periodista Cristina Fallarás con acusaciones que cercaban a Errejón, el silencio público de la vicepresidenta llegó a preocupar a buena parte del PSOE. Yolanda Díaz pasó de la cumbre hispano-lusa en Portugal a un viaje oficial en Colombia. Así que las respuestas y las explicaciones al más alto nivel se aplazaron hasta el lunes por la tarde, cuatro días más tarde de la dimisión, para intranquilidad de sus socios, que en privado cuestionaban tantos días de silencio.
Reconocen varias fuentes socialistas que la comparecencia de Yolanda Díaz en el Congreso tras la reunión a puerta cerrada de su grupo parlamentario, que defienden y valoran, la dejó, sin embargo, en una situación política muy delicada. El punto débil de la exposición de la vicepresidenta tiene que ver con la denuncia de una mujer en Castellón hace casi un año y medio y que aludía a tocamientos no consentidos por parte de Errejón.
De aquel episodio, que ocurrió justo antes de las elecciones generales de julio de 2023, reconoció la política gallega haber sido informada por su equipo. A preguntas de la prensa respondió que comentó el caso con la líder de Podemos, Ione Belarra, y con la dirección de Más Madrid, antes de darlo por zanjado por la retirada del mensaje que denunciaba en redes. Pero Díaz no tuvo respuestas al hecho de que no pidiera explicaciones al propio Errejón. Y mucho menos a que, a pesar de ese caso y a pesar de conocer que acudía a terapia por distintas adicciones de gravedad, lo elevara hasta portavoz de su grupo unos meses después. “No debería haber ido en las listas y no debería haber sido portavoz”, admitió Díaz durante esa comparecencia.
Más allá del evidente desgaste de la líder de ese espacio político y de la desafección que un caso de esta gravedad pueda inocular entre los votantes de izquierdas, en la Moncloa también preocupa un aspecto mucho más pragmático: el temor a una posible implosión del espacio político en el que se apoyan para gobernar en coalición.
La digestión del escándalo y la gestión de la salida de Errejón ya ha provocado una crisis interna en Más Madrid y roces también entre la formación de Mónica García y Yolanda Díaz. Lo mismo ocurre con Izquierda Unida, que este lunes exigió aplazar en la reunión parlamentaria la designación de la nueva portavoz para reclamar “procesos más democráticos” en la toma de decisiones internas que no dependan exclusivamente de la política gallega y su equipo más cercano.
Cercados también por el flanco de la corrupción con el ‘caso Koldo’ y la implicación del exdirigente socialista José Luis Ábalos, el equipo del presidente cree que si algo puede poner en riesgo de verdad la estabilidad de la legislatura es que su socio de coalición se desmorone si la digestión política de este caso se alarga en el tiempo para convertirse en un enfrentamiento interno. Algo en lo que, según señalan con cierta sorna los socialistas, ese espacio político “suele resultar bastante experto”.
Por eso, como cada vez que una crisis atenaza la viabilidad de su Ejecutivo, el presidente volvió a lanzar un mensaje de horizonte largo a la legislatura. “Vamos a gobernar hasta 2027 y ya les digo lo que pasará en 2027. Que las izquierdas volveremos a ganar y seguiremos gobernando. Lo que no sé es si me enfrentaré con Feijóo o con otro líder o lideresa”, dijo Pedro Sánchez desde la India.
Que el caso de Errejón haya desencadenado otras acusaciones que afectan a cargos públicos del PP, con el caso del alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, o del alcalde de Estepona, denunciado por un funcionario por acoso sexual, hace prever al PSOE que eso pueda introducir algo de sordina en el uso partidista que los de Feijóo pretendan hacer del caso. Y ponen el foco en las expulsiones fulminantes que se producen en la izquierda a la hora de actuar sobre este tipo de casos. Algo, sostienen los socialistas, sobre lo que no puede dar lecciones la derecha.