El empresario Alberto González Amador se ha mostrado dispuesto a admitir su fraude fiscal a cambio de pagar medio millón de euros y ser condenado a una pena testimonial de prisión
La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón
La jueza que instruye la causa penal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a citarle a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes jurídicas aseguran que la citación se produce para cerrar el pacto que el empresario lleva meses negociando con la Fiscalía. Ese acuerdo de conciliación supone reconocer que cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad documental a cambio de aceptar una condena de ocho meses de cárcel —siempre que no implique su entrada en prisión— y pagar más de medio millón de euros.
La citación se produce menos una semana después de que la jueza acordara abrir una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre el empresario y el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esa nueva derivada no se cruza, sobre el papel, con la ramificación principal del caso y técnicamente no hay impedimentos para llegar a un acuerdo, sostienen las fuentes consultadas.
La Fiscalía denunció a González Amador en los juzgados de Madrid por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. El empresario facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Durante los primeros meses de investigación, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero la estrategia fue virando, poco a poco, hacia el reconocimiento de los hechos y el control de daños. Primero, retiró algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado, ofreció un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo, que motiva la nueva citación de la jueza conocida este martes, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros entre deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad.
La investigación de Hacienda asumida por la Fiscalía fue tan exhaustiva que las diligencias abiertas por la jueza Inmaculada Iglesias apenas pasaron de pedir toda la documentación al fisco y llamar a declarar al propio González Amador y sus supuestos socios. Sin embargo, hasta el momento sólo ha habido dos intentos fallidos de que el empresario compareciera ante la Justicia.
Su primera declaración estaba prevista para el 20 de mayo, pero ese día el empresario, después de evitar a la prensa usando una peluca, no compareció porque no había sido posible localizar a algunos acusados. Su segunda citación, ya a finales de junio, también fue aplazada después de que PSOE y Más Madrid pidieran analizar su relación con el Grupo Quirón. Ese día, el comisionista ni siquiera llegó a entrar en los juzgados ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid.
En esta nueva resolución, la jueza cita para el mismo día a Maximiliano Niederer, el ciudadano mexicano residente en Madrid que habría ayudado a González Amador a confeccionar las dos facturas falsas de mayor cuantía por trabajos no contratados. Una de ellas por valor de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA, fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.
También están llamados a comparecer el 29 de noviembre tres vecinos de la localidad sevillana de Arahal. Figuran al frente de media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros.