Sumar registra sus propias enmiendas y espera poder convencer a los socialistas en el trámite parlamentario
Montero admite que los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire
El PSOE ha llegado a un acuerdo con Junts y el PNV para hacer permanente el impuesto especial a la banca pero tumbar al mismo tiempo el que gravaba a las eléctricas. Un pacto que no cuenta con el apoyo de Sumar, que ha registrado sus propias enmiendas en el Congreso para tratar de llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario e incluir también a las energéticas.
Este miércoles terminaba el plazo de enmiendas para la transposición de una directiva europea sobre el impuesto de sociedades. Un texto sobre el que hay un acuerdo general entre los socios del Gobierno porque plantea elevar el tipo al 15%, en línea de la media de la Unión Europea. Pero el Ejecutivo buscaba incluir también en esta proposición de ley el debate sobre la fiscalidad especial para las energéticas y la banca, y para ello quería presentar una serie de enmiendas negociadas en el seno de la coalición.
El PSOE ha cerrado finalmente un acuerdo inicial con el PNV y Junts que deja fuera a las energéticas del que Sumar se ha desmarcado. El grupo plurinacional ha registrado una batería de enmiendas para tratar de mantener las conversaciones durante el trámite parlamentario. Fuentes de la coalición recuerdan que el PSOE no tiene mayoría para sacar ese acuerdo si no incluyen a las energéticas.
El Gobierno impulsó en 2022 un gravamen especial, de forma temporal, como respuesta a los beneficios extraordinarios por la crisis de inflación y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Esa medida está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Sumar negoció para el acuerdo de investidura que esta herramienta fiscal se convirtiese en permanente y ha querido aprovechar las conversaciones ya en marcha por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para forzar al PSOE a que cumpla ese compromiso.
Pero en las últimas semanas, desde la parte socialista del Gobierno han empezado a distanciarse de la idea de hacer permanente este gravamen. Si el Ejecutivo “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”, dijo hace pocos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“La vocación que tiene el Gobierno es darle continuidad, pero también el Gobierno es muy consciente de que tiene que acordarlo con el conjunto de grupos políticos, que los tienen que aprobar”, dijo el pasado jueves en declaraciones a un grupo de periodistas. Hay en concreto dos grupos que están poniendo pegas en este sentido: Junts y PNV. Y en Sumar entienden que parte de las reticencias de los socialistas están relacionadas con la necesidad de buscar el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes para los PGE.
Hace poco, en un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguraba que los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas eran “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.
En Sumar recuerdan el impacto en la recaudación que han tenido estos dos gravámenes. Los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). Un impuesto que no ha afectado a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. En cambio, dentro su estrategia de presión, la empresa ha amenazado también con llevarse inversiones fuera de España.