El ha abierto un nuevo debate sobre el posible derribo del complejo . El pleno ha decidido preguntar a las partes del proceso, entre las que se encuentran desde la Junta hasta la comunidad de propietarios pasando por las organizaciones ecologistas, si la ley que Extremadura aprobó sobre este asunto efectivamente hace morir el proceso judicial sobre la demolición. Una decisión que puede, como mínimo, retrasar varios años el hipotético derribo.