La Generalitat registró el pasado trimestre una subida de 1.629 contratos de este tipo en comparación con el año pasado
Barcelona busca limitar el alquiler de temporada que se escapa del tope de precios
Los contratos de alquiler se han disparado en Catalunya un 38% en tan solo un año. Por primera vez la Generalitat ha facilitado datos oficiales sobre este tipo de contratos, y lo que se constata en los meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 140 municipios (donde viven el 80% de los catalanes) es un aumento de esta fórmula que busca esquivar los topes de precios.
El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), encargado de registrar las fianzas de todos los alquileres que se formalizan en Catalunya, contabilizó durante el tercer trimestre de 2024 un total de 5.970 contratos temporales de arrendamiento. Esto supone 1.629 más que en el mismo período del año anterior.
Hasta la fecha, el boom de los alquileres de temporada se podía deducir de las ofertas de los portales inmobiliarios, donde en ciudades como Barcelona sus anuncios han llegado a superar el 50% del total. Sin embargo, en cuanto a los contratos firmados el porcentaje es más moderado: en Catalunya suponen uno de cada cuatro.
El alquiler de temporada está en el foco político y mediático desde antes de aprobación de la Ley de Vivienda o de la regulación del precio del alquiler, vigente solo en Catalunya. Vecinos y entidades sociales comenzaron a denunciar hace años su uso fraudulento. Desde el pasado marzo, con la entrada en vigor del límite de las subidas en Catalunya, incluso la Generalitat aseguró que se estaban empleando para esquivar la normativa.
Con todo, su incremento no explica por completo la caída de los contratos de alquiler habitual que se viene registrando. En el mismo período, la reducción de los arrendamientos firmados ha sido de 23.458 a 19.723, es decir 3.735 menos. De este modo, el trasvase hacia el alquiler de temporada para esquivar la ley explicaría solo el 43% de este descenso.
Tras achacar esta caída enteramente a la fuga hacia el alquiler de temporada hace tan solo tres meses, ahora la Generalitat lo atribuye a otros factores. Básicamente, a que hay menor rotación de inquilinos en las viviendas debido a que los contratos son más duraderos –en 2019 pasaron de tres a cinco o siete años)– y a que el propio límite de precios desincentiva a los caseros a cambiar de arrendatario. “El número de contratos de alquiler vigentes aumenta”, alegaban en una nota de prensa. Al mismo tiempo, atribuían sin más el incremento de los alquileres por meses a los pisos de estudiantes.
En cuanto a la regulación de este tipo de alquileres, y más allá de que su uso para vivienda habitual ya es a día de hoy un fraude, este jueves el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que tratará de limitarlos mediante una modificación de la normativa urbanística. Se trata de un acuerdo del PSC con los Comuns, que venían exigiendo esta medida, y que dependerá de si ERC le da definitivamente el sí.
Además de en la capital catalana, en el resto de Catalunya la Generalitat ya trató incluir estos alquileres dentro de la regulación. Lo hizo el Govern de Pere Aragonès pocos días de iniciarse la última campaña electoral de las autonómicas, pero el PSC y Junts se lo tumbaron. Por último, también el Gobierno central prepara un registro en el que deberán inscribirse esta tipología de contratos.