La Comunidad de Madrid intenta modificar el convenio que se ha acordado con el resto de autonomías para incorporar docentes, pero el Ministerio de Diana Morant se niega: «Esperamos que lo apruebe en los mismos términos que lo han hecho el resto»
Ayuso da marcha atrás y aceptará los 169 millones del Gobierno para contratar a profesores de universidad
Madrid no quiere comprometerse a estabilizar los más de 1.000 puestos de trabajo que se crearían con los 169 millones de euros que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le dedicaría a través del programa María Goyri, que ha firmado con el resto de Comunidades Autónomas. El jueves la Consejería de Educación envió una comunicación en la que especificaba la manera en la que pretende “adaptar a la realidad de las seis universidades públicas de la región” el acuerdo “para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores”. Sus condicionantes, confirman fuentes del Ministerio, pasan por saltarse el “estabilizar” de la ecuación.
La respuesta del secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero Emilio Viciana ha llegado este lunes: “Como sabes, todos los elementos del convenio (consideraciones y compromisos económicos de los firmantes, fechas de compromiso y propuestas de tipo de contratación), así como el texto en todos los términos literales, fueron elaborados y acordados con el resto de las comunidades autónomas. Así mismo, fueron finalmente aprobados con el voto positivo de la Comunidad de Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio de 2024″, asegura Cigudosa en su misiva.
La Comunidad de Madrid ya había adelantado sus objeciones a los términos del convenio, después recular de su decisión de no firmarlo. Todo sucedía el miércoles 4 de diciembre, en la misma jornada en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunía con los rectores de los campus públicos madrileños que pedían públicamente un aumento de los presupuestos que les permitiera “sobrevivir”. Ayuso acabó prometiendo un incremento de 47 millones, que los responsables consideraron “insuficientes” (calculaban que lo necesario eran 200 millones). En cuanto al programa María Goyri, primero la Comunidad aseguró que no se sumaba al plan que inyectaría casi 170 millones para salarios docentes, después dijo que sí, pero que no le convencían algunos de los condicionantes que el resto de autonomías ya habían aceptado y firmado.
“El texto propuesto por el Ministerio impone contratar con este programa a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor, que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar. Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, argumentaba la Consejería de Educación.
Universidades le recuerda en su comunicación de este lunes que esos términos no son adaptables a cada Comunidad, sino que se han pactado con todas y que Madrid votó a favor en la Conferencia General de Política Universitaria. “Esperamos que la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente en esa conferencia, apruebe en su órgano de Gobierno en los mismos términos que lo han hecho el resto de las Comunidades Autónomas, y con ello beneficie a las universidades madrileñas y a sus plantillas de profesorado”, sostiene el texto que firma Cigudosa.
Además, Universidades pone un tope temporal a las dilaciones de Madrid. Pone como fecha límite el 13 de diciembre para que el convenio sea “fiscalizado en esta anualidad de 2024”.