En una situación inaudita, los conservadores se han comprometido ‘in extremis’ con los grupos de la oposición a abstenerse en la votación de la supresión de la normativa, instada por la extrema derecha a inicios de legislatura
Alcaldes del PP plantean a Marga Prohens la posibilidad de convocar elecciones
El PP acaba de dar por roto cualquier tipo de relación con Vox en Balears y se abstendrá en el debate de derogación de la Ley de memoria democrática tras alcanzar in extremis un acuerdo con los grupos de izquierda. A cambio, tanto PSIB-PSOE como los ecosoberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca se han comprometido a dar su apoyo a la supresión de las 34 enmiendas que la extrema derecha presentó al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores incorporaron hace dos semanas por error, retrotrayendo con estas medidas la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana.
La votación iba a llevarse a cabo en el pleno de este martes, pero finalmente ha sido retirada del orden del día y se incluirá en el pleno de la próxima semana, en el que también prevé validarse el decreto dirigido a subsanar las enmiendas que el PP apoyó por equivocación. La ruptura de los acuerdos con Vox sí está marcando el desarrollo de la sesión.
Hasta el momento, los populares habían mostrado su respaldo a la eliminación de la Ley de memoria democrática, aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019). Su supresión fue incluida en el pacto alcanzado al inicio del actual mandato por PP y Vox, compuesto por hasta 110 medidas. A cambio de aceptar la eliminación de esta normativa, los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
En concreto, la derogación fue promovida mediante una Proposición impulsada por Vox en línea de lo efectuado por la extrema derecha en otras Comunidades Autónomas en las que gobierna junto al PP. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”.
En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, señalan los de Santiago Abascal, a pesar de que esa parte a la que aluden gozó durante una dictadura de casi 40 años de honores, reconocimientos y cuantiosas pensiones públicas.
La Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos que pretenden derogar PP y Vox establece que dado que la democracia es “una conquista de la ciudadanía”, hay que “conocer de dónde venimos, conmemorar esta conquista, difundir sus valores y preservarla ante las amenazas de totalitarismo” que todavía la acechan. Así, la ley pretende el “reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista”. La norma, además, supone no solo la condena de la dictadura franquista sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático. “Solo desde esta premisa democrática podemos restablecer la memoria de las víctimas”, afirma la ley.
Cabe recordar que, el pasado 18 de junio, la Cámara tomó en consideración la Proposición de Ley de Vox en un pleno que se desarrolló con gran tensión política después de que Gabriel Le Senne (Vox), presidente del Parlament, destrozara un retrato de Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y fusilada por los golpistas.
Entre otros hitos, la Ley de memoria democrática balear ha posibilitado delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
En esta línea, la normativa ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.