La moratoria antidesahuciso del escudo social, impulsado al inicio de la pandemia y prorrogado hasta el próximo 31 de diciembre, ha evitado en torno al 25% de los lanzamientos de inquilinos que se podrían haber ejecutado en todo el estado hasta 2023. Es la estimación que ha realizado el en un informe presentado este martes junto a la PAH de Barcelona. La cruz de esta moneda son las más de 135.000 familias que se han quedado en la calle pese a la medida.