Un informe del Observatori DESCA estima que la medida, aprobada al principio de la pandemia para proteger a inquilinos vulnerables ha evitado uno de cada 4 lanzamientos aunque no ha servido para frenar que 135.000 familias pierdan sus hogares
Control de alquileres, prohibición de desahucios y coto a los fondos buitre: demandas para aliviar la crisis de vivienda
La moratoria antidesahuciso del escudo social, impulsado al inicio de la pandemia y prorrogado hasta el próximo 31 de diciembre, ha evitado en torno al 25% de los lanzamientos de inquilinos que se podrían haber ejecutado en todo el estado hasta 2023. Es la estimación que ha realizado el Observatori DESCA en un informe presentado este martes junto a la PAH de Barcelona. La cruz de esta moneda son las más de 135.000 familias que se han quedado en la calle pese a la medida.
La crisis financiera de 2008 puso en la agenda pública el drama de los desahucios, pero el tiempo fue apartando el foco de la reivindicación. Según el informe, entre 2008 y 2023, se llevaron a término en todo el país 735.560 lanzamientos judiciales, que afectaron a más de 1,8 millones de personas. “Esto significa que un 3,8% de la población ha perdido su vivienda habitual” en ese periodo, indican.
Para hacer frente a la emergencia sanitaria y social que comenzó en 2020 con la pandemia de Covid, el Gobierno de coalición del PSOE y, entonces, Unidas Podemos, lanzó el denominado “escudo social”, que incluía la suspensión extraordinaria de los desahucios derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables y que se amplió en 2021 a desahucios civiles de ocupaciones y delitos de usurpaciones bajo determinadas situaciones, como que las familias llevaran viviendo en los inmuebles desde antes de ese año y que tuvieran menores o personas dependientes a cargo. La medida ha ido prorrogándose y, por el momento, está previsto que finalice el 31 de diciembre de este año.
“Lo más llamativo es que no hay datos ni estimaciones de los efectos de la moratoria”, indica el responsable de Vivienda y Ciudad del Observatori DESCA, Guillem Domingo. En el trabajo, los investigadores han tomado como referencia las cifras de lanzamientos practicados del Consejo General del Poder Judicial y, a través de una solicitud de información pública, han conseguido datos de los informes generados por los servicios sociales, que deben acreditar la vulnerabilidad de las familias. “Es el dato más cercano que podemos encontrar”, indica el autor, y “con la información de suspensiones y desahucios practicados se extrapolan las cifras del año 2020 y hasta 2024 a todo el territorio, porque muchos no aportan datos completos”.
En concreto, el informe estima que “uno de cada 4 lanzamientos se habrían suspendido por la aplicación de la moratoria del escudo social”. En total, en estos cuatro años serían 58.000 ejecuciones, unas 11.593 al año. “Queremos poner encima de la mesa estos datos, para poder discutir en qué medida ha sido eficaz o no y en qué se debería mejorar”, indica Domingo. Como puede verse en el siguiente gráfico y refrenda el informe, a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial, el año de la pandemia los lanzamientos “se redujeron casi en un 50% en comparación al 2019”, mientras en 2021 “aumentaron un 40,6% en comparación al año anterior”.
“El debate ahora es si esta medida debe seguir y los datos nos llevan a decir que sí y que, además, se debe mejorar y poner recursos por parte de todas las administraciones en forma de vivienda, para que no sea solo una suspensión, sino que las familias en riesgo obtengan soluciones”, aclara el responsable de Vivienda del Observatorio. Mantenerla para blindar la protección de esas más de 50.000 familias y mejorarla para avalar al resto. Una reivindicación que trasladan también desde la PAH, que reclama que la moratoria no tenga limitación temporal “hasta que se garantice solución y vivienda digna” y que se modifique “el sistema de compensación para co-responsabilizar a los grandes propietarios que han mercantilizado la vivienda”. “Superada la pandemia, lo que no se ha superado son la especulación ni los precios abusivos con la vivienda, que provocan que miles de familias sigan ahogadas y una media de 130 desahucios al día, a pesar de tener una moratoria para evitarlos”, afirmaban en un comunicado a principios de mes.
Preguntada por una posible prórroga del escudo social para los desahucios de inquilinos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha evitado optado por esquivar la respuesta. “La prudencia hace que tengamos que esperar el momento oportuno para poder responder esta pregunta”, indicó este domingo en una entrevista a El País.
El objetivo de fondo de la moratoria es dar tiempo a los Servicios Sociales para buscar soluciones que eviten en lanzamiento. El informe ahonda en el histórico de las familias demandas que, en el 77,8% de los casos ya tenían un seguimiento previo de estos recursos, pero también en el tipo de apoyo que se les presta. “Las ayudas económicas públicas mediante las cuales los Servicios Sociales refuerzan el pago de gastos mínimos vitales sin evitar el lanzamiento”, indica el trabajo, “se observan en el 77% de los casos en los que se intervienen” y, en el 12% de los casos, se ofrecen ayudas para reforzar la búsqueda de alternativas habitacionales propios.
Entre las diferentes respuestas asistenciales que ofrecen las administraciones las más escasas son la adjudicación de viviendas de protección social, aplicada solo en el 3% de los casos analizados, y las de alojamiento alternativo temporal, en el 2%. Estas cifras no hacen sino ahondar en la escasez de vivienda pública en España. El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 1 de diciembre, durante el 41º congreso federal del PSOE en Sevilla la intención del Ejecutivo de crear una empresa pública, capaz de “construir y gestionar vivienda”.
Lo que sí ha prorrogado el Gobierno ha sido la suspensión de los desahucios hipotecarios, hasta 2028. Todas las fuerzas políticas aprobaron en junio la convalidación de un decreto ley para alagar esta medida, tras un acuerdo con Sumar, Podemos y Bildu.