Las actuaciones de una serie de jueces son la base en la que se nutre esa política que, al carecer de pruebas sólidas, confirma ser un producto de laboratorio, un invento de despacho, imposible de desarrollar sin la connivencia de algunos jueces y la colaboración de distintas firmas de ultraderecha
Lo importante no es que el PP pueda o no jugar con las cartas marcadas, sino que jueces que investigan asuntos relacionados con miembros del PSOE, del Gobierno o sus familias puedan estar en connivencia con la derecha a fin de derribar al ejecutivo. Pedro Sánchez no ha dicho expresamente esto último, pero no son pocos los españoles que lo sospechan. Y desde hace tiempo.
Los atrabiliarios derroteros que siguen algunas de esas causas -la última ocurrencia del juez Peinado, el que investiga a la esposa del presidente, la de llamar a declarar a todos los trabajadores y asesores de La Moncloa linda con lo grotesco-, el empecinamiento persecutorio sin resultados que marca a otras, o la falta de base argumental y probatoria de asuntos como el que involucra al hermano del presidente, llaman particularmente la atención. Algunos prestigiosos expertos jurídicos opinan que todas esas causas -menos la que involucra a José Luis Ábalos- terminarán en nada.
Pero mientras no concluyan serán la munición que cada vez con más enjundia la oposición emplea para atacar al Gobierno. Tratando de repetir el experimento que José María Aznar utilizó para derribar a Felipe González en la década de los noventa del siglo pasado, Núñez Feijóo y los suyos se regodean en asegurar que La Moncloa y el gobierno de Sánchez son el “reino de la corrupción” y se limitan a repetir ese eslogan en todas y cada una de sus apariciones públicas, que no son pocas. Las actuaciones de una serie de jueces son la base en la que se nutre esa política que, al carecer de pruebas sólidas, confirma ser un producto de laboratorio, un invento de despacho, imposible de desarrollar sin la connivencia de algunos jueces y la colaboración de distintas firmas de ultraderecha, como Manos Limpias.
¿Las palabras de Sánchez de este miércoles constituyen una advertencia de que el Gobierno está dispuesto a tomar medidas para acabar con esos desmanes judiciales? Imposible saberlo. Pero caben dos consideraciones al respecto: una, que después de cinco años de limbo, el Consejo General del Poder Judicial ya empieza a estar en condiciones de actuar como el organismo que vele por la limpieza y el rigor en la actuación de los jueces. Y, dos, que los objetivos políticos del gobierno de coalición -y en particular, la aprobación de los Presupuestos- pueden estar ya dependiendo de que este actúe con rigor y firmeza frente a los excesos de algunos magistrados.
En concreto, de que haga cuanto esté en su mano para que la sala segunda del Tribunal Supremo, la que hasta ahora mismo ha estado presidida por Manuel Marchena -el magistrado que algunos creen que es el referente de la eventual oposición judicial al Gobierno-, abandone su posición de bloqueo a la amnistía a los dirigentes del procés catalán. En su última intervención pública, Carles Puigdemont hacía referencia expresa a la pasividad del Gobierno en este capítulo. No cabe descartar que el objetivo último, o primero, de las afirmaciones de Pedro Sánchez en torno a las “cartas marcadas” sea justamente el de indicar al líder independentista que a partir de ahora la actitud del Gobierno va a ser más beligerante en esta materia.
Que en los últimos meses Sánchez y los suyos hayan mirado para otro lado a pesar de la presión creciente que jueces y oposición han ejercido contra ellos se puede explicar en dos niveles: uno, que hayan pensado, evidentemente de manera equivocada, que esa presión no podría durar mucho, dada la falta de sustancia de la mayoría de las iniciativas judiciales de la que eran víctimas. El caso del hermano del presidente es el más claro de empecinamiento judicial sin base y a pesar de todo, con el único fin aparente de que el asunto siga en los medios y de que pueda ser utilizado por el PP. Aunque el de Begoña Gómez no le va muy a la zaga: lo de llamar a declarar a todos los trabajadores y asesores de La Moncloa sólo se puede entender a la luz de esa voluntad del juez de que la cosa se prolongue lo más que se pueda en el tiempo.
El otro motivo es que tratar de restablecer un funcionamiento normal del sistema judicial, sobre todo en sus niveles altos o medio-altos, tras años de interferencias de un proyecto de derechas, judicial y/o política, es un empeño muy arduo.
Y que en todo caso no puede dar resultados a corto plazo. Porque el PP lleva más de 20 años, prácticamente desde que José María Aznar llegó al gobierno en 1996, influyendo y manipulando, en colaboración con destacados magistrados, los ascensos y nombramientos de la cúpula judicial y de las audiencias territoriales. Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados desde 1996, fue el encargado de coordinar esas tareas durante varios años. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder judicial desde 2013, y persona muy cercana al PP, tuvo un particular protagonismo en ese empeño controlador.
Ignacio Cosidó, exdirector general de policía mostró a las claras cómo la derecha actuaba en este terreno cuando en 2018 mandó un whatsapp a varios senadores al PP en el que trataba del tranquilizarles respecto de la posibilidad de que el partido perdiera su control sobre los jueces, asegurándoles que “se iba a colocar a Manuel a la cabeza del Tribunal Supremo y así controlar por la puerta de atrás el Supremo”.
La realidad de la estructura judicial que se derivaría de ese poder que sobre ella ejercen la derecha y los jueces conservadores más influyentes no puede sino inquietar a cualquier ciudadano. Y también explica que el PP se negara durante cinco años a renovar el Consejo del Poder Judicial. Habrá que ver si lo que acaba de decir Pedro Sánchez es el inicio de una nueva era.