El TSJM desestima las acusaciones de prevaricación del fundador de Mecano contra la magistrada que hace unos días le llamó a declarar como imputado por la contratación irregualar de becarios en su espectáculo musical
Nacho Cano fracasa en su intento de librarse del caso Malinche denunciando un complot por apoyar a Ayuso
El Tribunal Superior de Madrid ha inadmitido la querella con la que Nacho Cano acusaba de prevaricación a la jueza que le investiga por la contratación de becarios en su musical Malinche. Los magistrados rechazan todas sus acusaciones al entender que no ha aportado ni una sola prueba de que la magistrada haya cometido ilegalidades al gestionar su caso, en el que tendrá que declarar como imputado el próximo mes de enero.
La magistrada Inmaculada Iglesias investiga desde hace meses al productor y artista por la contratación supuestamente irregular de becarios a los que Cano y sus colaboradores introducían en España como si fueran turistas. El origen del caso está en la denuncia de una de estas bailarinas a la que Cano, a su vez, acusa de amenazas en otro juzgado. Todo habría sucedido, según la investigación, en el marco del musical Malinche que impulsa desde hace años.
Los abogados de Nacho Cano han iniciado en los últimos meses una ofensiva que, por el momento, no ha arrojado resultados positivos para la defensa del productor de Malinche. Por un lado, alegaron sin éxito ante la jueza que estaba siendo perseguido y perjudicado por su cercanía a Isabel Díaz Ayuso, apuntando como una posible irregularidad que la jueza que le investiga sea la misma que tramita el caso de doble fraude fiscal de Alberto González Amador. En paralelo también impulsaron una querella contra la jueza por prevaricación.
El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado de plano estas acusaciones. La acción penal, explican los jueces “no se ajusta a las exigencias legales”. “Absolutamente ninguna base indiciaria se aporta con la denuncia para calibrar siquiera la verosimilitud de lo afirmado”, reprocha el tribunal. La defensa de Cano ni siquiera identifica las resoluciones de la jueza que podrían considerarse prevaricadoras. “Asistimos por lo tanto a una palmaria orfandad probatoria”.