El Gobierno se da tres años para repensar Muface

La resolución de la crisis de Muface parece cada vez más cercana. Al menos, de momento. La cesión económica del Gobierno, con una segunda oferta con un aumento acumulado de la prima del 33,5%, pretende deshacer la maraña en la que aseguradoras, sindicatos y ministerios se habían envuelto en los últimos dos meses y que había dejado en el limbo la sanidad privada para decenas de miles de funcionarios públicos. Desde posiciones enfrentadas y estrategias de presión, todas las partes coinciden en que es necesaria una “reformulación” del modelo. Si las compañías privadas acuden al nuevo concurso puesto encima de la mesa para 2025, 2026 y 2027, se plantea un escenario de tres años en el que replantear un sistema heredado de los últimos años del franquismo.

“La prioridad es licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas. A eso es a lo que se dedica el Gobierno”, defendía este miércoles el ministro Óscar López, en una comisión en el Congreso. El titular de Función Pública se mostraba, no obstante, “encantado de debatir”. “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”, admitía ante el resto de grupos parlamentarios. “Alguno descubrirá que, después de 50 años, hay cosas que no se han revisado, como que haya funcionarios que no son de la Administración General del Estado, que son de las comunidades autónomas, a los cuales les paga el seguro (privado) los Presupuestos Generales del Estado y no las comunidades autónomas”, planteaba.

El Ministerio de Función Pública lleva semanas deslizando la necesidad de “una reflexión sobre el modelo”, llegando a plantear que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada “para siempre”, en lugar de optar a un cambio cada mes de enero. Esto haría “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”, señalaban voces cercanas al departamento que dirige Óscar López. “Es probable que, viendo las dinámicas de trasvase actuales y el hecho de que alguien de la pública puede contratar por su cuenta un seguro privado, pero alguien de la privada no puede contratar ser visto en la pública, esta medida agudizaría los desplazamientos al SNS”, indican fuentes del Ministerio de Sanidad.

El 70% de los nuevos funcionarios eligen la pública

Esas dinámicas se refieren a las preferencias de elección de los mutualistas, un hito que también valoraba este miércoles el ministro López. “Analicemos los datos si queremos ser verdaderamente eficaces: de los funcionarios que ahora mismo tienen la posibilidad de estar en Muface, el 70% están (con un seguro privado) y el 30%, no. De los que entran nuevos, es al revés: el 70% elige la pública y el 30%, no”, explicaba. “Es evidente que hay un elefante en la habitación que nadie quiere ver, que es la población más envejecida”, insistía.

“En los próximos 3 años, es difícil que esto vaya a cambiar de dinámica, puesto que la elección mayoritaria del proveedor público por parte de los nuevos mutualistas es una tendencia que tiene ya cinco años y que es difícil que vaya a cambiar tras la inestabilidad mostrada en esta última licitación”, apuntan desde Sanidad.

La diputada de Sumar, Engracia Rivera, lamentaba que ante los “dos caminos” abiertos tras la primera negativa de las aseguradoras privadas, Función Pública hubiera optado por mejorar la oferta, en lugar de iniciar un proceso de incorporación al sistema nacional de salud. “Nos disgusta”, señaló en la comisión del Congreso, porque “no solo les asegura la subida de las primas, sino que supone un margen de beneficio bastante grande”. Rivera citaba una subida de los conciertos del 58,4% entre 2018 y 2027, frente al IPC dedicado a la medicina del 14,7% y un acumulado del 26,4% entre 2018 y 2024 y unas primas que crecieron en un 18,6%. “Aunque digan que no subieron, si subieron también en ese periodo”, afirmaba.

“Trabajar para que esta sea la última licitación”

El grupo parlamentario de Sumar presentó hace unos días en el Congreso una proposición no de ley para la integración de todos los funcionarios en la asistencia sanitaria del sistema nacional de salud, dejando claras las dos almas del Gobierno de coalición en esta materia y su intención de “seguir trabajando para que esta sea la última licitación que se va a hacer”. El texto plantea la creación de una comisión interministerial, un “sistema de transición adecuado” y que “la financiación correspondiente de la asistencia sanitaria a aseguradoras privadas se transferiría plenamente al sistema público y de forma finalista y proporcional a las diferentes comunidades autónomas, teniendo en cuenta los criterios demográficos y perfiles de morbilidad”.

La oferta del Gobierno supone una cuantía total de 4.478 millones de euros en tres años, con un incremento del 19,37% de la prima para 2025, un 7,25% más en 2026 y otro 4,32% en 2027, con un acumulado del 33,4%, casi el doble de la primera propuesta, que las aseguradoras rechazaron. Este aumento se produce pese a que la propia mutualidad había admitido en un informe, publicado el 10 de diciembre, que las compañías “no aportan la evidencia de los costes” para justificar una subida.

“Sin saber la respuesta de las aseguradoras, no está claro si el tiempo que pueda ganarse se empleará en hacer reformas o en dejarlas para el siguiente responsable al que le toque la renovación dentro de tres años”, considera el experto en gestión sanitaria José Ramón Repullo, que lamenta que “la procrastinación política es una divisa de la política española”. En su opinión, “cualquier propuesta de ‘Muface a extinguir progresivamente’ podría ser la solución más racional y eficiente”. “Quizá la más práctica sería que ningún nuevo funcionario pueda entrar en seguros privados y que toda migración de esos a la sanidad pública sea irreversible”, propone. Es algo similar a lo que ocurrió en 2011 con la reforma del Régimen de Clases Pasivas, un sistema de reconocimiento y pago de las pensiones a los funcionarios y sus familias.

“Plantear desde ya una hoja de ruta”

Desde Sanidad apuestan por “plantear desde ya una hoja de ruta de traspaso al sistema nacional de salud cuando se extinga el nuevo concierto, de manera gradual, planteando extensión de pacientes con procesos de tratamiento en curso y hacer transicionar Muface a una especie de ”acción social“ para prestaciones complementarias”. “Incluso, cabría la posibilidad de que los mutualistas pasaran al SNS en conjunto y Muface negociara de forma colectiva algún aseguramiento voluntario para quienes quisieran acogerse con condiciones más ventajosas”, indican fuentes ministeriales consultadas por elDiario.es.

El departamento que dirige Mónica García publicó un informe en el que acusaba a las aseguradoras privadas de seleccionar pacientes y señalaba que “por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. El Ministerio de Sanidad, que no es competente en materia de mutualidad, sí comenzó a estudiar el efecto de un eventual trasvase de funcionario, que varios expertos consideraron como “no catastrófico”.

Actualmente hay en torno a 770.000 funcionarios y sobre 424.000 beneficiarios de un seguro privado a costa de los Presupuestos Generales del Estados. A estos —y a los que optan por la sanidad pública— se les retiene de la nómina una parte para la mutualidad, pero esta retención no aumentará en un 33,4%, por lo que los 4.478 millones se sufragan con el dinero de todos. “Hemos metido un incremento de 300 millones de euros y los presupuestos no son infinitos. Cuando metes 300 millones de euros, son a costa de otra cosa. Trabajamos para los asegurados de Muface y para 48 millones de españoles más”, reconocían fuentes del Función Pública hace unas semanas. Ese incremento, a la espera de que las aseguradoras acepten, es ahora mayor.

Las aseguradoras “valoran el esfuerzo”

Fuentes del sector aseguran que “valoran el esfuerzo” que ha hecho la administración y se muestran abiertas a analizar las soluciones que permitan “arreglar los desequilibrios a medio y largo plazo”, apostando siempre por la supervivencia del sistema. “Siempre hemos pensado que se puede trabajar para buscar fórmulas que permitan mejorar la sostenibilidad y la viabilidad de la mutualidad”, indican estas voces, que prefieren “no adelantar escenarios”, pero que ponen como ejemplo otros reflotes. “Hace unos años, Isfas —la mutualidad de los militares— estaba más deteriorada que Muface, pero la entrada de nuevos efectivos a las Fuerzas Armadas bajó la edad media y, con la misma financiación, una es sostenible y la otra no”, dicen.

El fin de Muface, de Isfas o de Mugeju, de justicia, no sería el primero de una mutualidad. Tras la ley general de sanidad, aprobada en 1986, algunos regímenes especiales fueron siendo asimilados por el sistema nacional de salud, como los de trabajadores por cuenta ajena del sector agrario, del mar o de la minería del carbón. “Con siete años de retraso, en 1993, también se incluyen en la asistencia sanitaria del SNS a quienes integraban la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local”, indica la exposición de motivos de la proposición no de ley de Sumar. “Munpal ya pasó a mejor vida y no ocurrió nada. No desapareció el mundo, no se quedó ningún empleado público sin asistencia sanitaria”, defiende Rivera.

Fuentes de Sanidad insisten en que “diversos actores, tanto a favor como en contra del modelo Muface, sí parecen haber insistido en que esta inestabilidad del modelo según el cual queda a expensas de las presiones y voluntades de las aseguradoras, genera una nula estabilidad a los mutualistas, especialmente cuando sí existe un modelo estable: el SNS.” Por eso, piden “asumir” que para la mutualidad “sea rentable a las aseguradoras privadas, la capita va a tener que subir muy por encima de lo que supondría su integración en el SNS, por ser una economía de escala mucho más pequeña”. “Se pueden dar patadas hacia adelante, pero tendrá un límite”, señalan voces próximas a García.

El experto José Ramón Repullo considera que, pese a que ese ‘Muface a extinguir’ podría ser la solución más racional y eficiente, requeriría una “convergencia de actores políticos, sociales y sindicales, cosa poco probable en tiempos de encallamiento”. “El fin del mutualismo administrativo, si ocurre, será más bien el resultado de una gran crisis de sostenibilidad, que se gestionará en ese momento con soluciones puntuales e improvisadas; y no un proceso planificado y ordenado”, pronostica. Con todo, considera que “hacer visible el problema y ponerlo en la agenda pública y política ya es un triunfo para los que cuestionan el modelo”.