Su última fase ha estado marcada por la guerra abierta entre a cuenta de una enmienda sobre ocupación, pero la Ley de Eficiencia de la Justicia a la que el pleno del Congreso dio luz verde el pasado jueves tras retirar los de Ione Belarra su amenaza de tumbarla, recoge una medida de mucho calado para la violencia hacia niñas, niños y adolescentes: la creación de juzgados especializados en estos casos al estilo de lo que ocurre con la violencia de género desde 2005, un modelo que el Gobierno prevé aplicar también al maltrato hacia los menores de edad.