Una empresa lleva a juicio al Ayuntamiento la localidad salmantina de Tordillos por la licitación de una residencia después de que se negara a despedir a una trabajadora que no quiso colocar los muñecos en el patio
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Varios espantapájaros, una residencia de ancianos y una concesión en cuestión. Así podríamos resumir el conflicto judicial que tiene el Ayuntamiento de Tordillos, un municipio salmantino de 320 habitantes que dirige el Partido Popular desde hace décadas. Todo empezó con un concurso de espantapájaros y una trabajadora que definió sus responsabilidades y, de momento, ha terminado con un proceso judicial por la adjudicación y una investigación por un delito de amenazas del alcalde hacia la gericultora. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, ya han declarado las partes y algunos testigos.
La empresa que había dirigido esta residencia desde 2008 ha recurrido las bases del concurso público que el alcalde convocó después de que fracasara su intento de despedir a una auxiliar. La trabajadora, la única que estaba en ese turno cuidando a los ancianos, se negó a colocar unos espantapájaros de un concurso que había organizado el pueblo y que él quería que fueran en el patio del centro, aunque no se lo había notificado a la Dirección.
El regidor mostró su disposición a prorrogar el contrato hasta que tuvo esta discusión con la trabajadora y decidió sacar a concurso la concesión de la residencia de mayores, según la concesionaria. Ahora, el consistorio tiene un proceso judicial ante el Contencioso-Administrativo por arbitrariedad de los poderes públicos después de que enseñara la residencia de ancianos a varios empresarios antes de anunciar la licitación pública.
Actualmente, el contencioso está suspenso por prejudicialidad penal del caso que está en investigación por supuestas amenazas, coacciones y prevaricación del alcalde. El abogado de la trabajadora denuncia también que estas conductas están “agravadas con abuso de autoridad”.
El recurso ante el Contencioso impugna la resolución del Ayuntamiento producida por silencio administrativo tras el recurso interpuesto contra el pliego de la concesión de la residencia municipal San Antonio de Tordillos que se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de septiembre de 2023.
“Las denuncias solo buscan dañar mi imagen”
Este medio ha contactado con el alcalde, que lleva en el cargo desde 2011, Ángel Luis Alonso, quien ha declinado responder ninguna de las preguntas planteadas. Horas después de la llamada realizada por esta periodista, una persona vinculada al alcalde ha enviado un comunicado en el que defiende que “siempre” ha actuado “conforme a la legalidad vigente”. “Las denuncias interpuestas contra mi persona solo buscan dañar mi imagen personal y mi reputación”, ha reprochado en ese comunicado, en el que niega “cualquier tipo de irregularidad” en el concurso.
Sobre la investigación judicial relativa a las amenazas, el alcalde asegura que “se basa en una falsedad”. “Espero que se resuelva cuanto antes para no seguir manchando el nombre del municipio en general y de mi persona en particular”, manifiesta en el comunicado, en el que informa que estudiará interponer acciones legales para “defender” su “honor” frente a “este tipo de ataques”.
Discusión por unos espantapájaros
La empresa que ha recurrido los pliegos asegura que el alcalde tenía intención de prorrogar el contrato hasta que se negó a echar a una trabajadora que tuvo una discusión con él por unos espantapájaros. Según explica la empleada, gericultora de la residencia, se presentó una chica con unos espantapájaros. “La chica, muy amable, me dijo que tenía que colocarlos para que los ancianos eligieran el que más les gustara. Y yo le respondí que no podía hacer eso, que yo estaba para atender a los ancianos”, relata a elDiario.es.
La empleada, que prefiere mantener el anonimato, continuó con su trabajo hasta que se presentó un hombre, que luego descubriría que era el alcalde. “Vino diciendo que era ‘la máxima autoridad’ y de hecho yo le vacilé un poco porque no sabía quién era. Me dijo que era el jefe del pueblo y que me obligaba a poner los espantapájaros y yo le respondí que eso no lo ponía en mi contrato”, explica la auxiliar, que reconoce que si el regidor hubiera planteado la cuestión de otra manera, a lo mejor lo habría hecho. La denuncia ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso este diario, refleja que la víctima dice que el alcalde le dijo: “Te quedan los días contados”.
“No es justo lo que hizo el alcalde”
Preguntada por este diario, la trabajadora insiste en que ella no podía dejar de atender a los residentes para colocar los espantapájaros. “No es justo lo que hizo”, suscribe la exdirectora de la residencia de ancianos, que continúa: “La trabajadora no podía dejar a los residentes solos y salir a poner los espantapájaros. Si se cae un anciano o pasa cualquier cosa, ella habría sido la responsable”.
En el escrito enviado al Juzgado Contencioso Administrativo de Salamanca, la empresa asegura que un día después de esta discusión, recibió una llamada del alcalde que exigía el despido de esta trabajadora porque no había querido colocar los espantapájaros. La exdirectora de la residencia asegura a este medio que la trabajadora en cuestión es “una de las mejores” y subraya su dedicación a los cuidados en momentos importantes, como durante el confinamiento, cuando ella y otra compañera permanecieron día y noche con los ancianos durante quince días para evitar los contagios.
Por este motivo, se negó a despedir a la gericultora. Y entonces empezaron los trámites para el nuevo concurso, que ahora está recurrido. “Ha aprobado los pliegos no porque haya terminado la prórroga del contrato, sino por una decisión arbitraria por no despedir a la trabajadora”, fija el escrito de la acusación.
La acusación de la trabajadora acusa en el proceso penal al regidor de ejercer “un evidente abuso de poder” al “amenazar que iba a hacer todo lo posible para que fuera despedida”, algo que hizo al dirigirse a la directora de la residencia para requerir su despido. “Se valió de su situación de poder como alcalde, amenazó a la directora de que ‘le quitaría la concesión’, lo que también realizó”, refleja el escrito.
Visitas a la residencia un mes antes del anuncio de la licitación
La empresa, que llevaba la residencia desde 2008, recibió el 14 de agosto de 2023 un correo electrónico en el que informaba de que se sacaría una nueva licitación y algunas personas interesadas iban a visitar las instalaciones. Sin embargo, ese pliego de condiciones no se publicó hasta el 18 de septiembre, más de un mes después. El alcalde y la secretaria acompañaron a varias compañías y personas, entre las que se encuentran la actual adjudicataria, concejala de Galisancho por el Partido Popular. Consultada por este diario, Patricia Rodríguez se ha negado a hacer declaraciones.
La empresa ni siquiera se presentó al concurso porque entendió que las bases de la licitación no se ajustaban a derecho. La acusación de la concesionaria considera que se está vulnerando la imparcialidad de la Administración Pública en la contratación administrativa. “Se valora la memoria descriptiva con un 50%, lo que permite al órgano de contratación decidir con absoluta discrecionalidad”, establece el escrito, al que ha tenido acceso este diario.
Además, la acusación considera que el Ayuntamiento ha hecho una descripción “incorrecta” de las instalaciones y equipamiento, con un listado de elementos que no corresponden a la Residencia; y destaca que falta información relativa a los puestos de trabajo existentes.
La acusación cree que el alcalde y el Ayuntamiento pretendía “favorecer a posibles licitadores” que solo podían conocer la intención de sacar a concurso la concesión a través de los alguno de ellos y no del portal de Contratación pública, porque no se había publicado aún.
Sin respuesta a la oposición
El único edil de la oposición, por el Partido Socialista, preguntó por este tema por escrito, pero nunca obtuvo una respuesta. “Se lo tomó muy mal. Más que un político se cree un cortijero”, asegura el concejal, Kevin Pérez, que muestra su “sorpresa” porque el alcalde “trate bienes del Ayuntamiento como si fueran de su propiedad”. “El enfrentamiento era ridículo, pero no está acostumbrado a que le hagan frente”, apostilla el socialista.
El concejal del PSOE preguntó por esta “exposición” de espantapájaros y si tenía el consentimiento de la directora de la residencia, si se le exigió a una trabajadora instalar estos espantapájaros y cuestionó si había relación entre la discusión con la trabajadora y el fin del contrato de la residencia.
También preguntó al alcalde por qué solo se avisó a la directora con 13 días de antelación de que terminaría su contrato y si no había habido “Injerencia” del regidor en el concurso al haber contactado a directores de residencias antes de sacar el concurso.