Nosotros el pueblo acusamos…

Termina el año el ministro de Justicia reconociendo que estudian la limitación del ejercicio de la acusación popular en nuestro país y no es la primera vez que lo menciona: “La perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático”, solo que esta vez ha ido un poco más allá hablando de limitar su acción a las organizaciones de ultraderecha. Dejo en un impasse la imposibilidad legislativa de prohibir el ejercicio de una figura constitucional debido a la ideología, siendo además que la ideología de marras es legal. Es decir, dejo aparte que lo que ha apuntado es imposible en nuestra democracia. Sigo. No es la primera andanada de Bolaños ni lo es del fiscal general del Estado de “su” gobierno -¡qué casualidad!- ya que Alvaro García Ortíz habló de ello en la mismísima apertura del año judicial. 

No se escandalicen, es de lo más normal. Ya se lo dije en enero de 2017 también.

En enero de 2017 era el Partido Popular el que proponía y estaba empeñado en restringir el alcance de la acusación popular, hasta el punto que se lo quiso negociar a Ciudadanos a cambio de la rebaja de los aforamientos. Me dirán: ¡pues están de acuerdo!. A ratos. Igual de acuerdo que estaban con Felipe González allá por los años noventa. Me dirán: ¡pues están todos de acuerdo!. Según les va la feria. El planteamiento de Felipe González giraba en torno al cerco judicial por los casos Filesa, Gal y Fondos Reservados -de hecho fueron las acusaciones populares las que le hicieron declarar como testigo ante el Tribunal Supremo-, las iras de Mariano Rajoy tenía que ver con la Gürtel -fue la acusación popular la que le hizo declarar como testigo en la Audiencia Nacional- y las preocupaciones de Sánchez y Bolaños llegan en torno al Caso Begoña o al Caso Fiscal General. O sea que sí, que están todos de acuerdo en intentar limitarla cuando la acusación popular condiciona el control que pueden ejercer cuando están en el poder sobre la acusación fiscal. Ahí tienen uno de los principales motivos para estar radicalmente en contra de la limitación de esa figura genuinamente española, que debe estar pensada para lo que sempiternamente lleva sucediendo en nuestro país, es decir, que el poder utilice los resortes a su mano para no verse implicado por sus actos. 

¿A los ciudadanos nos interesa que se limite desde el poder la acusación popular? Para mí que no. 

La acusación popular española no tiene parangón en otros sistemas jurídicos. Es un caso único pero no es un invento sino que bebe en la fuente del Derecho Romano, de la Actio Popularis romana. En nuestro país ha sido una constante histórica, dejando a un lado los años medievales, en los que prima el proceso inquisitorio. Así que desde la época romana a la Edad Media, con un paréntesis después, vuelve a resurgir con fuerza en el siglo XIX y está presente desde la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 hasta todas las constituciones posteriores: 1869,1931 y 1978. Porque sí, está en la Constitución y no se puede eliminar. Muchos autores ven en ella un derecho constitucional de desarrollo legal, que tiene relación directa con la tutela judicial efectiva con lo que puede llegar a tener carácter de derecho fundamental y así se ha recogido en algunas sentencias del TC. 

La justificación de la acusación popular está precisamente en poder adoptar una postura diferente a la del fiscal y que no se deje a este el monopolio de la acusación y de la decisión de si el proceso continúa o no. Es una figura de control externo del Ministerio Fiscal, que parece especialmente pertinente desde que “la Fiscalía te lo afina” en versión del PP o de que “de quién depende la Fiscalía, pues eso” en versión del PSOE. 

Lo cierto es que el histórico de la actuación de la acusación popular arroja un balance muy interesante contra los intereses del poder. La acusación popular ha sido decisiva en los casos Caja España (Ecologistas en Acción), Bankia (Herzog), Tarjetas Black (Herzog), GAL (Iñigo Iruin), Caso Palau (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona), Caso Púnica (Asociación de Abogados Demócratas de Europa), Perote (Benítez de Lugo), Amedo y Domínguez, Estevill (ADADE), Dívar (Asociación Preeminencia del Derecho) y, por supuesto, Botín (ADIC), Noos (Manos Limpias),  Caso Pujol (Podemos) Papeles de Bárcenas (IU y Manos Limpias), Gürtel (ADADE) y muchas otras. Ninguno de esos casos hubiera sido el mismo con una acusación popular limitada. Unas veces estaba encarnada por la derecha o los ultras como dice Bolaños y otra por las asociaciones propias de la izquierda: ADADE, ALA, Abogados Demócratas o sectores de IU. En cada momento fueron los del signo contrario al poder y en cada momento molestaron e indignaron a ese poder. 

La acusación popular, en realidad, como fórmula de intervención directa del pueblo en la Justicia sólo molesta al poder, hasta los jueces se han acostumbrado a trabajar con ella. “El fundamento actual de la acción popular se encuentra en la introducción de una visión ciudadana de la legalidad penal que sea alternativa a la que tiene el poder público competente”, rezaba la exposición de motivos del Código Procesal de 2011. Pues eso. Si las fiscalías instruyen y afinan y dependen del Gobierno, yo quiero las más amplias posibilidades para que el pueblo ejerza la acusación incluso contra los protegidos del poder. 

De facto el mejor ejemplo del desastre que supone limitarla se encuentra en el famoso Caso Botín. Estaba acusado Emilio Botín, probablemente el hombre mas poderoso de España en su tiempo y varios de sus directivos por el caso de las cesiones de crédito. La Fiscalía pidió el sobreseimiento ni más ni menos que 15 veces durante el procedimiento y la Abogacía del Estado, representando a la Agencia Tributaria, un total de 7 veces. Como dijo el abogado del insigne banquero, Rodriguez Mourullo, eso pasó con gobiernos de ambos signos. ¿Quién iba a dejar caer al hombre sistémico por antonomasia? Los perjudicados desaparecieron en un momento dado, tal vez porque el dinero tiene un poder de convicción mágico. Así que solo quedó para acusar ADIC (Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes), inspirada por Pérez Escolar. Así que fue ADIC la que sentó al gran Botin en el banquillo. ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera juzgado sobre el fondo? No lo sabemos porque el tribunal de la Audiencia Nacional y después el Supremo legislaron ad hoc para salvarle de una eventual condena. Si ni el Estado ni los perjudicados acusan, la acusación popular en solitario no puede hacerlo. ¿En qué ley lo ponía? En la que ellos convirtieron en doctrina. 

Una doctrina que se modificó de nuevo ad hoc para condenar a Atutxa y que se esgrimió a favor de la Infanta Cristina en Noos y serviría igualmente para rechazar cualquier querella de la acción popular contra el rey Juan Carlos I, dado que ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria acusarían. ¿Le interesa al pueblo la restricción de la acusación popular? A mí me parece que no. Es posible que se produzcan abusos, en las manos de los jueces está reprimirlos, pero entre algún abuso y el monopolio de la acción penal en manos del Estado asumo el riesgo de algún jeta, porque siempre es mejor más control que menos, aunque eso abra puertas a intentos de abuso. 

Así que lo de fin de año de Bolaños me parece tan extraterrestre como lo de Rajoy. No sucederá. No hablo ya de lo de legislar por ideología, que es una locura constitucional y democrática que se volvería en contra, dado que si se aprobara no duden de que eso se revertiría al otro lado en cuanto gobernara la derecha. Hablo de que me soplan que ni por ley orgánica ni por decreto-ley ni dentro de otra norma, como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay grupos de la mayoría,  que ya no es tal, que no lo avalarían en el Congreso. 

Así que, merced hecha al momento, es todo hablar por no callar y, de paso, dejar asomar la patita como todos los gobernantes que hasta ahora han sido lo han hecho cuando la Justicia les pisaba los talones. 

Nosotros el pueblo acusamos al poder de no querer límites. Por eso queremos conservar el derecho a acusarles.