Supone un retraso de siglos en lo que ha sido la organización del poder político. Estamos asistiendo a un impulso de la privatización del Estado vehiculado a través de procesos electorales democráticos
El secreto de la superioridad del Estado sobre todas las formas políticas anteriores ha consistido en la separación del poder político de la propiedad privada. Antes del Estado el poder político ha sido siempre un correlato de la propiedad de la tierra. Dicho poder se articulaba en la forma de “múltiples poderes subordinados y dependientes” (Montesquieu) al frente de los cuales figuraba un poder “soberano”. La soberanía preestatal era un concepto relativo. El Rey era soberano sobre otros poderes, que no lo eran, pero que eran poderes de naturaleza política. De ahí la necesidad de definir las “señales características de la soberanía” (Bodino), lo que diferenciaba al poder soberano de los que no lo eran. Hacer la guerra y firmar la paz y poder de gracia en última instancia. La soberanía como monopolio en el ejercicio del poder será la novedad del Estado Constitucional respecto de la Monarquía Absoluta. Novedad que tendrá su origen en Inglaterra, modelo sobre el que se construirá la legitimidad del Estado con base en el principio de “soberanía parlamentaria” primero, en el de “soberanía popular” después en los Estados Unidos de América, y en el de “soberanía nacional” en Francia.
El Estado Constitucional exige como premisa la identificación de un lugar de residenciación del poder de vocación democrática. El poder del Estado no es de “nadie” por mucha que sea su propiedad. El poder del Estado tiene que ser de “todos”. De ahí la necesidad del derecho de sufragio y de su extensión paulatina, pero inexorable, hasta convertirse en sufragio universal. Es un proceso que llevará varios siglos, consiguiendo imponerse de manera estable solo después de la Segunda Guerra Mundial.
El Estado Constitucional como forma política tiene su origen en el siglo XVIII y su superioridad sobre todas las demás formas política se pondrá de manifiesto de manera inequívoca a partir de entonces. Pero la propiedad privada condicionará su imposición efectiva durante sus dos primeros siglos de vida. Serían necesarias las dos Guerras Mundiales del siglo XX, para que el Estado “oligárquico” acabara convirtiéndose en el Estado “democrático”. Y en una parte significativa, pero no mayoritaria del planeta.
La democracia como forma política es un producto histórico muy reciente. Es en los decenios posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando consigue consolidarse frente a las resistencias “oligárquicas” a las que había tenido que hacer frente desde las revoluciones inglesa, americana y francesa. Se trata de los decenios en los que se afirmará el “Estado social y democrático de Derecho” como forma política dominante, que culminaría con el triunfo aplastante sobre la alternativa comunista en 1989.
El éxito de la fórmula parecía garantizado. Eso es lo que expresó Fukuyama con el “fin de la historia”. Tras la caída del Muro de Berlín no había alternativa a la democracia. Esto es lo que significaba dicha expresión. No que se acabara la historia, sino que la democracia formaría de ahora en adelante parte de la misma.
La expresión no fue aceptada sin más, pero lo que con ella se quería decir, sí fue compartido de forma generalizada. La democracia había conseguido imponerse a la alternativa “nacional socialista” en la Segunda Guerra Mundial y a la alternativa “comunista” en la Guerra Fría. No se preveía en el futuro ningún principio de legitimidad alternativo al de la democracia.
La conclusión ha sido, sin embargo, demasiado optimista. Si a finales del siglo XX la conclusión parecía inevitable, dejaría de serlo desde la primera década del siglo XXI. La “recesión democrática” empezaría a hacer acto de presencia y ha extenderse de manera considerable.
La resistencia “oligárquica” al principio de legitimidad democrática, que había venido fraguándose desde la década de los ochenta con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan, precedida de la de Margaret Thatcher en Inglaterra, iría progresivamente dejando de ser una “resistencia”, para convertirse en una “alternativa”, que tendría su expresión originaria en el resultado del referéndum del Brexit y en la llegada a la presidencia americana de Donald Trump a continuación. El partido conservador británico y el partido republicano estadounidense, no serían capaces de resistir el asalto de fórmulas populistas inequívocamente oligárquicas. El partido demócrata en Estados Unidos pareció recuperarse e imponerse a dicho asalto, pero se ha visto que no era así. La reciente victoria de Donald Trump con mayoría de votos y con mayoría en ambas Cámaras más la ocupación de la Corte Suprema ha venido a certificarlo. Algo similar puede ocurrir en el Reino Unido, donde el triunfo del Partido Laborista en las últimas elecciones tiene algo de engañoso, ya que es la fórmula electoral la que permitió con un 33% de los votos obtener una extraordinaria mayoría absoluta de escaños.
Ahora mismo estamos asistiendo al intento de extensión de la fórmula republicana-conservadora en Estados Unidos y Reino Unido al continente europeo. Fórmula que consiste en acabar con la hegemonía del partido de centroderecha con el objetivo de poner fin a los límites de legitimidad de cualquier proyecto de derecha, es decir, de cualquier proyecto de extrema derecha.
Las próximas elecciones alemanas del 13 de febrero van a ser las elecciones más importantes para ver si la operación avanza o no. Aquí ya estamos hablando de la recuperación de la legitimidad para propuestas vinculadas a lo que fue el nacionalsocialismo. Alternativa para Alemania, con el apoyo expreso de Elon Musk, frente a la que se ha mantenido un cordón sanitario no solamente en Alemania, sino también en el Parlamento Europeo, es posible que acabe destruyendo dicho cordón.
Y eso puede producirse con base en la novedad que ha supuesto en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias americana del tándem Musk/Trump, que expresan perfectamente la recuperación del principio oligárquico frente al principio democrático.
Dicha novedad supone un retraso de siglos en lo que ha sido la organización del poder político. Estamos asistiendo a un impulso de la “privatización” del Estado vehiculado a través de procesos electorales democráticos. Esto no se había visto nunca antes. En la Unión Europea es donde se acabará decidiendo el éxito de la operación.