El político del PP declara como testigo en la causa abierta en la Audiencia Nacional y traslada la responsabilidad de las decisiones «operativas» a su segundo y al secretario de Estado Francisco Martínez
La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos
Ignacio Cosidó, político del PP y ex director general de la Policía, se ha desvinculado este jueves ante el juez de las decisiones “operativas” que se tomaron en el marco de la causa que investiga la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Cosidó ha declarado como testigo a petición de la acusasción particular, que ejerce el partido político, y ha llegado a decir que solo conoció el dosier sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos cuando fue publicado por los medios.
Cosidó ha logrado librarse hasta ahora de todas las investigaciones sobre las prácticas irregulares en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, principalmente en su primera legislatura, pese a haber sido el director general de la Policía en esa época. Este jueves ha atribuido las cuestiones operativas del Cuerpo al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo entonces, y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad de la época, ambos imputados en la causa y quienes, en razón de su cargo, ha dicho , trataban las cuestiones por las que se le han preguntado.
Una conversación encontrada en el teléfono de Martínez durante la investigación del caso Kitchen recogía cómo un mando policial culpaba a Cosidó de haber entregado una factura vinculada a Pablo Iglesias –que nunca fue objeto de investigación judicial– al diario ABC para su publicación. Este es el motivo de la citación de Cosidó, pero el ex director de la Policía ha negado hoy ser el responsable de la filtración.
Cosidó también ha dicho que de los viajes de los miembros de la brigada política para recabar información contra Podemos no sabía nada y que no recuerda haber firmado autorizaciones, cuestiones que otra vez vinculó con la “operativa” de los Cuerpos y las unidades especializadas.
El magistrado Santiago Pedraz abrió la puerta en febrero de 2024 a que un juzgado investigue por primera vez uno de los episodios de la guerra sucia sin muertos que practicó el último gobierno del PP contra la oposición: las maniobras policiales contra Podemos. Pedraz admitió a trámite una querella de la formación política contra quien fuera el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política. Podemos solicitaba también la imputación de Cosidó y del que fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero el juez lo rechazó.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en este último caso el magistrado lo desestima al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
La causa judicial va abriéndose paso entre olvidos y negaciones por parte de los imputados. Frente a ello han surgido inesperados testimonios de policías que acreditan la existencia de una consigna durante el mandato de Mariano Rajoy para debilitar a la formación y evitar que, por primera vez desde la restauración de la democracia, un partido a la izquierda del PSOE alcanzara el Gobierno de la Nación.