Ni honorable ni brillante

¿Honorable? ¿En serio? ¿Ha dicho Miguel Ángel Rodríguez que defiende a Alberto González Amador porque es un hombre honorable? ¡No es posible! Honorable es, si nos atenemos a la definición de la RAE, alguien honrado, decente, honesto, respetable, digno, íntegro, distinguido y venerable. Adjetivos que cualquiera que tenga el más mínimo respeto por la ley no debería regalar a alguien que ha defraudado a la Hacienda Pública 350.951 euros con un tinglado de facturas falsas, empresas pantalla y operaciones simuladas. Y tampoco a quien se enfrenta por los delitos que él mismo ha reconocido en escrito de su abogado remitido a la Fiscalía a penas de cárcel de hasta seis años, además de al pago de multas que podrían suponer un desembolso millonario. 

Honorables fueron todos los sanitarios que se dejaron la piel y hasta la vida en salvar la de otros durante una pandemia que dejó más de 90.000 muertes en España mientras unos pocos se aprovechaban de sus relaciones familiares o de pareja para forrarse con el cobro de comisiones por la venta de mascarillas. Y esto vale para los González Amador, los Koldo, los Aldama o los Ábalos de la vida, si así se prueba en todos los casos.

Honorables son todos los españoles que trabajan cada día y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones tributarias. Honorables son también aquellos empresarios -que los hubo- que contribuyeron altruistamente a que los españoles tuvieran el material necesario para protegerse del maldito virus. 

Y honorables son los familiares de los 7.291 mayores que fallecieron en residencias como consecuencia de los protocolos de la vergüenza que impidieron su traslado a los centros hospitalarios porque “iban a morir igual” y soportan aún hoy el dolor, la ausencia y el desprecio de los responsables políticos de aquella atrocidad.

Pero de honorable, decente, honesto, venerable o íntegro no puede considerarse –por mucho que sea legítimo en un acuerdo de conformidad– a alguien que asume “íntegramente” su fraude fiscal de 350.000 euros y negocia una pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos fiscales reconocidos en escrito de su abogado a cambio de no tener que entrar en la cárcel.

Y tampoco a ningún particular, por muy novio de Isabel Díaz Ayuso que sea, que para despistar a los periodistas en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid se planta una peluca canosa. 

Y, luego, está lo de brillante, sí. Porque en su habitual desparpajo y descaro, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha declarado que el novio de Ayuso es además “un ejecutivo de empresa brillante desde hace muchos años”. Pues tampoco. Cuando se hizo pública la relación sentimental se dijo que Alberto González Amador era “técnico sanitario”, una expresión en la que lo mismo cabe un celador de hospital, que un ATS, que un gerente de hospital. Con el tiempo y las investigaciones periodísticas se ha sabido que el “brillante ejecutivo” pasó de facturar 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros en 2020 —casi dos millones de ellos por la intermediación en la venta de mascarillas— y que, pese a ese incremento de ingresos considerable, la base imponible declarada en Hacienda (cantidad sobre la que se calcula el impuesto de sociedades) se fijó en 11.233 euros (menos de la mitad de la del año anterior) y la cuota tributaria en 2.808 euros (menos de un tercio que el año anterior). Más claro: con unos ingresos seis veces superiores, presentó una declaración donde pagaba tres veces menos que el año anterior. Más que brillante resultó ser un pillo, además de un chapuzas en lo que a ingeniería fiscal se refiere. Y todo por los servicios prestados al primer proveedor sanitario del gobierno que preside su pareja.

Pues aun así, convertido en abogado defensor del novio de su jefa con los recursos eso sí, de la Administración regional, Miguel Ángel Rodríguez, mantiene que además de honorable y brillante, el investigado –que entre 2020 y 2021 llegó a sextuplicar sus ingresos anteriores como consecuencia de intermediar en la venta de mascarillas– sólo ha tenido un problemilla con Hacienda. Tras un año de trabajo de los inspectores fiscales, el servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria emitió, sin embargo, un informe donde calificaba el fraude atribuido a González Amador del siguiente modo: “La conducta descubierta no es fruto de un mero error sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. 

Lo de que Ayuso a estas alturas aún no haya explicado si sabe o no la procedencia del dinero con el que se pagó la casa en la que habita con su pareja da para otra entrega. Y no precisamente para glosar su brillantez u honorabilidad. Pero MAR, como se conoce a su jefe de gabinete, es una máquina de provocación, ruido y desinformación constante. Ahí le tienen, un día después de declarar como testigo en la causa que instruye el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un email del caso que afecta al comisionista, hablando de González Amador como “un señor honorable” y pintando de sí mismo un retrato en el que no le reconocen ni sus más fieles partidarios: “Nunca he contado un bulo. Nunca he mentido. Doy información cierta, veraz y comprobable”.

Sobre las amenazas –que él mismo filtró a una cadena de televisión después de haberlas dejado por escrito en un hilo de whatsapp– y los bulos que ha difundido en estos meses sobre los periodistas que investigaban el caso, tiene la osadía de negar la mayor. Pues aún hay quien, por lo que sea, le otorga credibilidad o le resta importancia. Sigan la pista del dinero con el que riega a los medios que compran una mercancía no sólo averiada sino claramente falsa y manipuladora con la que atribuye todo este escándalo a una operación de Estado contra Ayuso.