El PSOE ha registrado una ley frente «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» que rechazan los ultras españoles. A los demócratas nos ha abierto una ventana a la esperanza de que se vaya a hacer algo para acabar o atemperar el escándalo que vivimos, de tan graves consecuencias para la democracia.
El PSOE ha registrado este viernes una ley frente “al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que de inmediato han rechazado los ultras españoles. A los demócratas nos ha abierto una ventana de esperanza que al menos se vaya a hacer algo para acabar o atemperar el escándalo que vivimos. Sobre todo, por las graves consecuencias que tiene para la democracia.
La proposición de ley –que se llama “Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas”– reforma la acusación popular y obliga a inadmitir querellas con recortes de prensa, según nos avanzan. Para personarse como acusación popular habrá de existir un vínculo “concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente”. Y pone coto también a las “filtraciones interesadas del sumario”.
Deroga, además, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y abre la puerta a la “recusación de los jueces por hacer declaraciones de contenido político”.
El PP ha montado en cólera. Afirma que el PSOE “siembra el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía”. Y lo dice sin sonrojarse, como si la ciudadanía tuviera precisamente en los altares a la justicia española y no se sintiera incluso avergozada de ella, algunas de cuyas actuaciones son absolutamente escandalosas.
Las terminales mediáticas del PP aún muestran mayor irritación. ABC lanza que es “una ley para cercenar las acusaciones populares y amordazar a los jueces”. Y El Mundo y La Razón lo vinculan “a la investigación” de la familia de Sánchez. En realidad, y con un inmenso y oscuro apoyo económico, las acusaciones “populares” que han venido desatando el lawfare contra la familia de Sánchez y contra otras muchas personas, son grupos organizados de extrema derecha que parecen obedecer en sus demandas a una estrategia política y muy sucia. Lo peor es que encuentran jueces que se las tramitan.
Estamos asistiendo a auténticos escándalos que dejan un sentimiento de verdadera indefensión. El juez que persigue a Begoña Gómez cambió la declaración de un testigo –según está grabado y hemos oído– y acabó imputándole y ahí sigue como si nada. Quiere difundir los datos de las cuentas bancarias de la esposa de Sánchez y ha rechazado la petición de su víctima para que no lo haga. Y eso que durante meses no ha encontrado nada con que sentarla en el banquillo. Lo del hermano de Sánchez está cogido con alfileres… ultras también y lo del asunto de los emails del novio de Ayuso es tan desorbitado que apesta a lo lejos. Lo peor es que el PP, en su estrategia, lo usa a diario. La trampa como política. Sin el menor pudor.
En el temita de Alberto González Amador no nos faltaba más que oír que Miguel Ángel Rodríguez lo califique de “hombre honorable”. No parece importar que tanto él como Ayuso difundieron bulos para “ayudarle” o que en el caso del Jefe de Gabinete de la presidenta todo esto se haya hecho desde un puesto público pagado con dinero público porque es el novio de la jefa, el tal presunto “señor particular”. Cuesta hasta escribirlo sin que prenda la indignación porque esto ocurre en total impunidad.
El colmo es lo que ha soltado La Razón que de ser cierto constituye un hecho gravísimo: Afirma que “el novio de Ayuso ha pedido al Supremo que investigue una anotación sobre Begoña Gómez en la agenda de la Fiscal Jefe de Madrid”. ¿Quién le ha contado a este sujeto lo que contiene la agenda de la Fiscal Jefe de Madrid? ¿Qué atribuciones se toma este indeseable? ¿Las agendas y móviles de estos servidores del Estado en un aspecto crucial de la Justicia son ya de dominio público?
Y ahí tienen al juez Hurtado, con todo este emplasto y con los testimonios de periodistas serios que tuvieron los emails antes que el fiscal general del Estado, empecinado en perseguir a Álvaro García Ortiz y sin siquiera pedir el móvil de Ayuso y de su fiel servidor Rodríguez. Todo esto hiede y sin duda “siembra el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía”. Sin duda.
Con todo ello han logrado que PP, acreditado como el partido más corrupto de Europa –véase el historial desde Aznar–, y sus terminales judiciales y mediáticas, carguen el muerto al PSOE entre su auditorio proclive. De tal forma que miles de personas se lo han tragado hasta el fondo y han desarrollado un odio temible hacia Sánchez en particular.
La Asociones judiciales también ven mal el proyecto de ley, son las que no han hecho absolutamente nada por corregir las evidentes desviaciones a las que asistimos en la aplicación de la justicia. Solo unos pocos profesionales se han manifestado precoupados por los hechos que buena parte de la sociedad sí percibe y con notable inquietud. Algunos progresistas critican que se suprimirán también las iniciativas realmente “populares” pero son jueces los que dan una gran prioridad a las presentadas por los famosos grupos ultra que están monopolizando las iniciativas que parecen lawfare. Este puede ser una gran paso para acabar con ello. Uno de varios.
Sin duda en la tramitación del proyecto ley aflorará también el talante de los partidos que habrán de votarla para su aprobación. Y es de esperar que no se antepongan intereses partidistas en aras de que si se hizo antes lo mismo o se va a hacer después. Es así. Ni siquiera tiene la ley el calado que se precisa para acabar de raíz con el problema, pero es un paso muy positivo para mitigar algo este sucio panorama. Con la ley se beneficia toda la ciudadanía demócrata.
Bulle en el mundo un huracán de odio que impulsa el delirante próximo gobierno estadounidense de Trump y Musk y oficializa el reinado de la mentira y el acoso como nueva normalidad. De la delincuencia impune además. España es ya, sin duda, un anticipo local de esa insoportable degeneración. Lo es desde hace tiempo y ahora va a tumba abierta.
En un país normal, los jueces perseguirían mucho antes a Alberto González Amador (que lleva un año sin declarar sobre los delitos por los que está acusado) que al fiscal general por unos emails en los que se desmintió el bulo distribuido por Miguel Ángel Rodríguez, invirtiendo tal derroche de medios. Cualquier persona pensaría que se intenta cargar sobre él lo que finalmente parecen tretas de su novia presidenta y su colaborador Rodríguez. Lean y recuerden los hechos en el artículo de Ignacio Escolar: Cobró dos millones de euros de comisión por un contrato de mascarillas que acabaron en el sector público. Y utilizó facturas falsas para rebañar otros 350.000. Este es el señor honorable para la moral del PP.
En un país normal la novia precisamente, Isabel Díaz Ayuso, estaría procesada y ya incluso en la cárcel por su protocolo de la vergüenza para las residencias de ancianos a su cargo.
Ayuso y el resto de sus correligionarios que han llamado explícitamente o con subterfugios al golpismo en España deberían al menos haber sido apartados del cargo. Con toda su carga encima, la presidenta de Madrid se permite intervenir también en el triste sarao de Venezuela, el país al que desgracia el petróleo que tanta codicia despierta y que acapara tan desmedido interés partidista y económico en España, cuando en otros países auténticas escabechinas de los derechos no merecen ni una mención.
Y desde luego los medios que difunden mentiras con grave daño para la sociedad tendrían algún tipo de sanción. ¿Vieron ustedes el Telediario de TVE de las 21.00 en donde se difundió a toda pantalla el comentario del europarlamentario de Vox Hermann Tertsch? en alusión a Sánchez decía: “El chulo de putas dice que el fascismo le quiere quitar el Falcón. Y tiene miedo”.
No es solo cosa de Sánchez o del PSOE, es de toda la sociedad que ha de reaccionar ante la ola que llega crecida y que en España se une a ese huracán fascista, sucio e irracional que venimos padeciendo durante décadas. Esa ley ha de salir adelante y ha de ser el principio de una regeneración que solucione demasiadas dejaciones hechas hasta ahora.