Después de que la mayoría de querellas haya caído en saco roto, una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la Fiscalía. Yedra ya ha sido llamada este jueves a declarar por la muerte de su tía: «Nadie merece ese fin»
7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”
El 8 de marzo de 2020, cuando España despertó de golpe a la monstruosidad de la pandemia, la Comunidad de Madrid ordenó confinar a los 44.000 mayores que vivían en residencias públicas, privadas y concertadas. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar al hospital a quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas en protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios, los llamados “protocolos de la vergüenza”.
Se les atendería dentro porque se iban a medicalizar los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco y prometió un anuncio oficial de la Comunidad de Madrid. En la práctica ocurrió lo contrario: los mayores quedaron encerrados, con escaso material de protección, con plantillas esquilmadas y sin poder ver a sus familias. La alta concentración de personas infectadas sin medidas mínimas de aislamiento o higiénicas hizo el resto. El resultado: 9.469 residentes fallecidos en los primeros 60 días de pandemia. 7.291 de ellos murieron sin haber sido derivados a hospitales porque no cumplían los requisitos que instauró el Gobierno de Ayuso.
Desde ese momento, centenares de familias han interpuesto querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en juzgados de instrucción de Madrid. Algunas causas siguen vivas y a la espera, mientras otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional. Pero la gran mayoría han sido archivadas con el plácet de la Fiscalía. El motivo más habitual para cerrar los casos ha sido que no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la administración y la muerte del residente. ¿Se iban a morir igual, como espetó la presidenta de Madrid en la Asamblea? Seguramente no, o no todos, desde luego, pero la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos para dar esa respuesta, o para dilucidar cuántos se hubieran salvado si la administración hubiera actuado de otra manera. Según un informe pormenorizado, aunque no oficial, se podrían haber salvado miles.
Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia. / David Zorrakino / Europa Press
“Como vimos que este era el principal obstáculo para que se hiciera justicia, buscamos asesoría para poder encontrar un delito en el que no se tuviera que demostrar la causalidad”, cuenta Carmen López, presidenta de la plataforma Marea de Residencias. Y encontraron un tipo penal que encajaba en parte de lo que sucedió en aquellos dos terribles meses. Se trata del “delito continuado de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal”, como explica la denuncia, presentada en octubre. Tiene asociadas penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para quienes nieguen un servicio público por motivos, entre otros, “de la enfermedad que padezca o su discapacidad”.
La denuncia va contra altos cargos del Gobierno de Ayuso responsables de la gestión sanitaria, el asesor externo contratado por Ayuso, Antonio Burgueño (autor del malogrado plan contra la pandemia), y los geriatras de enlace de los hospitales, que son quienes aplicaban los protocolos y permitían o no el traslado del mayor.
A partir de ese momento, desde Marea escribieron a su base de datos de familiares y les ofrecieron formar parte de una denuncia colectiva, tanto en el caso en que el residente hubiera fallecido como si no había fallecido. Tendrían que acreditar que se le había discriminado por el mero hecho de tener su domicilio en una residencia de mayores o por tener alguna limitación cognitiva o física. Lograron, junto a la plataforma Verdad y Justicia 7291, que se unieran 109 familias que buscan reparación por la muerte o desatención de 115 mayores. Algunos de ellos no tenían siquiera ninguna enfermedad previa y aun así tampoco fueron derivados a hospitales. Mientras, los mayores que vivían en sus casas, tuvieran o no dependencia o enfermedades, sí pudieron acudir a hospitales en lo peor de la pandemia, así como los que tenían un seguro de salud privado.
La extensa denuncia recoge todos esos casos con detalle, que pintan un escenario desolador y similar en las 72 residencias que se citan: el personal estaba desbordado, muchos de baja, no había a veces ni mascarillas, no había médico por la noche, los mayores empeoraban de manera fulminante, los familiares recibían poca información o era inexistente, se les daba paracetamol o antibióticos, se frenaron las derivaciones al hospital si el paciente no cumplía unos requisitos…
Tampoco se les dio otras alternativas para su tratamiento, como derivarles al macroproyecto de hospital de Ifema, a los hoteles medicalizados ni se les permitió acudir a centros de salud. Tampoco se les enviaron médicos o sanitarios más allá de un centenar para una población de 44.000 personas. Todo ello pese a que la primera epidemióloga que visitó una residencia en pandemia alertó de lo que se venía encima y propuso varias medidas para evitar la muerte sin asistencia de miles de mayores.
Una cuidadora da de comer a una persona anciana en una residencia.
La doble vara de medir para quienes vivían en residencias durante la pandemia queda clara, por ejemplo, en uno de los testimonios recogidos en la denuncia: “X murió el 3 de abril. Padecía una infección respiratoria y, días antes de la pandemia, fue derivado al Hospital del Sureste, se recuperó y regresó a la residencia. Ya en marzo, con los mismos síntomas, le negaron la derivación. El médico de la residencia comunicó a la familia por vía telefónica en varias ocasiones que a su juicio requería atención hospitalaria pero que el departamento de Geriatría le decía que no era candidato a cama, ni UCI, ni respirador”. Lo mismo para otro residente: “El día 14 comunican a la familia que presentaba una infección de orina. El día 15 indican que ha empeorado, tiene fiebre, tos, mocos y la saturación en 88%. El día 23 indican que hizo una desaturación de 82 y como pudieron la remontaron. El día 24 señalan que ha hecho otra desaturación muy importante y que iban a llamar al hospital y pedir ambulancia. El hospital rechaza el ingreso. Muere al día siguiente”.
La Fiscalía de Madrid recibió la denuncia en octubre, incoó el expediente el 6 de noviembre y repartió los casos, según confirman fuentes del propio departamento, que destacan que además hubo una reunión previa con los familiares. Esta semana han llamado a declarar a algunos, que han acudido como testigos para aportar información o documentación sobre lo que le sucedió a sus seres queridos. “Los delitos prescribirán en marzo de este año”, apunta el magistrado José Antonio Martín Pallín, impulsor de la Comisión Ciudadana por la Verdad. “Ahora habrá que ver si el hecho de que la investigación haya comenzado paraliza esos plazos”.
“A mi tía no la llevaron al hospital”
Una de las personas que ha ido este jueves a declarar como testigo es Yedra, una funcionaria que perdió a su tía en la residencia Los Nogales, en el barrio de Pacífico de la capital. “Cuando llegué a declarar, me dijeron que contara qué había vivido y cómo lo había vivido”. Y se parece a un horror: “Mi tía tenía 90 años, pero estaba perfecta de salud, solo tenía una cojera porque había sufrido la polio de joven. Yo iba a verla todas las semanas y jugábamos al parchís”.
Al principio le dijeron que estaba bien, que tenía unas décimas, que había perdido el apetito, “pero cuando hablaba con ella por teléfono la veía abatida, ella que era una mujer tan alegre, que cuando iba a verla antes de la pandemia me recibía saliendo con los brazos abiertos”. En la última videollamada “tenía una mascarilla por debajo de la barbilla. Le dije ‘¡aguanta, tía, que tenemos que jugar al parchís!’, pero la vi muy mal”, relata con la voz quebrada. No podría aguantar, porque además en la residencia no había medios para los casos graves. “A los dos días me dijeron que se había muerto y cuando pregunté indignada por qué no la habían llevado al hospital me dijeron que porque tenían un papel de la Comunidad de Madrid que así lo indicaba. Un papel, lo recuerdo perfectamente, y así se lo dije el jueves a la Fiscalía”.
Isabel declaró este viernes por la muerte de su madre, que tenía alzhéimer, en la Gran Residencia, en Madrid. “Al menos nos están oyendo”, cuenta con alivio. Le ha contado a la fiscal que aquellos días le decían que su madre estaba bien, pero no podía hablar con ella. Finalmente, en su familia encontraron una solución: “Como mi hija es auxiliar de enfermería, pidió trabajo allí y se incorporó el día 6 de abril a la residencia”. Gracias a eso, la madre de Isabel pudo morir acompañada por alguien de su familia: su nieta, a la que avisaron las compañeras de que subiera a verla porque estaba en los últimos minutos de vid. “Yo, dentro de todo, he tenido suerte, porque mi madre murió con alguien de su familia”.
Ayuso, a su llegada al consejo de Gobierno celebrado en Leganés, donde había una protesta por los 7.291 mayores fallecidos
Cuando acaben las declaraciones y la Fiscalía valore lo sucedido se sabrá si el caso se pasa a un juzgado de instrucción si se han visto indicios de delito o si se cierra la investigación, mientras las heridas de miles de familias siguen abiertas. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid se clausuró gracias a la mayoría absoluta del PP, no ha habido ningún acto de desagravio, explicación, reunión y ninguna institución ha pedido perdón por el abandono que sufrieron 44.000 mayores en residencias sin medicalizar pese a lo prometido.
“Nadie se merece ese fin inhumano, esa discriminación, y lo que me duele en el alma es que a mucha gente de Madrid esto le resulta ajeno, le da igual”, lamenta Yedra. Ella, como las otras 108 familias, lo tiene claro, tienen que seguir hasta el final: “Aunque estén muertos necesitan que se haga justicia”.