La Comunidad de Madrid ha vuelto a suspender su aportación de “al menos” un 1% del coste de cada obra pública a la recuperación del legado histórico, a pesar de que la ley le obliga a ello
La oposición califica de “temeraria” la ley de Patrimonio Cultural de Ayuso aprobada con una década de retraso
La Comunidad de Madrid ha vuelto a suspender su compromiso de destinar “al menos” un 1% del coste de cada obra pública a la inversión en Patrimonio Cultural. Con esta decisión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a congelar esta partida en los presupuestos del 2025, a pesar de que la ley autonómica le obliga a realizar esa reserva presupuestaria.
El Ejecutivo autonómico aprobó esta norma en 2023. En ella acordaron que la Comunidad debe reservar “al menos un uno por ciento de su aportación a los presupuestos de las obras públicas que financie total o parcialmente a fin de invertirlo en la investigación, documentación, conservación, restauración, educación patrimonial y enriquecimiento del patrimonio cultural”. Esta obligación afecta a todos los organismos públicos dependientes del Gobierno regional.
A pesar de que su propia normativa le obliga a ello, la Comunidad de Madrid ha anulado este compromiso en la ley de presupuestos de 2025. Lo ha hecho incluyendo una disposición que modifica la ley de patrimonio en la que se anuncia la “suspensión” de la vigencia de ese compromiso en las cuentas del año que viene. No es la primera vez que el Gobierno autonómico toma esta decisión, se ha repetido en los últimos años. En la Consejería de Cultura justifican este posicionamiento asegurando que la aplicación del 1% “no se contempla por la política presupuestaria” autonómica.
Una fuente “estable” de financiación
La Comunidad de Madrid defendía en su momento, tal y como figura en la web del Gobierno autonómico, que con esta aportación se pretendía garantizar “una fuente estable de financiación con la que sea posible realizar los planes y programas que la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid prevé”. “Además de conseguir que, tanto los organismos públicos como los titulares de concesiones de obras públicas, tomen conciencia de que, a la par de las inversiones en obras, deben también realizarse inversiones para acrecentar y conservar el Patrimonio Histórico existente”, añadía.
“En los presupuestos de 2013 se anuló con la justificación de la crisis, con la promesa de que se retomaría”, explica la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que asegura que desde entonces esa partida no se ha recuperado. Aun así, y a pesar de la decisión tomada por el Gobierno de Ayuso, Torija confirma que la Comunidad de Madrid sí que se beneficia del 2% Cultural que invierte el Estado en el Patrimonio autonómico.
Asimismo, la diputada de Más Madrid critica que el Gobierno de Ayuso incluyese en la ley el compromiso del 1% Cultural sin intención de cumplirlo. “Si no pensaban aplicarlo, ¿por qué no lo quitaron de la ley? No lo hicieron porque sería inconstitucional”, añade. Por su parte, la diputada socialista Mar Espinar defiende que “un gobierno que no invierte en cultura es un gobierno que estafa a la gente porque la hace pensar que es libre cuando en realidad condena a la sociedad al conformismo”.
Esta línea de inversión es una obligación tanto para las cuentas estatales como autonómicas. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece que al menos el 1% de los contratos de obras públicas debe destinarse a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural.
Una política cultural “pasiva”
Para la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio la decisión del Gobierno de Ayuso es “lamentable”, según su vicepresidente Álvaro Bonet, que lamenta que la administración autonómica “no entienda que la restauración de patrimonio es beneficiosa para todos”. Las inversiones que se realizan al amparo de esta partida podrían destinarse a Patrimonio natural, arquitectónico o religioso. Bonet sostiene que en la región hay bienes de este tipo “necesitados” de una inyección económica.
Además, defiende que la política cultural regional no es proactiva. “Sentimos un poco de abandono por parte de la administración de la Comunidad”, indica Bonet, a la vez que defiende que el Gobierno autonómico “vive de las rentas” y mantiene “una posición pasiva”. “Hay edificios que deberían tener un plan directo de acción, hasta que no se cae una cornisa de los edificios parece que no se actúa. Hay que evitar llegar al límite”, añade. Para evitar estos casos, el entrevistado considera que la Consejería de Cultura debería desplegar “planes de prevención”.
A finales de 2022, el Gobierno central acordó que la Administración General del Estado elevaría la partida y destinaría el 2% del presupuesto de cada obra pública a la rehabilitación del Patrimonio. Siguiendo esa política, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció su previsión de invertir hasta 80 millones de euros en los años 2024 y 2025 a cargo de esta partida cultural. 218.160 euros irán a parar a la Comunidad de Madrid para restaurar la fachada del edificio de ‘La Bodega en la Cartuja’ situado en la localidad de Talamanca de Jarama.