La alarmante deriva legislativa del Gobierno

Nunca pensé tener que escribir esto sobre la iniciativa de un gobierno progresista. Una iniciativa promovida de forma bestial y sin pasar por los tamices de informe y control del sistema. Una iniciativa que emula y supera a la pretendida por el Gobierno de Rajoy cuando estuvo cercado por sus escándalos de corrupción. Quiero que conste en acta que me opuse firmemente a los intentos del PP de capar la acusación popular y que ya avisaba entonces del peligro de simultanear la propuesta de Gallardón de dar la instrucción a los fiscales con la de reducir la acusación popular, dándole el monopolio de la acusación a una Fiscalía que es “su” fiscalía o la fiscalía que te lo afina, que tanto da.

Lo que no deseaba con un gobierno conservador no puedo desearlo con un gobierno autodenominado progresista. Sobre todo a sabiendas de que cualquier modificación legislativa restrictiva no es jamás revertida en su totalidad, sino que los que llegan al poder la mantienen. Es pura historia del procedimiento penal. Así que ni los que de ustedes aspiren a que el PSOE de Sánchez emule al PRI mexicano, y sus 70 años ininterrumpidos -amén de si eso es posible ni tan siquiera deseable- , no pueden dejar de pensar que, excepto una quiebra democrática, las normas siempre pasarán a estar en manos de otros. Piensen, a partir de ahora, si aplaudirían que se le legara a un gobierno conservador o de coalición conservadora-ultra la abolición de la acusación popular que, como su propio nombre indica, es la acusación que el pueblo puede ejercer aunque el poder no lo quiera. (Véase Nosotros el pueblo acusamos…).

El proyecto presentado por los socialistas es abominable. En primer lugar porque es un proyecto con nombre y apellidos y ninguna ley gestada así es enraíza ni en el bien general ni es justa. En segundo lugar, porque desde el punto de vista de lege ferenda es muy mala, malísima, y contiene muchos puntos mal desarrollados y con mal pronóstico al entrar en interpretación conjunta con el resto de la legislación. Aunque, bueno, las leyes desde hace un par de décadas se vienen redactando con el orto, así que eso no sería una gran sorpresa. Esto es lo gordo, lo de asimilación rápida: la propuesta del PSOE deja vacía de contenido la acusación popular, la vuelve nula, se la arrebata al pueblo. Lo que viene a continuación precisa de un somero conocimiento del procedimiento penal. Por cierto, dejo aparte la limitación de la libertad de expresión de los jueces y la loca extensión de los motivos de recusación y otras cuestiones que la norma incluye y que nunca deberían haberse amontonado en una misma norma con un título que, ya de por sí, es un agravio. 

En mi opinión es el paso más grave que el PSOE ha dado en el camino de acabar con los contrapesos democráticos que le molestan y, por tanto, el paso más peligroso hacia el deterioro de esa democracia que se le llena la boca de defender. Por eso todas las asociaciones judiciales se oponen, todos los juristas que no son de salón o de botafumeiro, y hasta los periodistas reflexivos que se dan cuenta de que este anteproyecto limita el control al poder y hasta las posibilidades de la prensa de servir de contrapoder democrático. 

La propuesta del PSOE es que la acusación popular -que está en la Constitución, que no pueden borrar y que el constituyente dejó como protección ante la costumbre inveterada de nuestros gobernantes de controlar a la fiscalía- siga de nombre pero no de hecho. Así le permite presentar querella, pero la mantiene fuera de toda la instrucción -no se entera, no puede pedir diligencias, no puede interrogar- lo que faculta a la Fiscalía en exclusiva para pedir el sobreseimiento, para dejar sin contenido el procedimiento a base de no buscar prueba y, finalmente, para cegar la apertura de juicio oral. A pesar de que algún jurista fino defiende que la instrucción no incluye la fase intermedia y que, por tanto, la acusación popular sí podría solicitar la apertura de juicio oral; lo cierto es que al condicionarla a la existencia de una acusación pública o particular -eso hacía la criticada Doctrina Botín- como no existe en puridad acusación hasta la fase de apertura de juicio oral, haciendo una interpretación conjunta de todo el articulado, resulta que: si hay sobreseimiento no existe la fase intermedia o bien de no haberlo, la acusación popular no tiene participación hasta que alguna de las acusaciones sí personadas formalice escrito de acusación. De este modo no tendría ninguna participación ni siquiera en la fase intermedia; únicamente podría acceder al juicio oral, con el escrito fiscal, y con la dificultad para practicar prueba que no haya tenido lugar en la instrucción. En todo caso el texto es lo suficientemente malo como para permitir las lecturas. 

Resumen para legos: la acusación popular muere, conserva el nombre pero ningún sentido ni posibilidad procesal de ejercitarse. Eso, obviamente, es inconstitucional. ¿Cuentan con que se vaya a dar el pase a algo que no lo tiene? Quiero pensar que no, que hay profesionalidad suficiente en el TC para no engullir este engrudo que priva de derechos a la ciudadanía. Porque sería el fin a lo mejor de Manos Limpias o Hazte Oír pero también de las acusaciones de ecologistas, asociaciones vecinales o de consumidores, colectivos anticorrupción, entidades feministas y de todo tipo. Oigan, que a lo mejor proteger a Begoña Gómez compensa de todo esto pero para mí que no, que no es un bien común. Por cierto, lo de añadir expresamente la retroactividad para intentar anular los procedimientos existentes es, de tan descarado, vergonzoso para cualquier demócrata y también para cualquier progresista no cegado.

La acusación popular puede ser usada de forma espuria – por eso impedírsela a partidos, ayuntamientos, diputaciones, etc. es una buena opción-, pero ha sido cientos de veces la única forma de poner contra las cuerdas a un poder encastillado en la defensa de sus propias tropelías. Les recuerdo que fue decisiva en los casos Caja España (Ecologistas en Acción), Bankia (Herzog), tarjetas Black (Herzog), GAL (Iruín), Palau (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona), Púnica (Asociación de Abogados Demócratas de Europa), Perote (Benítez de Lugo) Amedo y Domínguez, Estevill (ADADE), Dívar (Asociación Preeminencia del Derecho) y, por supuesto, Botín (ADIC), Noos (Manos Limpias), Pujol (Podemos), Papeles de Bárcenas (IU y Manos Limpias), Gürtel (ADADE) y centenares más como verán de todo signo, la mayoría de las citadas procedentes de la izquierda, puesto que según quien gobierne la Fiscalía es embridada en uno u otro sentido. Todo esto no hubiera sido posible con la norma que pretende aprobar el PSOE, todo esto y todo lo similar que venga en el futuro. El listado de delitos en que prevé el proyecto que podría usarse es restrictivo e incoherente. Ahora es posible en todos los delitos públicos. Los socialistas pretenden que sea posible en la rebelión, enaltecimiento pero, por ejemplo, no en los delitos de terrorismo, tampoco en los de terrorismo de estado… No hay coherencia que sustente la restricción que se plantea. 

Escribo desde la tranquilidad que da pensar que es poco menos que imposible que entre los partidos cuyo voto es preciso no haya quien se dé cuenta de la gravedad de lo propuesto, a mayor gloria de la supuesta protección, o impunidad, de dos o tres personas. Dudo que Bildu no vea que los desmanes policiales quedarán impunes si el Gobierno protege a través del fiscal o que Junts no se dé cuenta del corte ad hoc de este patrón. Me parece raro que el PNV esté dispuesto a firmar esto, incluso que los partidos más a la izquierda no lo encuentren insuficiente en algunas cuestiones o no reparen en el peligro que esto acarreará en un futuro de gobierno de derechas. 

Todo esto es tan evidente que verán cómo sólo cuentan para sostener la idea con el apoyo de los políticamente convencidos de que su fin, el suyo y solo el suyo, justifica todos los medios. Es muy difícil que con conocimiento de causa se apoye este dislate. 

¡Qué decepción, qué inmensa decepción!