Los proyectos de 221 millones atascados desde 2006 que hubieran atenuado los efectos económicos de la DANA

El proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera que incluye el de la Saleta está a la espera del estudio de integración paisajística para su licitación, después de que caducara la DIA en el año 2018 por la inacción del Gobierno de Rajoy

La Confederación lanzó un ultimátum al Gobierno de Mazón en junio para aprobar parte del proyecto del barranco del Poyo

La no ejecución del proyecto de encauzamiento del barranco del Poyo que lleva más de dos décadas atascado bajo los gobiernos del PP y del PSOE es uno de los aspectos que más polémica ha generado tras la devastadora DANA que el pasado 29 de octubre acabó con 224 vidas. El retraso en la ejecución de esta actuación que sigue enmarañada en trámites burocráticos es uno de los clavos a los que se ha agarrado el PP para tratar de derivar la responsabilidad de los enormes daños al Gobierno central de Pedro Sánchez, habida cuenta de que es una obra que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, la realidad es que gran parte de culpa del estancamiento es responsabilidad de la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, al no poner en marcha unas obras que ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Una DIA que caducó por inacción del ejecutivo y que se tuvo que volver a tramitar después.

Originalmente, en el año 1994, la CHJ redactó el Proyecto básico de restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet, que incluía otros barrancos afluentes como el Gallego, l’Horteta y La Saleta. A efectos de su licitación se dividió en cuatro fases, respectivamente, según los cuatro cauces principales del título del proyecto, y obtuvo declaración de impacto ambiental favorable (DIA) en 1996, por parte de la entonces Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. No obstante, tras recibirse un escrito de la Comisión Europea de Medio Ambiente, en julio de 1999, la Consellería de Medio Ambiente emitió una resolución complementaria que incorporaba nuevos condicionantes a la expresada DIA, cuyo cumplimiento hacía inviable continuar con el proyecto original, por lo que se procedió a la redacción de un nuevo proyecto desgajado, circunscrito al ámbito del barranco del Poyo (Fase I), entre la Albufera y Paiporta.

La modificación de la DIA establecía la obligación de plantear nuevas alternativas para los tramos restantes del Proyecto primitivo, a fin de resolver el problema de la inundabilidad aguas arriba del tramo de la Fase I, así como darle un tratamiento integral al problema. Este nuevo Proyecto desgajado (Fase I) y el restante (Fases II, II y IV) fueron incluidos en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001).

La CHJ tramitó y ejecutó las obras del Proyecto de Restitución y Adaptación de los cauces naturales de los barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet que afectaron a los términos municipales de Catarroja, Massanassa y Paiporta, entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, siendo recibidas el 17-11-2005. Consistieron en el conocido encauzamiento de 7,2 km de longitud con un camino de servicio de 4 metros a ambos lados. El montante invertido fue de 19,7 millones de euros.

Así las cosas, para resolver de forma integral la inundabilidad de la zona, en julio de 2004 se redactó un estudio de posibles soluciones para la defensa integral contra avenidas de la rambla del Poyo, que dio lugar a una importante participación pública, recibiéndose numerosas sugerencias y alegaciones. En consecuencia, en abril de 2006 se redacta el Proyecto Informativo ‘Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera’ con la Memoria Resumen de Impacto Ambiental, dando así continuidad a la tramitación ambiental del conjunto de las actuaciones propuestas y a fin de obtener la preceptiva DIA.

En febrero de 2009, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la CHJ la redacción del Proyecto de Adecuación Ambiental y Drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera (València), por un importe estimado de 221,4 millones de euros. Finalmente, en noviembre de 2010, se finalizaron los siete proyectos constructivos que desarrollan el Proyecto, que fueron los siguientes: Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta; drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet; vía verde del barranco Pozalet entre la zona verde inundable y el barranco de la Saleta en Quart de Poblet; adecuación del barranco Pozalet entre Loriguilla y la zona verde inundable; adecuación del barranco Poyo y afluentes entre el cruce con la A-3 y el acueducto Júcar-Turia; correcciones hidrológicas en la cuenca alta del barranco del Poyo; y restauración forestal de la cuenca alta del barranco del Poyo.

Con fecha 16 de diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente formuló DIA favorable con sus respectivas condiciones. Entre ellas, que otro proyecto que había sido redactado por la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana en 2006, denominado ‘Vía Verde Xirivella-Nuevo Cauce del Turia’ y que afectaba al barranco de la Saleta, no incluido en el Proyecto Informativo descrito y que no precisaba DIA según la Consellería de Territorio y Vivienda, debería tenerse en cuenta para ajustar las obras proyectadas en aquel para los barrancos del Pozalet y la Saleta.

El 5 enero 2018, la declaración de impacto ambiental caduca al no haberse iniciado el proyecto a causa, según las mismas fuentes, de los recortes del PP que dejaron entre un 25% y un 30% de la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua.

Por este motivo, ese mismo año se vuelve a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto. Actualmente, a requerimiento de la Generalitat Valenciana, está en tramitación la redacción de un estudio de Integración Paisajística que una vez informado favorablemente por la administración autonómica dará lugar al pronunciamiento favorable de impacto ambiental, aprobación del proyecto y licitación de las obras.

“Hubiera aliviado un 30% los daños materiales”

Ramiro Martínez Costa es ingeniero de caminos y redactó uno de los primeros planes relativos al encauzamiento del barranco del Poyo en 2006. En una entrevista el pasado 21 de noviembre en el programa ‘Bon Dia Comunitat Valenciana’ de À Punt aseguró que “hay que hacer estas obras que se propusieron hace tiempo, pero no debemos caer en la falsa seguridad de creer que con estas obras ejecutadas el peligro ha desaparecido, el riesgo cero no existe porque requeriría unas inversiones descomunales y puede que el traslado de poblaciones enteras”.

Martínez Costa comentó que trabajan con unos criterios de diseño con periodo de retorno de 500 años, es decir, “infraestructuras que sean capaces de conseguir la defensa para episodios que se producen como media una vez cada 500 años, es un algoritmo necesario para que proyectemos con criterios iniciales de diseño” y añadió: “Se trata de un proyecto de bifurcación, un conjunto de piezas por toda la cuenca del Poyo que contribuían a la minoración de la onda de avenida. En esta ocasión hemos sufrido un evento de proporciones bíblicas y no es cierto que de haber estado construidas esas soluciones no se hubiera padecido en l’Horta Sud la catástrofe que se ha padecido. Según mis estimaciones, un 20% o 30% de los daños materiales podrían haber sido evitados, pero no se hubiera evitado el desbordamiento con la magnitud que hemos conocido. De todas formas la cuestión fundamental no es la minoración de los daños materiales, sino el problema de la cantidad de víctimas mortales que hemos tenido, que no son entendibles en un país que se considera desarrollado, esto tiene que ver con otras cuestiones que no son soluciones infraestructurales, hay medidas básicas de prevención y de alerta a la población para que tome sus propias medidas de defensa”.

En cuanto a la supuesta incompatibilidad con la Ley de Protección de Huerta comentó que “no es cierto que impida hacer una actuación como esta; sí que prevé una serie de cuestiones a tener en cuenta en el caso de que se quiera promover una actuación pública que tenga afección sobre el espacio protegido, pero proporciona una serie de herramientas para que se pueda ejecutar una actuación como esta, manteniendo una serie de consideraciones de protección sobre la huerta y buscando las soluciones que menos impacto produzcan”.

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