El acceso imposible a una vivienda digna y asequible en España

No hay un verdadero plan para intervenir el mercado de vivienda, ni para promover lo que tienen muchos países europeos en materia de vivienda social y asequible. Si llegásemos a esa orilla, el valor global de la propiedad en España descendería un 30% y sería el fin del sueño español para tantos especuladores foráneos, y eso ninguno de los dos grandes partidos lo va a permitir

El acceso a la vivienda signa y asequible se ha convertido en la gran quimera para decenas de miles de ciudadanos, que ven cómo van pasando los años y sus responsables políticos, todos, miran a para otro lado y consolidan una jungla especulativa.

El dilema entre bien de uso o de inversión ya ha sido resuelto por los dos grandes partidos, a favor de los bienes de inversión y financieros. Durante los últimos 40 de años de democracia, todas las actuaciones públicas han ido encaminadas a traspasar renta de los contribuyentes a las grandes empresas constructoras, con los planes de financiación de vivienda plurianuales, creando un servilismo y clientelismo muy peligroso entre los responsables de urbanismo y los grandes magnates del ladrillo. Con todo ello, la sociedad aprendió a venerar la propiedad de la vivienda, con el señuelo de las desgravaciones fiscales, que han vuelto al debate público, trasmitiendo una tendencia al primitivismo inversor que nos ha llevado hasta aquí. 

Las supuestas clases medias podrían tener acceso a la vivienda en propiedad, con gran esfuerzo y tipos de interés muy altos, sobre la base del fomento del pluriempleo, para que no tuvieran tiempo para pensar en un tipo vida tan inhumano, alejado de las costumbres europeas. Con la llegada del euro, esto se multiplicó y comenzó a llegar el capital especulador que ha terminado por alicatar la mayor parte de zonas costeras, destrozando el litoral, provocando grandes problemas ambientales y sin solucionar el grave problema de acceso a una  vivienda para miles de personas. 

Con todo ello, el stock total de viviendas en España –principales, secundarias y de otros usos– ha alcanzado los 25 millones de unidades, lo cual da idea de lo que se necesitaría para aumentar significativamente la oferta y así calmar a los economistas de oferta, que hay muchos en la derecha y en la supuesta izquierda. Pero también a la gran pléyade de personas que adoleciendo de un mínimo de conocimiento, siguen machacando a la población con el “grave problema de oferta” y culpando, por tanto, a la falta de construcción de las desgracias de todos los que claman por una vivienda asequible.   

Para todos ellos, hay que señalar que la vivienda es un mercado de stocks y además un mercado espacial, ya que coexisten muchos mercados de vivienda muy diferenciados. No es el mismo mercado el de Madrid que el de Mérida, o el de Baleares, dada la gran diferencia de tipología de vivienda necesaria o la presión diferenciada de la demanda. Por todo ello, y si uno analiza la formación de precios en este mercado, no cabe concluir que funciona la ley de oferta y demanda, como se puedo ver durante el episodio de la burbuja inmobiliaria. El problema radica en que la vivienda como bien de inversión funciona como cualquier bien especulativo, es decir, en base a expectativas de precios. Eso implica una retroalimentación de la demanda en tiempos de alzas de precios, como puede ser el momento actual, con la venta de viviendas en máximos (gran parte con compras al contado) y la estadística de precios, muy poco fiable en muchos casos, también en máximos, lo que da idea del carácter claramente financiero del activo denominado vivienda.

La eclosión de las plataformas de alquiler turístico, además, ha convencido a muchos propietarios que sus activos inmobiliarios ya no sirven para vivir en ellos, sino que forman parte de la cartera de inversión de amplias capas de familias, incluso de rentas medias y bajas, que ven en esta figura la salvación de sus escasos recursos monetarias provenientes del factor trabajo. Esta transformación financiera de la vivienda de amplias capas sociales es lo que está retrayendo a los grandes partidos políticos a intervenir de verdad en el mercado de los pisos turísticos y de temporada, como se puso de manifiesto durante la tramitación de la ley de vivienda, actualmente en vigor y que solo se aplica en Cataluña.

Los grandes fondos de inversión y el capital extranjero, fundamentalmente fondos de pensiones, han tomado nota de la elevada rentabilidad del sector inmobiliario residencial en España, por encima del 10% en muchos casos, y del nulo control del mercado de alquiler, en el que las leyes no se cumplen, sin que exista ninguna consecuencia pecuniaria. Como pasa en muchos sectores, las posibles multas que impone competencia son anuladas por la Audiencia Nacional y el Supremo, lo que dice muy poco de la justicia y de la lucha por la existencia de verdaderos mercados competitivos, favoreciendo, de facto a monopolios y oligopolios.  Este capital parasitario y rentista está logrando expulsar a gran parte de los inquilinos de las grandes ciudades, sin que nadie le ponga freno, provocando una pobreza laboral creciente en muchas capas de la sociedad. 

El recurso a la vivienda pública como panacea, que está claro que es necesaria, siempre choca con lo mismo. Ausencia de apetito inversor en este segmento de las promotoras, insuficiencia presupuestaria y pasividad ante el retraso en la puesta en el mercado del suelo existente, permitiendo pingues beneficios a los grandes tenedores de suelo con dicho retraso. La posibilidad de un gravamen específico para el suelo ocioso no parece gozar con la aquiescencia del PSOE, ni con los economistas de oferta, pero es un mecanismo muy útil para frenar la especulación, como pasa en Dinamarca o el Reino Unido, y no obligaría a modificar la ley del suelo.  

Ante este panorama, los grandes partidos se han lanzado a una subasta de anuncios, a cual más estéril, dado que deben ser conscientes dd que el problema ya es irresoluble. España nunca tendrá un parque público de vivienda social de la magnitud en tamaño de Viena o los países más avanzados. Es literalmente imposible.   

Partamos del espasmo fiscal que han tenido los miembros del PP en Asturias el fin de semana pasado. Pensar que todos los problemas de la vivienda se arreglan bajando los precios de compra de la vivienda usada es ridículo, máxime cuando alguna CCAA ya lo hicieron en el pasado y los resultados están ahí, Además, solo para vivienda usada y para menores de 40 años. El tema de la liberalización del suelo, más de lo mismo. La ley del 98 ya promulgaba dicha liberalización, pero incluía un elemento perverso que era el tratamiento de la calificación futura como un incentivo a la retención de suelo y su consiguiente encarecimiento. El resultado fue una burbuja inmobiliaria enorme y con consecuencias dantescas. 

Pero el mejor ejemplo de la incompetencia del Partido Popular en materia de  vivienda es analizar el Plan Vive de Madrid. Escasamente se han adjudicado 300 viviendas desde el año 2019, con grietas, mal construidas, y con unos precios que han provocado que más del 50% haya tenido que renunciar. 

En la otra orilla, al menos, sí se habla con la boca pequeña de intervenir el mercado, pero solo un poco. Por un lado, la ley de vivienda ha nacido muerta, y la idea de los avales para comprar, también compartida por el PP, ha resultado un fiasco porque los bancos no la ponen en práctica, ante los riesgos de insolvencia de muchos aspirantes. Pero el PSOE insiste en los beneficios fiscales como si eso fuese la panacea en una selva sin control como es este mercado. La enorme bolsa de fraude fiscal nos debe poner en alerta de que no es la fiscalidad lo que facilita la toma de decisiones en el mercado minorista, al que va dirigido. El miedo a eliminar la fiscalidad de las Socimis, es otro ejemplo de la servidumbre del partido en el gobierno para con los grandes fondos y corporaciones de este estilo. 

En resumen, no hay un verdadero plan para intervenir el mercado de vivienda, ni para promover lo que tienen muchos países europeos en materia de vivienda social y asequible. Si llegásemos a esa orilla, el valor global de la propiedad en España descendería un 30% y sería el fin del sueño español para tantos especuladores foráneos, y eso ninguno de los dos grandes partidos lo va a permitir.  Mientras nos seguirán entreteniendo con reuniones estériles y anuncios vagos, mientras el drama asola a una gran parte de la sociedad que lo necesita.       

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