La ponencia marco del XV Congreso Regional de los socialistas incluye un protocolo sobre las fuentes de financiación, la titularidad de los medios de comunicación y el gasto de publicidad institucional, así como una auditoría de los conciertos sanitarios, en especial de la facturación de los hospitales del grupo Quirón para el que trabaja el novio de Ayuso
Óscar López acusa al juez Peinado de “prevaricador” y de haber “mentido en sede judicial” para imputar a Güemes
Hablar de corrupción en Madrid es hablar del PP. Porque el partido de Isabel Díaz Ayuso lleva 30 años en el gobierno regional y porque en el imaginario colectivo de los madrileños aún se recuerdan los casos Lezo, Púnica, Gürtel, el tamayazo y otros muchos. Tramas todas cruzadas entre sí durante más de tres décadas de mayorías absolutísimas. De ahí que el PSOE de Madrid haya incluido en la ponencia marco del XV Congreso Regional que ratificará al ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, como secretario general, la creación de una Oficina de Lucha contra la Corrupción. Una iniciativa inspirada en la Oficina Anticorrupción que creó el Gobierno socialista de Baleares en 2016 y que el Partido Popular y Vox cerraron en 2024.
El PSOE se ha fijado entre sus principales objetivos en Madrid la lucha contra la corrupción en una Comunidad, donde entiende que “día sí y día también afloran escándalos” como los últimos por la venta de mascarillas durante la pandemia en el Ayuntamiento de Madrid y la administración regional, el caso del novio de Ayuso o los centros de Formación Profesional, donde “se intenta ocultar la verdad de estos asuntos por el entramado del gobierno regional”. Es momento de pedir, esgrimen desde la federación madrileña, “claridad, transparencia y rendición de cuentas”.
“No es admisible asumir acciones como las que la señora Ayuso lleva a cabo sin rendir la mínima cuenta, en un claro conflicto de intereses cuando menos en el caso Quirón”, añaden los mismos interlocutores. Se refieren a que desde 2022, la Comunidad de Madrid “ha pagado más de 1.500 millones de euros al Grupo Quirónsalud, fuera del contrato de gestión de los hospitales que administra la empresa”. Y el cambio de criterio sobre la liquidación coincidió además con la destitución en julio de 2022 de quien había sido durante años la Interventora General de la Comunidad.
Y es que la Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 918 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el principal deudor del conglomerado con un 25% del total, si bien el Gobierno regional ha rechazado en varias ocasiones concretar a cuánto asciende lo adeudado, con el argumento de que las liquidaciones pendientes forman parte de “un proceso vivo” en el que las dos partes discuten “euro a euro”. Se da la circunstancia de que el grupo en cuestión es a su vez el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.
Los socialistas arguyen que “aún no sabemos cuánto más va a seguir pagando a este grupo, fuera del contrato de concesión que tiene con la propia Comunidad de Madrid”. Así que para la erradicación total de los casos de corrupción, “se hace cada día más urgente” la creación de esta oficina.
La ponencia que se discutirá en el marco del cónclave socialista el último fin de semana de enero incluye además un protocolo y un canal de información pública sobre las fuentes de financiación y la titularidad de los medios de comunicación de ámbito autonómico y del gasto de publicidad institucional autonómica en objeto, cuantía y medio. Asimismo, se impulsará la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas de la Comunidad de Madrid para que, bajo inspiración del modelo estatal, efectúe anualmente la rendición de cuentas de las políticas de mayor impacto, desde la gestión por proyectos al cumplimiento de objetivos,
Especial atención dedican los socialistas en su ponencia al estado de la sanidad pública en esta región, después de lo que consideran “el maltrato constante de la derecha a nuestra sanidad pública y las políticas neoliberales de privatización constante que han generado problemas estructurales en el sistema” y que “de forma deliberada han generado una merma en la calidad asistencial, expulsando a los madrileños y madrileñas del sistema público hacia la sanidad privada”.
“La permanente infrafinanciación del sistema, el maltrato constante a los profesionales sanitarios, las interminables listas de espera, la falta de centros de salud necesarios o el deterioro y la falta de inversión en las infraestructuras existentes -añade el texto de la ponencia marco- constituyen un cóctel inasumible para nuestra población, y es nuestro deber revertirlo”. No es baladí que la Comunidad de Madrid siga siendo la región española que menos invierte en sanidad por habitante año tras año, algo inadmisible en un territorio que debería ser el motor económico y social del país. Un maltrato que los socialistas extienden “a los profesionales sanitarios, que hartos de sus malas condiciones laborales, acaban buscando alternativas en otros territorios”.
Se comprometen por ello a aumentar progresivamente -sin especificar cifras- el gasto sanitario en Madrid destinado a la financiación de la red pública y de gestión directa hasta que sea equiparable al resto de comunidades autónomas. Esto además de comprometerse a revisar la relación público-privada, “auditando los conciertos sanitarios, revisando la intervención o participación de personal facultativo estatutario en centros concertados o concesionados, y poniendo especial énfasis en la facturación de los hospitales concertados como los del grupo Quirón para el que trabaja el novio de Ayuso”.
Atención primaria y demoras máximas de 72 horas
Para los socialistas, la Atención Primaria es la joya de la corona del sistema sanitario y la puerta de entrada a la sanidad pública, por lo que se debe garantizar su accesibilidad permanente para todos los madrileños y madrileñas, protegiendo este nivel esencial de atención. Lamentablemente, “los sucesivos gobiernos del Partido Popular han relegado la Atención Primaria al último lugar en inversión sanitaria, representando solo el 11% del total”. Es más desde la llegada de Díaz Ayuso, “las demoras en citas han aumentado de 3 días a 3 semanas, y la fuga de profesionales ha alcanzado niveles críticos, sin ser capaces de retener al 65% de los MIR de Familia ni a un solo pediatra formado en 2024”. Para revertir esta situación, proponen un Plan Estratégico que permita contratar personal en todas las categorías y reducir las demoras a un máximo de 48-72 horas para obtener cita con el médico de cabecera.
La construcción de nuevos Centros de Salud será otra prioridad, ya el PP en los últimos 20 años el Partido Popular ha incumplido sus promesas en esta materia. El compromiso es licitar y construir 30 nuevos Centros de Salud, dotándolos con equipos modernos y personal sanitario adicional, evitando el desdoblamiento de profesionales de otros centros, que solo genera disfunciones.
Reconstruir las urgencias extrahospitalarias
El cierre de los SUAP (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) en marzo de 2020, durante la pandemia, tuvo un impacto inmediato, especialmente en áreas rurales, agravando el colapso de las urgencias hospitalarias. A esto se suma la falta de transparencia y la creciente privatización del transporte sanitario, con un incremento del gasto en bienes y servicios, que pasó de 64,6 millones en 2020 a 90,2 millones en 2023, y en transporte de ambulancias, de 45 millones a 68,5 millones en el mismo periodo. Para revertir esta situación, el PSOE se compromete a reabrir los 80 Puntos de Atención Continuada con equipos completos (medicina, enfermería y celadores), devolviendo a los madrileños unas urgencias de Atención Primaria cercanas y seguras.
Reducir las listas de espera: un compromiso ineludible
La Comunidad de Madrid es la CCAA con menor inversión sanitaria por habitante, al destinar menos de 1500 euros por habitante y año. “Debemos ser conscientes y denunciar que la infrafinanciación del SERMAS es el elemento protagonista que nos conduce al deterioro de nuestra Sanidad Pública”, denuncian los socialistas, que recuerdan que desde que Díaz Ayuso fue nombrada Presidenta en 2019, el número de madrileños a la espera de una cita médica ha pasado de 600.000 a más de 1.000.000, y la demora media para pruebas diagnósticas o Atención Especializada se han duplicado, superando los 70 días.
Una situación que ha conducido a un repunte exponencial de la contratación de seguros sanitarios privados en la Comunidad de Madrid, por lo que entiende el PSOE que la derecha madrileña ha impulsado con este modelo una sanidad a dos velocidades en función de los recursos económicos de cada familia, “lo que compromete la igualdad y la equidad en el acceso de todos los madrileños y madrileñas a los servicios sanitarios”.
Frente a ello, los socialistas apuestan por un verdadero Plan Integral Contra Listas de Espera en la Comunidad de Madrid, que permita financiar de forma suficiente nuestros hospitales públicos para que puedan funcionar a pleno rendimiento durante los turnos de mañana y tarde y combatir así, de forma efectiva, los repuntes exponenciales de nuestros tiempos de espera. “La Comunidad de Madrid no puede permitirse ningún quirófano, endoscopio o sala de hemodinámica detenido por las tardes”, sentencian.
Derechos reproductivos: eliminar barreas como la objeción
Y respecto a la salud reproductiva, que debiera ser para el PSOE un derecho fundamental y un pilar esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria, será prioritario aumentar la inversión en la red pública de servicios de salud sexual y reproductiva, asegurando personal especializado en ginecología, obstetricia y planificación familiar. Por ello, garantizan el derecho al aborto seguro, libre y gratuito en todos los hospitales públicos, “eliminando barreras como la objeción de conciencia y ofreciendo confidencialidad y acompañamiento psicológico”. De la misma forma, creen necesario que haya centros o unidades de salud afectiva, sexual y reproductiva específicas para jóvenes, con horarios accesibles, confidencialidad y personal sensibilizado en diversidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual y campañas específicas.
Invertir en salud mental, invertir en futuro
La protección de la salud de los madrileños y madrileñas es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y un derecho fundamental. Y dentro de esta protección se encuentra la salud mental, que abarca el bienestar emocional, psicológico y social, afectando la forma en que actuamos, sentimos y pensamos. No en vano, a los problemas estructurales de la sanidad pública madrileña se ha sumado el deterioro agravado de nuestra salud mental tras la pandemia del COVID-19 y sus posteriores consecuencias: pérdida de seres queridos en circunstancias especialmente dolorosas, ruptura de la rutina diaria, cambios laborales repentinos, alteraciones educativas y sociales en niños y jóvenes, intentos autolíticos y pensamientos suicidas, especialmente entre los más jóvenes.
La Comunidad de Madrid ocupa, una vez más, el último lugar en inversión pública en salud mental por habitante. Esta financiación insuficiente no permite responder a las crecientes necesidades de la población, lo que genera una progresiva merma en la calidad de los servicios, agravada por la falta de recursos humanos fundamentales. A esto se suma la insuficiencia de recursos materiales y estructurales, como centros de día, camas hospitalarias o centros de inserción. Esta carencia solo ha sido mitigada por la profesionalidad, esfuerzo y dedicación de los sanitarios y sanitarias, pero la falta de una planificación rigurosa agrava las deficiencias existentes.
Según diversos estudios, un 30% de las demandas de atención primaria tienen que ver con salud mental. De ahí que el PSOE considere “crucial garantizar un acceso ágil, rápido, universal y equitativo a los recursos públicos de salud mental. Esto permitirá reducir significativamente las listas de espera, tanto en Atención Primaria como Especializada, que actualmente presentan demoras de meses debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales”.