El discurso pendular de Feijóo sobre Puigdemont: de llamarle «golpista» a querer sus votos para llegar a la Moncloa

El líder del PP dice estar dispuesto a «conversar» con Junts sobre una moción de censura contra Pedro Sánchez acuciado por el auge de Vox en las encuestas, mientras el Gobierno negocia ‘in extremis’ para evitar el choque con Junts por la moción de confianza

Feijóo se abre a “conversar” con Junts sobre una moción de censura con Vox para ir a elecciones

El pasado lunes, Alberto Núñez Feijóo aseguró en una entrevista en Onda Cero que “no se negocia con quien tiene causas pendientes con la Justicia”. Una frase dirigida al Gobierno y su alianza parlamentaria con Junts. Apenas 24 horas después, el mismo líder del PP dijo este martes estar abierto a “conversar” con quien quiera apoyarle en una moción de censura técnica para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa con el compromiso de convocar elecciones generales. Un giro de un día para otro similar al que ya ejerció en su momento el presidente del Gobierno y que ejemplifica el discurso pendular del PP sobre Junts en función de sus propios intereses y de sus coincidencias ideológicas.

El PP ha basado buena parte de su oposición al Gobierno que lidera Pedro Sánchez en su dependencia parlamentaria de Junts y de EH Bildu. Sobre estos últimos no tienen dudas en la sede nacional de la madrileña calle de Génova. Es el único grupo del Congreso con el que el PP intenta limitar al máximo su interlocución.

Pero Feijóo ha intentado labrar otra relación con Junts, un partido heredero de la antigua Convergència de Catalunya, con quien la derecha española acordó en múltiples ocasiones tras aquel primer pacto del Majestic que en 1996 le dio la llave del Palacio de la Moncloa a José María Aznar. Las coincidencias ideológicas de ambas derechas han sido habituales, y solo el conflicto territorial rompió una alianza siempre aplaudida por los poderes empresariales.

La quiebra se hizo más profunda con la eclosión del procés independentista. En octubre de 2017 se celebró el referéndum en Catalunya y el Gobierno de Mariano Rajoy envió a Policía Nacional y Guardia Civil a intentar impedirlo, sin éxito y con un alto coste de imagen para las fuerzas policiales y el propio Ejecutivo. Después se activó el artículo 155 de la Constitución, la intervención de la Generalitat y el president que declaró una fugaz independencia, Carles Puigdemont, partió hacia Bélgica para escapar de la justicia que sí se aplicó a otros líderes como Oriol Junqueras, Jordi Cuixart o Jordi Sánchez.

La llegada de Feijóo a Génova en 2022 provocó un intento de girar la política del PP hacia Catalunya. Los estrategas del líder del PP creen muy difícil alcanzar el Gobierno de España sin el favor del electorado de la segunda comunidad más poblada de España. Es la región que más veces ha visitado el líder nacional del PP, o al menos eso ha dicho en algunas ocasiones. Y sus intentos de acercamiento tanto a la clase política como empresarial y social de la autonomía han sido muy evidentes y explícitos.

Pero Feijóo dio un paso más allá en el verano de 2023, cuando unos emisarios que el PP todavía no ha terminado de identificar completamente negociaron la investidura de su jefe de filas con representantes de Junts (también anónimos para la ciudadanía). En aquellas conversaciones, que solo se conocen de forma fragmentaria y a golpe de informaciones periodísticas, el PP estudió la amnistía para Carles Puigdemont y se planteó los indultos como una opción plausible, tal y como reveló un alto dirigente del partido a varios periodistas.

Durante aquellas negociaciones secretas el por entonces poderoso vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, lo tildó en una entrevista de “partido cuya tradición y legalidad no están en duda”. Pons, cuya presencia y relevancia ha ido en decadencia, fue uno de los interlocutores con los de Puigdemont aprovechando su condición de eurodiputado en Bruselas, a media hora de distancia de Waterloo.

El fiasco de la investidura de Feijóo acabó con el idilio, al menos en público. El PP siguió con su intención de reconstruir las relaciones con el nacionalismo catalán. Pero la aprobación de la ley de amnistía suscitó una enérgica reacción por parte de las derechas: movilizaciones, peticiones de dimisión para Sánchez y gritos de “golpista” contra Puigdemont, pese a que el Tribunal Supremo desestimó las acusaciones por rebelión.

En su espiral discursiva, el PP de Feijóo llegó a comprar en público la tesis judicial, hoy denostada, de que hubo terrorismo durante el procés, si bien es cierto que en privado los más altos dirigentes del principal partido de la oposición reconocían que iba a ser muy difícil condenar a Puigdemont por esos delitos.

El PP también compró la idea de Vox de ilegalizar a los partidos que promuevan un referéndum de independencia, pero al portavoz parlamentario, Miguel Tellado, le forzaron a salir a enmendarse a sí mismo y la propuesta quedó enterrada.

Pero el auténtico giro de la relación del PP con Junts se produjo en la última mitad de 2024, a la vez que la acción judicial ha impedido la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y se han enrarecido las siempre complicadas relaciones de Junts con el Gobierno.

El cierre del año pasado fue clave. El PP y Junts pactaron una enmienda en el Congreso para suspender el impuesto a la generación eléctrica. Semanas después, la política fiscal volvió a unirles en el intento de contrarreformar en el Senado el paquete fiscal pactado previamente por el Gobierno con sus aliados parlamentarios.

Un aviso de Puigdemont que en el PP han sabido leer para recuperar la idea de una moción de censura “técnica” para ir a elecciones en el mínimo plazo legal posible y que ha encontrado el imprescindible apoyo de Vox. Desde que Feijóo deslizó la idea por primera vez, allá por el mes de octubre, Santiago Abascal se ha mostrado a favor de que esta vez sea el líder del PP el que dé ese paso adelante. Sin embargo, el hecho de saber que para que la iniciativa prospere debe contar con los votos a favor de los nacionalistas de Junts le ha obligado a medir sus palabras y a matizar en varias ocasiones sus declaraciones ante el temor a que sus votantes le reprochen que va de la mano de los de Puigdemont, justo cuando empiezan a remontar en las encuestas. 

El líder de Vox siempre ha mantenido que con Junts su partido “no iba a ninguna parte”, pese a que ha coincidido en el Congreso en algunas votaciones también de marcado carácter ideológico, como la propia contrarreforma fiscal pactada con el PP. Pero sus ansias por echar a Pedro Sánchez de la Moncloa le han llevado estos días a mostrar por primera vez su apoyo explícito a esa hipotética moción de censura liderada por el PP, aunque con una serie de condiciones: que no haya cesiones de ningún tipo “al separatismo” y que sirva para convocar elecciones generales de inmediato. 

Como el PP, Abascal dice no querer “pactar con Junts” mientras reconoce necesitar sus votos para echar a Sánchez. El pasado lunes, en una inusual rueda de prensa protagonizada por el líder de Vox, dijo: “Nosotros decimos ‘sí’ a la moción, ‘sí’ a la convocatoria de elecciones inmediatas, pero sin cesiones al separatismo”.

El dirigente de extrema derecha retó a Feijóo a presentar ya la moción de censura contra Sánchez sin esperar a Junts, que “no se mueven sin nada a cambio”, con el fin de que “los demás partidos se retraten”. Abascal aprovechó para recordar que Vox ya presentó dos mociones de censura contra el líder del PSOE, que los populares no apoyaron: en la primera votaron en contra -estando de líder Pablo Casado-; y en la segunda se abstuvieron, ya con Feijóo al mando y con Ramón Tamames como candidato.

En la sede de Vox están convencidos de que de ese hipotético debate saldría beneficiado Vox y Abascal más que el PP y Feijóo, que ha visto en las últimas semanas un repunte de la extrema derecha en las encuestas.

Unos sondeos que no han pasado desapercibidos en Génova y que tienen su punto de inflexión en la gestión de la DANA de València. En el PP respiraron tranquilos cuando Vox anunció su salida de los gobiernos autonómicos que compartían por la acogida de menores migrantes. El problema es que esas cinco comunidades han comenzado 2025 sin presupuestos y Vox no parece dispuesto a aprobarlos así como así. Contra lo previsto, el movimiento de los de Abascal ha recibido el refrendo de las encuestas.

La cuestión de confianza, próxima prueba de fuego

Hasta la siempre dura Esperanza Aguirre defendió este martes cualquier mayoría parlamentaria que permita a Feijóo sacar a Sánchez de la Moncloa. Su pupila, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no decir más que ella jamás pactaría con Junts, y se limita a agradecer en público no tener que tomar esa decisión si llega el momento.

El silencio de otros habituales en la discrepancia con Feijóo, como su barón catalán, Alejandro Fernández, o de Cayetana Álvarez de Toledo terminan de dibujar un escenario en el que el PP parece vislumbrar opciones de sacar la censura o, en el peor de los casos, enturbiar las conversaciones de Junts y el Gobierno para los Presupuestos de este año. Y si estos decaen, entonces sí el derrotero de la legislatura se haría muy impredecible.

Ante las presiones de Junts, que este martes en boca de Jordi Turull advirtió al Gobierno de las consecuencias que tendría para el Ejecutivo no someterse a una cuestión de confianza, los socialistas descartaron de plano que la Mesa del Congreso de los Diputados vaya a dar luz verde este jueves a la proposición no de ley de los de Puigdemont que reclama a Pedro Sánchez una cuestión de confianza. Aunque las conversaciones siguen abiertas en la búsqueda de un plan B que evite el choque total. 

Hay un tema de fondo y otro de forma“, explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. ”De forma, porque es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, y de fondo porque ¿para qué? El Gobierno cumple sus compromisos con todos los grupos“, reivindicó. En privado, varias fuentes de Moncloa consultadas por este periódico aseguran que no se tramitará la PNL porque eso sentaría un precedente ”peligroso“ que pondría en cuestión el papel de los grupos parlamentarios y del propio presidente del Gobierno, cuyas funciones vienen ”claramente fijadas en la Constitución“. 

Desde el PSOE, mientras, advierten que las conversaciones están abiertas con los independentistas catalanes en varios frentes, desde la delegación de competencias en materia migratoria, pasando por el horizonte de los Presupuestos, hasta la propia cuestión de confianza. Distintas fuentes consultadas en el partido apuntan a que la postura es la de no facilitar su tramitación, aunque dejan la puerta abierta a encontrar una salida in extremis que evite otro choque frontal con Junts que facilite a Puigdemont la escenificación de una ruptura, y que pasa por la posibilidad de que la propuesta sea modificada antes de ser calificada definitivamente por la Mesa del Congreso

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