La portavoz del Ejecutivo reitera «el máximo apoyo y la máxima confianza» en Álvaro García Ortiz después del último paso dado por el juez Hurtado y critica que Ayuso ponga a disposición de su pareja «todos los recursos» de la Comunidad de Madrid
El Supremo amplía la investigación al círculo más cercano del fiscal general y apunta a la Moncloa
El Gobierno no ceja en su respaldo sin fisuras al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el último auto de Ángel Hurtado materialice su previsible citación como imputado, amplíe la causa a uno de sus colaboradores más estrechos en la Fiscalía y apunte, incluso, a la existencia de una estrategia que habría llegado hasta la Moncloa para intentar perjudicar a la presidenta madrileña.
Cuestionada por esa novedad judicial, la ministra portavoz ha vuelto a defender al Fiscal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha rechazado de manera explícita esa previsible imputación. “En el auto no hay prueba concreta que señale al Fiscal General. No compartimos la decisión sobre su imputación”, ha manifestado.
Pilar Alegría ha rechazado pronunciarse sobre un hipótetico horizonte de apertura de juicio oral a García Ortiz. “No vamos a entrar en elucubraciones. Pero este Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete. Y las filtraciones y los bulos están donde están, en el equipo de la señora Ayuso”, ha contestado.
La ministra portavoz ha mostrado “toda la confianza en la Justicia”, a pesar de que ha insistido en sus críticas al auto del juez Hurtado. “No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal y conocemos quién reveló la información, así que entenderán que no compartamos la decisión”, ha insistido para arremeter contra Ayuso por la defensa que lleva a cabo su equipo de su propia pareja, investigada por dos delitos fiscales. “No han dudado ni un segundo en poner a disposicion de la pareja de Ayuso todos los recursos de la Comunidad autónoma”.
En la causa se investiga la filtración del correo en el que el abogado del empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, reconocía haber cometido dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar con la Fiscalía. La causa indaga en si García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, maniobraron en la noche del 13 de marzo de 2024 para que la confesión del empresario acabara publicada en los medios.