El Ministerio Público solicita que Alberto González Amador comparezca ante el juzgado que le investiga por defraudar 350.000 euros ante la proximidad de que se cumpla el límite de 12 meses de instrucción el próximo mes de marzo
El Supremo amplía la investigación al círculo más cercano del fiscal general y apunta a la Moncloa
La Fiscalía ha pedido que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declare como imputado en el juzgado que le investiga por fraude fiscal. El Ministerio Público advierte a la magistrada que en marzo se cumplirán los 12 meses de límite para instruir el caso sin que el acusado haya comparecido de forma efectiva ni una sola vez. La última comparecencia de González Amador estaba prevista para el pasado mes de noviembre pero fue suspendida a petición del propio empresario tras la apertura de una nueva ramificación del caso para analizar su relación con el grupo Quirón.
La jueza Inmaculada Iglesias suspendió el tercer intento de citarle a declarar el pasado 29 noviembre, precisamente a petición de la defensa del empresario. Hacía poco que la magistrada había aceptado abrir una pieza separada para ampliar el caso y su abogado pidió que, mientras se resolvieran sus recursos, no se le tomara declaración, al tiempo que pedía “acelerar al máximo la tramitación” de sus recursos.
Su primera declaración estaba prevista para el 20 de mayo, pero ese día el empresario, después de evitar a la prensa usando una peluca, no compareció porque no había sido posible localizar a algunos acusados. Su segunda citación, ya a finales de junio, también fue aplazada después de que PSOE y Más Madrid pidieran analizar su relación con el Grupo Quirón. Ese día, el comisionista ni siquiera llegó a entrar en los juzgados ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid.
La Fiscalía cree que es necesario que González Amador comparezca antes de que se cumpla el año desde la apertura de diligencias en el juzgado ante la posibilidad de tener que solicitar alguna prórroga o declarar la causa como compleja.
Un año de investigación
La Fiscalía denunció a González Amador en los juzgados de Madrid por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. El empresario facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Durante los primeros meses de investigación, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero la estrategia fue virando, poco a poco, hacia el reconocimiento de los hechos y el control de daños. Primero, retiró algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado, ofreció un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo, que motiva la nueva citación de la jueza conocida este martes, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros entre deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad.
La investigación de Hacienda asumida por la Fiscalía fue tan exhaustiva que las diligencias abiertas por la jueza Inmaculada Iglesias apenas pasaron de pedir toda la documentación al fisco y llamar a declarar al propio González Amador y sus supuestos socios. Sin embargo, hasta el momento sólo ha habido dos intentos fallidos de que el empresario compareciera ante la Justicia.
La petición de la Fiscalía es conocida un día después de que el Tribunal Supremo haya dado un paso clave en la causa paralela que investiga si desde el Ministerio Público se filtró documentación confidencial del caso: la citación como imputado, entre otros, del fiscal general del Estado para el próximo 29 de enero.