La oposición de BNG y Partido Socialista abronca al diputado popular José Luis Ferro Iglesias por reducir a “abusos del director de la prisión” lo sucedido en la isla de la ría de Vigo por la que pasaron unos 6.000 presos demócratas y republicanos
El Gobierno central protegerá el Pazo de Meirás y la isla de San Simón como “Lugares de la Memoria Democrática”
Por el campo de concentración de la isla de San Simón, en la ría de Vigo, pasaron unos 6.000 presos demócratas y republicanos entre 1936 y 1943. Los historiadores todavía no han precisado cuantos no salieron vivos, pero no fueron pocos: la disentería y el tifus eran habituales, más de un millar de internos se amontonaban al mismo tiempo en dos islotes, 250 metros de largo por 84 de ancho. La masificación alcanzó tal nivel que fondearon un barco en las cercanías, el Upo Mendi, y lo llenaron de reclusos. A otros los cruzaban a Cesantes, en el continente, donde partidas de falangistas los recogían para pasearlos. Fue uno de los nodos más temidos del universo concentracionario del primer franquismo. El PP relativizó los hechos este miércoles en el Parlamento de Galicia: “Que nosotros tengamos constancia tampoco sabemos que hubiese muertes en la isla de San Simón”.
El diputado conservador José Luis Ferro Iglesias redujo lo sucedido a “los abusos del director de la prisión en aquel momento” y recordó que este había sido “pasado a cuchillo” por “tratar mal a los presos”. Nada más. A Fernando Lago Búa, el carnicero de San Simón -“persona de referencia de la brutal represión de los sublevados en Galicia”, en palabras del historiador Emilio Grandío- y su primer responsable, lo fusilaron los propios alzados contra la República en enero de 1937. Lo acusaban de promover una oscura trama de extorsión a los internos, pero los detalles del caso y los implicados son aún objeto de discusión. San Simón, en todo caso, siguió funcionando como campo de concentración seis años más. Antonio Caeiro, director en del documental Aillados. A memoria dos presos de 1936 en San Simón (primera versión en 1988, último montaje en 2001), también encontró el rastro de fusilamientos: al menos seis, asturianos que habían sido juzgados en Camposancos (A Guarda), donde hubo otro campo franquista. De allí los trasladaron a San Simón. Los investigadores Gonzalo Amoedo y Roberto Gil Moure explicaban, en su libro Episodios de terror durante a Guerra Civl na provincia de Pontevedra (Xerais, 2007) que solo en 1941 murieron allí 250 personas.
Ferro Iglesias respondía a una pregunta en comisión del Partido Socialista que reclamaba el desarrollo en la comunidad de la Ley de Memoria Democrática. En virtud de la misma, el Gobierno central acaba de anunciar que declarará, el próximo mes de agosto, Lugares de la Memoria Democrática el Pazo de Meirás y la propia San Simón. El parlamentario popular aseguró que la Xunta no había recibido ninguna comunicación al respecto y fue entonces cuando rebajó la historia de San Simón a los abusos de su primer director y aseguró que con la “la documentación existente” no hubo muertos en la isla.
Sus declaraciones provocaron la indignación de la oposición. Paloma Castro Rey, la diputada socialista que había formulado la pregunta, lamentó el desconocimiento histórico de Ferro Iglesias y sus inexactitudes. Más vehemente, el nacionalista Luís Bará, muy activo en los colectivos gallegos que recuperan la memoria histórica, calificó de “ofensa como nunca se dijo en este Parlamento a los cientos de personas que murieron en la isla de San Simón, que fueron sacadas de allí para ser asesinadas, que fueron fusiladas”. Bará formó parte, entre 2005 y 2009, del Gobierno bipartito de PSdeG y BNG que convirtió San Simón en centro de referencia de la memoria histórica gallega. Al llegar Núñez Feijóo al poder de la comunidad en 2009, retiró la exposición permanente sobre los presos que había en el lugar y difuminó el relato de los años en que la isla fue campo de concentración.
La Xunta permitió, desde entonces, todo tipo de actividades en San Simón, gincanas, estancias de yoga o noches de Halloween incluidas. Las asociaciones memorialistas protestaron y reclamaron al Gobierno central su declaración como Lugar de la Memoria Democrática ahora concedida y una regulación de los usos más estricta y compatible con su ominoso pasado, algo que recoge la ley estatal vigente.