La Mesa del Congreso debe decidir este jueves si tramita o no la proposición no de ley de los independentistas catalanes que los socialistas consideran que invade una prerrogativa constitucional exclusiva del presidente del Gobierno
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El PSOE intenta sortear la última piedra colocada por Junts en el camino de la legislatura y se afana en encontrar una fórmula que no implique nada parecido a una ruptura. La patata caliente que decidieron posponer hace justo un mes vuelve este jueves al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja se reúne a las 11.00 horas y deberá decidir qué hacer con la proposición no de ley registrada por Junts y que demanda a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, una prerrogativa que la Constitución fija como exclusiva de la figura del presidente del Gobierno. Aunque los socialistas no apoyarán su tramitación, la negociación con los de Puigdemont continuaba a última hora de este miércoles en busca de una salida pactada que evite daños mayores en la ya maltrecha relación política.
Junts, que acusa públicamente a Sánchez de reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados (en privado, según fuentes socialistas, el principal malestar que trasladan es que Puigdemont y otros dirigentes aún no hayan podido acogerse a la amnistía), se desmarcó en diciembre con una exigencia inédita: que el presidente revalidase su continuidad en el cargo ante el Pleno del Congreso como condición previa a negociar los Presupuestos. El movimiento ya pilló por sorpresa en su momento a la Moncloa, que llegó a considerar que se trataba de una sobreactuación de los independentistas catalanes. Pero en las últimas semanas no han dejado de alimentar el órdago.
“Si no se tramita, tomaremos decisiones y no les gustarán”, dijo esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull. Antes, el propio Puigdemont advirtió incluso de “consecuencias irreversibles”. A esa escalada verbal respondió este martes el Gobierno con algo parecido a un portazo. “Hay un tema de fondo y otro de forma”, explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. “De forma, porque es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, y de fondo porque ¿para qué? El Gobierno cumple sus compromisos con todos los grupos”, reivindicó. En privado, varias fuentes de Moncloa consultadas por este periódico aseguraron que la propuesta no se tramitará en ningún caso porque eso sentaría un precedente “peligroso”, que pondría en cuestión el papel de los grupos parlamentarios y del propio presidente del Gobierno, cuyas funciones vienen “claramente fijadas en la Constitución”.
La clave, según otras fuentes parlamentarias consultadas, está en cómo evitar esa tramitación este jueves en la reunión de la Mesa para que la legislatura no salte por los aires. En el PSOE temen que un rechazo puro y duro de los representantes socialistas a la proposición no de ley provoque toda una catarata de reacciones airadas por parte de Puigdemont y los suyos. Y que eso no solo dinamite cualquier opción de negociar unos Presupuestos, sino que tenga aún más implicaciones, como el bloqueo de medidas nucleares para el Ejecutivo como la reducción de jornada laboral o el paquete anunciado en materia de vivienda.
Por eso, las conversaciones entre la cúpula del PSOE y la de Junts se han intensificado desde el lunes en busca de una salida. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes al corriente de la negociación, la propuesta que los socialistas han trasladado al entorno de Puigdemont es la de “reformular” su texto, tal y como también planteaba el informe de los letrados del Congreso que solicitó en su día la Mesa.
La idea de esa reformulación, según esas mismas fuentes, sería reforzar el carácter “mera y exclusivamente político” de la iniciativa, en forma de reproche o de exigencia al Gobierno del cumplimiento de los acuerdos firmados. Pero que evite las alusiones directas a un mecanismo constitucional, el de la cuestión de confianza, exclusivamente reservado al presidente del Gobierno.
Descartada de plano la calificación de la proposición no de ley tal cual está registrada, todas las fuentes consultadas mantenían la cautela en la noche de este miércoles sobre la decisión final de la Mesa. Entre esas fuentes hay quien deja abierta incluso la puerta a que sea el propio órgano de gobierno de la Cámara quien este jueves acabe por “instar” a Junts a la “reformulación” de su iniciativa para evitar así tumbarla directamente, algo que piensan en el PSOE que podría dar aún cierto margen a la negociación y evitaría el choque. Aunque todo ello vinculado, según las personas consultadas por elDiario.es, al discurrir de unas conversaciones que prevén que se alarguen hasta la mañana del mismo jueves.
Desde Junts siguen con cautela los pasos del PSOE en estas últimas horas antes de la decisión final sobre la admisión a trámite de su iniciativa. Fuentes de la formación afirmaban este miércoles que seguían hablando con el grupo del Gobierno, pero que no tenían prevista una modificación sustancial de la propuesta, que según indican no se trata de ninguna “moción de censura encubierta”, sino de una propuesta para invitar a Sánchez a reafirmar el apoyo de la Cámara, si lo tiene.
En Junts ponen el acento sobre esta cuestión, pues consideran un “exceso” que la Mesa no acepte tramitar su propuesta, que es una proposición no de ley sin efectos jurídicos, únicamente políticos. Por ello, insisten los de Puigdemont, su iniciativa debería llegar al pleno, más aún cuando los letrados del Congreso no le han visto inconvenientes.
Más allá de la cuestión jurídica y de recordar que vienen avisando de “consecuencias irreversibles”, la formación independentista no tiene previsto hacer hacer declaraciones previas. De hecho, podría incluso esquivar cualquier manifestación el jueves en el Congreso, para dar todo el protagonismo a su líder. “La reacción la haremos en la rueda de prensa [de Carles Puigdemont]”, aseguran, en referencia a una comparecencia prevista para el viernes.
En un informe de 14 páginas que abordó la conveniencia o no desde el punto de vista legal de que se admita a trámite la iniciativa de Junts, los letrados de la Cámara Baja terminaron por lavarse las manos y pasarle la patata caliente a los grupos parlamentarios representando en la Mesa. “A la vista de los precedentes existentes, no cabe extraer una línea de actuación unívoca por parte de la Mesa. Partiendo de la premisa de que nos encontramos ante una proposición no de ley, el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo” apuntó ese informe.
El escrito añade que, al no existir precedentes, “corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”. Eso sí, en el caso de ser admitida a trámite, los servicios jurídicos ya sugirieron a Junts que reformulen su iniciativa. “Cabría solicitar al grupo parlamentario autor de la iniciativa la reformulación de la misma para reforzar el carácter exclusivamente político de la misma”.