Sobre la mesa está la creación, por fin, de un estatuto docente que estructure la profesión: las organizaciones sindicales priorizan las condiciones laborales, mientras el ministerio tiene más interés en reformar el acceso a la docencia mediante oposiciones o el máster del profesorado de Secundaria
Alumnos y profesores piden cambios en el máster obligatorio de Secundaria: “Acabó con mis ganas de ser docente”
Empieza la gran negociación que debe definir el futuro del profesorado. El Ministerio de Educación y los sindicatos sectoriales se sentaron este martes a la mesa para empezar a definir cómo van a abordar la reforma de la profesión docente y crear, idealmente, un estatuto docente. Fue una cita muy inicial en la que se habló de los grupos que compondrán la mesa negociadora, pero es la primera de lo que se espera que sea una gran negociación que incluya las ratios de alumnado por clase o profesor, las horas lectivas, la ubicación de este colectivo en la gran familia de funcionarios, cómo desarrollarán su carrera profesional, desde la formación inicial en las facultades hasta el acceso (el sistema de oposiciones) o la jubilación, entre otras cuestiones.
De un lado, juntos pero no necesariamente revueltos, los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STES, CIG (gallego) y ELA (vasco). Del otro, el Ministerio de Educación, que en el encuentro de este martes envió al subsecretario de Estado de Educación, Santiago Roura. Entre ambos y como objeto de la negociación, 784.425 docentes, según datos del departamento que dirige Pilar Alegría, aunque no todos se verán afectados por igual por el fruto que salga de esta negociación: hay 569.705 en centros públicos pendientes de lo que suceda con los funcionarios y 214.720 en privados que no se verán afectados por esa parte.
La primera reunión dejó claro este martes la diferente aproximación que sindicatos y ministerio quieren hacer en esta negociación. Fuentes sindicales presentes explican que sus principales intereses están en lo que podrían considerarse condiciones laborales del profesorado: las ratios (cuántos alumnos tienen en cada clase), las horas lectivas semanales o la inclusión de todos los docentes en el grupo A1 de la escala funcionarial (ahora hay un batiburrillo de figuras).
El ministerio, según esta versión, está más interesado en abordar cuestiones más “teóricas”, como las oposiciones, la competencia docente que debe marcar el desarrollo profesional, la reforma de los planes de magisterio o del cuestionado máster del profesorado. Estas fuentes presentes en la reunión explican que Educación está abierta a ir aprobando cuestiones que se puedan acordar en las negociaciones para que entren en vigor antes de que se pacte el todo.
Las organizaciones de representación del profesorado llevaban años exigiendo que arrancara esta negociación, que el propio ministerio se comprometió a abrir en el momento en el que lo incluyó como una obligación en la Lomloe. Pero Educación se limitó a cumplir con los mínimo dentro del plazo autoimpuesto, hace ya dos años, y presentó un documento con 24 medidas “deslabazadas” (dijeron entonces los sindicatos) con el que consideró que había cumplido. Entre las medidas que planteaba ese documento está la creación de una prueba para acceder al Magisterio, una idea que el ministerio ha estado alimentando desde entonces. En cualquier caso, el asunto se dejó dormir hasta este martes cuando, completados ya los desarrollos normativos de la (no tan) nueva ley de educación, el ministerio quiere abrir lo que denomina “la legislatura del profesorado”.
Ratios y horas lectivas
Son dos de las principales reivindicaciones sindicales desde hace años. La historia de las horas lectivas, cuántas clases semanales imparte cada profesor, se remonta al menos a 2012, cuando el exministro José Ignacio Wert las subió dentro de las medidas que aprobó el gobierno para contener el gasto. Años más tarde el ministerio socialista revertió en parte esta medida, pero lo que Wert había hecho de manera obligatoria, Celáa propuso como voluntario. Eso provocó que no todas las comunidades autónomas, que son quienes fijan las horas lectivas en su territorio, hayan vuelto a las originales. Los sindicatos piden 18 en Secundaria y 23 en Primaria, cifras que se dan en muchas autonomías ya, pero no en todas. Y las organizaciones docentes quieren que queden fijadas como obligatorias.
Algo similar sucede con las ratios, que también subieron la década pasada. En este caso, sin embargo, algunas organizaciones están abiertas a que se haga una reducción selectiva, no generalizada. CCOO, por ejemplo, propone que para esta cuestión se cuente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo como dos estudiantes en vez de uno, de manera que en estas aulas, que requieren más atención, bajarían las ratios, pero no en el resto.
Otro de los aspectos centrales que pretenden resolver los sindicatos es la actual dispersión de niveles funcionariales que hay entre los docentes, que oscilan entre el A2 nivel 22 que tienen los maestros y el A1 nivel 26 de los catedráticos de Secundaria. La petición sindical es que todos tengan un A1, dado que su “labor social y responsabilidad es máxima”.
Además, CSIF quiere hablar del “reconocimiento de la autoridad en el aula, la pérdida de poder adquisitivo por encima del 20% desde los recortes de 2010 y del incremento de la edad de jubilación”, una exigencia, esta última, compartida por otras organizaciones como UGT.
Este sindicato destaca también su interés –compartido– porque se reduzca la burocracia, o al menos la parte que le toca a los docentes. “A pesar de exigir cada vez más responsabilidades al profesorado, el perfil docente y las condiciones que regulan su trabajo no han evolucionado de la misma forma”, sostiene UGT.
Las competencias docentes
El ministerio presentó una agenda de cara a la cita de este martes en el que solo contemplaba la creación de los grupos de trabajo que tendrán que realizar la negociación efectiva. En ese documento se recogían los que parecen intereses de Educación para todo el proceso: se propone crear un grupo para el marco de competencias profesionales docentes; uno para la formación inicial del profesorado; para los sistemas selectivos e ingreso en la función docente; para la tutorización de prácticas e iniciación a la docencia; formación permanente del profesorado; y sistemas y procedimientos para el desarrollo profesional docente.
Quizá la principal novedad entre las propuestas esté en el primer grupo, de competencias profesionales docentes. Ese marco, de desarrollo profesional docente, define diferentes competencias para el profesorado y niveles adquiridos. Estas competencias son, según el documento: programación del proceso de aprendizaje y enseñanza; práctica y gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje; evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza; desarrollo integral y bienestar del alumnado y el docente; acción tutorial; convivencia y valores democráticos; participación en el centro; compromiso con la mejora y la calidad educativa; desarrollo profesional continuo; liderazgo comunicativo; digital; y lingüística docente. Cada profesor podrá tener un nivel entre cero y tres en cada competencia, donde cero sería el adquirido al finalizar la formación inicial y tres el máximo posible.
La primera mano está repartida, pero la partida que debe definir el futuro docente apenas empieza. Sindicatos y ministerio son conscientes de que la negociación será larga.