España lleva años ignorando el peligro de incendios como el de Los Ángeles: “Todas las provincias están en situación crítica»

26 muertos. 150.000 evacuados. Los mortíferos incendios de Los Ángeles han evidenciado la carrera hacia el peligro que supone la continua expansión urbana hacia el monte en las condiciones superinflamables que genera el cambio climático. En España, en el top 3 de los incendios forestales en Europa, estas zonas donde las casas se tocan con el bosque no paran de crecer: en 2010 una investigación calculó que ya había más de un millón de hectáreas de interfaz urbano-forestal. Sin embargo, “la situación ahora es peor”, afirma a elDiario.es la catedrática de Análisis Geográfico Regional, Cristina Montiel Molina –una de las autoras de aquel trabajo–.

El riesgo de fuego en esta interfaz es el doble que en un bosque, ya que esa presencia de humanos y sus actividades pueden iniciar el fuego –de hecho, el 85% de los incendios son causados por humanos–. Estas zonas, además, hacen más difíciles los trabajos de extinción porque no es lo mismo apagar un incendio que planificar la evacuación de personas. Los bomberos no dan abasto.

Montiel Molina explica que “ha aumentado la superficie de territorios en riesgo y no se han tomado las medidas de preparación y adaptación para reducir la vulnerabilidad: la población –que es más numerosa en esas zonas y menos informada– no es consciente de dónde vive ni del peligro en que se encuentra. Tampoco sabe actuar en caso de riesgo. La situación es muy preocupante y no estoy exagerando”, remata.

“No hemos mejorado mucho”, opina la especialista en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández. “Seguimos viendo que esta interfaz urbano-forestal crece en España y que los programas de autoprotección de las poblaciones no se generalizan”. “No tenemos una cartografía clara y actualizada y una cuantificación del nivel de peligro”, se queja Hernández.

El riesgo de meter viviendas en la linde del bosque no es una novedad. Ya en 2006 la empresa Typsa elaboró una evaluación y zonificación de este peligro para el Gobierno. El documento señalaba la costa mediterránea como la zona de nivel más alto de riesgo “por la tipología y el número de situaciones de interfaz muy peligrosas”, decía.

Este análisis marcaba especialmente la provincia de Girona (con riesgo muy alto), pero en la franja alta estaban Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante. También Málaga. Además, la evaluación atribuía peligro muy alto a la Comunidad e Madrid y en nivel alto Ávila (con “bastantes poblaciones cerca de arbolado muy peligrosas”). Santa Cruz de Tenerife presentaba riesgo alto.

Sin embargo, en 2025, la catedrática de la Universidad Complutense, Montiel Molina, afirma que en realidad, “todas las provincias están en situación crítica. El ámbito mediterráneo, por el clima y el modelo territorial, está peor, pero en la España atlántica el desarrollo urbanístico de la interfaz, ya sea en Galicia o el País Vasco, es muy grande”.

Pasado todo este tiempo desde aquella evaluación, Lourdes Hernández afea que todavía “ocurre un poco como con las inundaciones. Continuamos construyendo donde había peligro y no integramos el riesgo de incendio en la planificación urbana cuando es una realidad que ya está aquí: no sabemos dónde va a ocurrir exactamente, pero sí que las condiciones se dan. Que el incendio va a suceder”.

En este sentido “el peligro no se está ponderando nada, lamentablemente –analiza Montiel Molina– . Los servicios de gestión de desastres lo avisan y preparan, pero en el ámbito social y político están muy alejados de esa realidad”.

El aviso transatlántico

“Lo de Los Ángeles nos está dando un aviso que hay que considerar muy seriamente a pesar de las diferencias”, cuenta el investigador del CREAF Josep María Espelta. Este biólogo explica que “han desaparecido las fases intermedias entre los núcleos urbanos y la masa forestal. La expansión de la urbanización hasta el bosque hace que el fuego llegue a la puerta de casa y dificulta las labores de extinción”.

Espelta acaba de publicar un trabajo en el que propone recuperar espacios abiertos de cultivo y pastos para proteger las construcciones en el Área Metropolitana de Barcelona. “Además, son espacios de biodiversidad”, añade. La idea es romper así la “continuidad del fuego. Que las llamas –o las ascuas incandescentes– no puedan saltar de un sitio a otro fácilmente”. De esta manera, ilustra, “cuando llegue el incendio, quemará más lentamente”.

La nueva era de los megaincendios cebados por el cambio climático a base de sequía, altas temperaturas y vientos ya está aquí. En California han ardido 12.300 hogares y negocios. En el incendio que arrasó la ciudad de Fort Mc Murray en Canadá en 2016 ardieron 2.400 casas (y 540.000 ha).

La investigadora del Centro de Estudios de Riesgos Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Catalunya, Pascale Vacca, argumenta respecto a las casas que “en el Mediterráneo estamos en mejor situación que en Norteamérica porque construimos con materiales más resistentes al fuego como el hormigón, pero eso no significa que haya seguridad 100% porque sí hemos visto que las llamas pueden penetrar por las ventanas o los tejados sin mantenimiento”.

Lo que están mostrando los incendios periurbanos de Los Ángeles –y se había detectado en Canadá– es que pocas casas ardieron por las llamas de los árboles o el calor radiante sino que la combustión comenzó por un “intenso bombardeo de ascuas”, como certificó el análisis del el Instituto para Reducción de Pérdidas Catastróficas.

Vacca, ingeniera experta en incendios, subraya que, con todo, “ahora mismo no existe una normativa que diga cómo hay que construir en la interfaz urbano-forestal y qué materiales no pueden usarse. Tenemos guías, pero no una regulación así que hay que trabajar en eso”. Además, insiste, no solo es importante el material propio del edificio sino todo el entorno de las casas: “Como mínimo en un perímetro de 30 metros se debe procurar que no haya material inflamable como los muebles de jardín o las vallas con vegetación para escondernos del vecino levantadas con plantas que arden muy bien”.

Las competencias de ordenación del territorio están en manos de las comunidades autónomas. El Ministerio de Transición Ecológica contesta que está tramitando un real decreto para que los planes autonómicos antincendios “enumeren las zonas de interfaz urbano-forestal que tengan cartografiadas”.

Cristina Montiel Molina considera que, ante este riesgo, “lo primero es tocar la campana de aviso”. Y después, “hay dos destinatarios primordiales. Primero los ayuntamientos para que desarrollen planes de autoprotección porque en casi todos los municipios existe esta realidad. Y en segundo lugar las comunidades autónomas porque son las que ordenan el territorio (y dan el visto bueno a los planes urbanos) y pueden evitar el desarrollo de estos territorios en riesgo y reducir la vulnerabilidad ante los incendios”.