El conseller de Medio Ambiente del gobierno de Mazón reconoce la merma de ingresos en el decreto que suprime los impuestos recogidos en las leyes de cambio climático
Las previsiones de recaudación evidencian la regresividad de la reforma fiscal de Carlos Mazón
Los problemas de financiación de la Generalitat Valenciana no parecen ser incentivo suficiente para mantener los tributos autonómicos. Tanto que el Ejecutivo autonómico saca pecho de renunciar a la recaudación de impuestos mientras exige al Gobierno central ayudas millonarias para paliar las consecuencias de la DANA y la infrafinanciación crónica. Después de bonificar al máximo el impuesto de sucesiones, rebajar el de donaciones y reducir los tributos a la vivienda para jóvenes, así como el tramo autonómico del IRPF, el Gobierno de Carlos Mazón renuncia ahora a la recaudación de 27 millones de euros al eliminar tres tributos englobados en la ‘fiscalidad verde’.
El pasado 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, el pleno del Consell aprobó un decreto “de mejora de la fiscalidad verde” que suprimía cuatro impuestos creados por el Ejecutivo de Ximo Puig. Los tributos, creados al amparo de la ley de cambio climático del Botànic, nunca llegaron a entrar en vigor porque se aprobaron con una moratoria, que finalizaba en enero de 2025. Así, en tiempo de descuento, y cumpliendo una promesa del propio Mazón, el gobierno del PP los suprimió, argumentando que suponen una doble tributación porque el Gobierno impulsa unos del mismo tipo.
Se trata de un gravamen a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno para grandes establecimientos comerciales, que ejercen de atracción de los vehículos privados.
El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, reconoció en el debate parlamentario que los tres impuestos implicarían una recaudación de 27 millones de euros. El titular de Medio Ambiente lo defendió como un ahorro para empresas y otros contribuyentes, incidiendo en la doble fiscalidad que podría darse de haber seguido adelante con la norma de la izquierda. Previamente, junto a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, recalcó que “el objetivo es que las decisiones de carácter fiscal se orienten a incentivar la actividad económica, empresarial y profesional con el fin de optimizar el diseño del marco fiscal e igualarnos al resto de autonomías”.
También se modificó la regulación de los requisitos para el cálculo de la huella de carbono y el plan de reducción de emisiones de CO2, para que no sea obligatoria la inscripción de las empresas en el Registro de Iniciativas de Cambio Climático, que pasa a ser voluntario. En el debate, el representante del PP Fernando Pastor afirmó que la ley de cambio climático autonómica “golpea la economía”. “Es inmoral que los afectados por la riada tengan que pagar impuestos”, consideró Pastor, que se encontró con el elogio de Vox. PSPV y Compromís señalaron que el cambio es un “peaje” para que Vox apruebe los presupuestos de Mazón y reclamaron un refuerzo de las medidas contra el cambio climático en un momento de “emergencia climática que provoca catástrofes”.
El impacto de los recortes en fiscalidad supera ya los 500 millones de euros, en función de los cálculos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estimó el pasado junio que la Generalitat Valenciana dejaría de ingresar 495 millones en 2024 por las rebajas de impuestos acometidas en los dos últimos años -con una parte de la responsabilidad atribuida al último año del Botànic-. En concreto, el informe de la Airef detalla: “Los ingresos de 2024 en la Comunitat Valenciana se verán reducidos por las rebajas fiscales aprobadas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (212 millones de euros) y el ITPAJD (19 millones de euros). Las últimas rebajas aprobadas a finales de 2023 sobre el IRPF, valoradas en 180 millones de euros, afectarán a los ingresos de la comunidad a partir de 2025”. Un cálculo que aún no abordaba las reformas del último semestre.
En paralelo, el Ejecutivo del PP en minoría sigue exigiendo al Gobierno central un presupuesto completo para la DANA -la primera cuantificación de daños que reclamó Mazón fue de 31.000 millones de euros-, otros 3.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico para compensar el déficit de 2024 y bonificaciones para la reconstrucción. Los populares siguen insistiendo en que el Gobierno de España quiere “asfixiar económicamente” a los ciudadanos valencianos, un discurso de plena confrontación que no se corresponde con las ayudas anunciadas por el Ejecutivo central, que tramita el Fondo de Solidaridad Europeo.
El decreto incluye también una limitación a las deducciones en el IRPF para los empresarios que invirtieran en la reconstrucción de sus negocios afectados por la DANA. A través de una disposición adicional, se modifica una norma aprobada mes y medio antes, en la que se acota el límite temporal de las inversiones que pueden acogerse y se especifica que el negocio debe haber solicitado un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de las inundaciones. Tampoco permite que la base de la deducción no supere el 30% de la base liquidable del contribuyente. Podrán deducir en la cuota íntegra autonómica con el límite por contribuyente de 9.900 euros, el 45% de las cantidades invertidas, según indica el decreto.