Los socialistas aprecian en el líder de Junts voluntad para reconducir la legislatura y se lanzan al desbloqueo de los acuerdos pendientes
El PSOE gana tiempo con Junts para afrontar la negociación de los Presupuestos
Carles Puigdemont consiguió este viernes una vez más la atención mediática y política que tanto persigue. Amante de los golpes de efecto y de los fuegos de artificio, el líder de Junts congregó en torno a sí mismo en Bruselas a toda la cúpula del partido y a decenas de medios de comunicación expectantes por lo que tuviera que decir el hombre que tiene la sartén por el mango de la legislatura. Y logró impregnar los titulares del mensaje que proclama en busca de una posición de fuerza: “Suspendemos las negociaciones políticas sectoriales con el PSOE”.
Pero después de la grandilocuencia llegaron los matices o directamente los desmentidos de su propia declaración de intenciones para confirmar que, en realidad, nada o casi nada ha cambiado. Porque Puigdemont llama al PSOE a seguir negociando para cumplir los acuerdos pendientes, contempla la posibilidad de “recuperar la confianza” en Pedro Sánchez y descarta de plano una moción de censura en connivencia con el PP y Vox. Es decir, lo de siempre.
“Hay tiempo para que el Gobierno cumpla sus deberes y se ponga el día. El PSOE puede cumplir. Si pasan algunas cosas, que ellos saben cuáles son, podemos recuperar la confianza”, dijo en su comparecencia. Tras anunciar la suspensión de las negociaciones durante su primera intervención, a preguntas de la prensa admitió, sin embargo, que no todas serían interrumpidas y que la interlocución con el Gobierno se mantenía intacta en asuntos como la delegación de competencias migratorias a la Generalitat de Catalunya o el uso del catalán en Europa.
Eso sí, supeditó el futuro de su relación con el Gobierno a una reunión en Suiza “extraordinaria y de urgencia” con el mecanismo de “verificación y mediación” para desencallar el bloqueo de los compromisos que, a su juicio, los socialistas incumplen. “Queremos saber si el PSOE cree o no en este acuerdo. Si no recuperamos la confianza y no se cumple lo acordado, las cosas no irán bien”, advirtió.
Junts, que tiene interés en presionar, pero no en perder su ventajosa posición de bisagra parlamentaria, apuesta por reconducir la crisis. Para ello confían en un hombre: Francisco Galindo Vélez, el exdiplomático salvadoreño que ejerce un, de momento, discreto papel como “verificador” en la negociación que PSOE y Junts mantienen en Suiza.
Desde la formación independentista explican que, desde que comenzara la negociación en Suiza bajo la supervisión de Galindo, nunca habían activado el mecanismo de emergencia que utilizarán ahora para forzar la próxima reunión con el PSOE. Este encuentro, entienden, debe ser únicamente para tratar sobre la situación de punto muerto en el que ha quedado su pacto.
En la formación de Puigdemont consideran además que el verificador puede tener por primera vez un papel crucial, más de escuchar las versiones de cada parte, porque en este caso su voluntad es reclamar que Galindo proponga una solución. “La forma de reconducir esto es volver al acuerdo firmado y que haya cumplimientos constatables”, afirman los independentistas.
Una semana negociando para evitar el choque en la Mesa
Acostumbrados a desenvolverse en el resbaladizo terreno de depender de Puigdemont, ni en el Gobierno ni en la calle Ferraz quisieron entrar a emitir valoraciones de la comparecencia en Bruselas de este viernes para no añadir nada parecido a un rifirrafe a una situación política de extrema fragilidad en sí misma. Pero las fuentes socialistas consultadas coinciden en valorar que el expresident, lejos de romper nada, se mostró abierto a reconducir la legislatura si ambas partes son capaces de sortear el ramillete de desencuentros.
Uno de ellos lo esquivó el Gobierno el día antes. El jueves la Mesa del Congreso volvió a aplazar la tramitación de la proposición no de ley de Junts que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, una prerrogativa exclusiva de la figura del presidente. Aunque el PSOE tiene claro que esa iniciativa no puede ser tramitada evitó, sin embargo, la imagen de un portazo que hubiera influido de manera drástica en el tono y en los mensajes lanzados posteriormente por Puigdemont.
Durante toda la semana, la interlocución entre la cúpula del PSOE y el líder de Junts se enfocó en encontrar una salida a esa nueva piedra en el camino. Y se apalabró que a cambio de no tumbar la PNL Puigdemont dejaría la puerta abierta a reconstruir los puentes de la legislatura. Justo lo que terminó ocurriendo. Creen en las filas socialistas que el aplazamiento de esa tramitación da margen a las conversaciones con los independentistas catalanes. Y que si ese diálogo va bien y cristaliza en algún acuerdo eso pueda desactivar finalmente el paso dado por Junts en el Congreso, algo a lo que no cierran ya la puerta, aunque puntualicen: “No la retiraremos a cambio de nada”.
En el PSOE, mientras, mantienen intacto el convencimiento de que la partida de los Presupuestos Generales del Estado, que aún no han empezado a negociarse, puede al menos llegar a jugarse. Y creen, además, que si Puigdemont ha decidido subir el precio de su apoyo es porque esas cuentas supondrían un espaldarazo casi definitivo a la estabilidad de la legislatura y de Pedro Sánchez. Pero, antes de esa partida, los socialistas se disponen a desbrozar el camino.
Amnistía, inmigración y catalán
La reunión en Suiza con la presencia del mediador internacional se cerrará en los próximos días y no tardará en celebrarse, según todas las fuentes consultadas. En ese encuentro Junts volverá a exigir al PSOE avances decisivos en los compromisos pendientes. El principal, la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y a otros dirigentes, está en manos de la Justicia española y no del Gobierno, que ya cumplió con la aprobación de la ley a cambio de la investidura de Sánchez. Pero hay otras negociaciones en marcha.
La más avanzada es la de la delegación de competencias en la gestión migratoria a la Generalitat de Catalunya. Aunque hace un mes estuvo a punto de concretarse el acuerdo entre los independentistas catalanes y el ministerio de Migraciones de Elma Sáiz, un escollo impidió el pacto final: la demanda de Junts de incluir el control de los pasos fronterizos, una línea roja para el Ejecutivo.
También está pendiente otro de los acuerdos firmados, el de la incorporación del catalán como lengua cooficial de uso en las instituciones europeas, algo que tampoco depende directamente del Gobierno. Desde el ministerio de Exteriores se han multiplicado los pasos dados en los últimos meses para conseguirlo.
El ministro Albares remitió una carta en ese sentido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que también visitó personalmente con el mismo objetivo. Ahora está por ver si el Ejecutivo español consigue introducir el tema en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, prevista para finales de enero. Y Junts demanda además la ejecución de las partidas presupuestarias pendientes.
En las filas socialistas aseguran que hay margen para el acuerdo en todos y cada uno de los asuntos que pone sobre la mesa Puigdemont a excepción de la aplicación de la amnistía, en manos de los jueces después de que el Gobierno cumpliera su parte de aprobarla y publicarla en el Boletín Oficial del Estado para que entrara en vigor. Y para dar espacio a esos acercamientos consideran en el PSOE que resulta importante no perder de ojo los tiempos parlamentarios.
La ventaja con la que jugaron este jueves los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, de hecho, tiene que ver con esos tiempos. Porque Junts no tiene cupo para presentar una iniciativa en Pleno hasta el próximo 25 de febrero. A ojos de los socialistas, un tiempo de oro para negociar. “En un mes cabe una legislatura entera”, resumen en el grupo parlamentario.
Lo que ocurre es que el tiempo apremia en cuanto a la actividad parlamentaria del Ejecutivo. La semana que viene, por ejemplo, está previsto un Pleno extraordinario para convalidar dos decretos. Uno, el de las medidas que forman parte del denominado escudo social, como la prórroga a la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre o los descuentos del bono social. El otro, para prorrogar el impuesto a las grandes empresas eléctricas, un compromiso de Moncloa con EH Bildu, ERC y Podemos. Sin el apoyo de Junts, el Gobierno tiene las derrotas parlamentarias garantizadas.