Los vocales asumen que no habrá una propuesta conjunta sobre el sistema de elección del órgano que les reclamó el Parlamento, mientras sigue abierta la pugna por las presidencias de las dos salas más delicadas del Supremo
El Poder Judicial empieza a actuar ante los insultos de jueces a políticos de la izquierda
“Si fuera fácil ya lo habríamos pactado, pero los puentes están abiertos”. Es la definición que hace un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la situación en la que se encuentran las negociaciones de los dos asuntos más relevantes que tiene entre manos el órgano de gobierno de los jueces: la propuesta sobre el sistema de elección de los vocales que les reclamó el Parlamento y la designación de las decenas de plazas sin cubrir en las cúpulas de los tribunales que dejó el lustro largo de parálisis promovida por el PP.
La intención, coinciden miembros de los bloques conservador y progresista, es “no dar imagen de bloqueo”. Pero, al mismo tiempo, asumen que no habrá una propuesta conjunta sobre el sistema de elección y auguran una larga pugna por las designaciones de jueces, principalmente por las presidencias de las dos salas más delicadas del Tribunal Supremo.
El renovado CGPJ inició su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunales. El veto a la designación de jueces mientras no se renovara el órgano provocó que decenas de cargos judiciales siguieran desempeñando sus mandatos fuera del período de cinco años que marca la ley, lo que impedía que otros jueces optaran a esos puestos. Y también que hubiera decenas de plazas ocupadas por suplentes o directamente vacías. Varios de estos nombramientos ya están listos para adjudicar, pero los vocales del renovado CGPJ siguen sin cerrar consensos.
La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a estas plazas. El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta, Isabel Perelló. Por tanto, la elección requiere el acuerdo de consejeros de ambos bloques. Está previsto que la próxima semana representantes de ambos grupos retomen las negociaciones, aunque en ambos bloques se asume que el principal “escollo” es la elección de las presidencias de las salas más delicadas del alto tribunal, la Penal y la de lo Contencioso-Administrativo.
Los vocales progresistas han dejado claro que apoyan las candidaturas de Ana Ferrer, para la Sala de lo Penal, y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a las que ya propusieron sin éxito para liderar el órgano. Como entonces, los consejeros conservadores se oponen a apoyar a ambas aspirantes y han trasladado que respaldarán a los otros dos candidatos: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Se da la circunstancia de que estos últimos, cuya jubilación es próxima, están ocupando en funciones las presidencias de ambas salas, lo que deja “sin incentivos” a los conservadores para llegar a un acuerdo.
En el bloque conservador insisten en la valía de ambos magistrados, que además no están vinculados a ninguna asociación y a los que les atribuyen cierta sensibilidad progresista. En el sector progresista defienden que, en contraposición, sus candidatas tienen un “proyecto” y, además, “tiempo para poder ejecutarlo”. Y dejan caer incluso que a los vocales elegidos a propuesta del PP les puede interesar dejar paralizadas estas designaciones y retomarlas pasados varios meses, cuando Martínez Arrieta y Lucas se hayan jubilado y la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pueda aportar otros perfiles más afines.
También están pendientes de adjudicación casi dos decenas de plazas de magistrados del Supremo. Y la presidencia de la Audiencia Nacional y otros puestos clave del tribunal especial, para los que se han postulado una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores.
Son negociaciones en las que también será clave cómo se aplica la ley de paridad que impone la presencia equilibrada de ambos sexos en los futuros nombramientos en las cúpulas de los tribunales. Por el momento, hay encima de la mesa dos informes antagónicos sobre cómo se debe aplicar una norma que persigue implantar por fin el equilibrio de género en las masculinizadas cúpulas de los tribunales. El bloque progresista defiende que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada presidencia, sala o audiencia donde se cubran plazas; mientras que los conservadores ven suficiente lograr la paridad en el conjunto de nombramientos se realicen durante el mandato.
En este escenario, las fuentes consultadas auguran unas negociaciones “complejas” que esperan que puedan mantenerse al margen de los roces entre ambos sectores que ya han aflorado en algunos plenos. En el del pasado miércoles, los conservadores trataron de abrir durante el turno de ruegos y preguntas un debate sobre la proposición de ley del PSOE que pretende limitar la acción popular y pedir que el CGPJ hiciera un informe al respecto a pesar de que la ley no lo requiere.
La propuesta indignó a los progresistas, que califican de “desleal” pretender debatir un asunto que no estaba en el orden del día. Y, además, hacerlo justo después de que la conservadora APM —a la que pertenecen la mayoría de los vocales conservadores— hubiera elevado a la Comisión Europea sus críticas a esa reforma.
Reforma sobre el sistema de elección
En lo que se da por descontado que no habrá acuerdo es en el informe sobre el sistema de elección de los vocales que les reclamó el Parlamento. Ese fue uno de los puntos del pacto alcanzado en junio del año pasado por el PSOE y el PP para la renovación del órgano. El acuerdo obligaba a los nuevos vocales a hacer una “propuesta de reforma” del sistema de elección de los 12 vocales jueces en un plazo de seis meses, que expira el próximo 6 de febrero, en apenas tres semanas.
El pleno constituyó el pasado 25 de septiembre un grupo de trabajo con dos vocales conservadores y dos progresistas. Sus labores de documentación y análisis ya están ultimadas, pero miembros de ambas sensibilidades dan por hecho que el documento que se remitirá a las Cortes incluirá dos propuestas diferenciadas: una tendente a mantener la esencia del actual modelo, en el que el Parlamento elige sobre una lista cerrada determinada por los jueces, defendida por el sector progresista; y otra que apoya que los vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, que es la mantenida por los consejeros elegidos a propuesta del PP.
Esta semana también ha trascendido un informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que admite la “divergencia de puntos de vista” en relación a este asunto y propone dos alternativas. Por un lado, alude al modelo que defienden “amplios sectores de la carrera judicial, incluidas la mayoría de las asociaciones judiciales” y que supone que los jueces elijan directamente a sus compañeros. Si bien, admite que se podrían incluir mecanismos para reflejar el “pluralismo”, como un sistema de listas abiertas o la inclusión de “criterios de proporcionalidad” que permitieran considerar la proporción por sexo, por categorías e incluso la representación de todas las asociaciones y de no asociados.
La elección directa por los propios miembros de la judicatura y sin intervención del Parlamento de los 12 miembros procedentes de la carrera judicial es defendida por tres de las cuatro asociaciones judiciales. Es el modelo que rige en las elecciones a las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos, donde hay un dominio total de las las asociaciones judiciales que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha.
Por otro lado, el informe del Supremo no se opone frontalmente a la elección parlamentaria. No obstante, abre la puerta a reducir a 24 —desde los 36 actuales— el número de candidatos preseleccionados por los jueces sobre los que decide el Parlamento. Y propone que al menos ocho de los 12 vocales judiciales a nombrar por el Parlamento tengan el refrendo de las Cortes “sin margen alguno a la discrecionalidad”, de forma que los parlamentarios se limiten a constatar su idoneidad.