La mujer, con discapacidad y sin alternativa habitacional, lleva meses luchando contra Visocan por permanecer en la casa a la que accedió hace más de una década. El nuevo gerente de la compañía trabajó para una filial del fondo buitre Blackstone
Hemeroteca – La empresa pública de viviendas de Canarias desahucia a familias vulnerables
Carmen, de 51 años, vive desde hace más de una década con su hijo, de 20, en una vivienda de protección oficial en La Laguna (Tenerife). Ambos tienen reconocido un grado de discapacidad. Ella del 68% por padecer un trastorno que afecta a su aparato genitourinario y él del 37% por presentar una alteración del desarrollo.
El único dinero que entra en la casa es la pensión de la madre, de poco más de 560 euros. Pero eso no ha sido suficiente para pagar el alquiler junto con el resto de las necesidades vitales desde junio de 2015. La empresa pública de viviendas sociales de Canarias (Visocan) quiere ahora desahuciarla por impago. Le reclama 21.700 euros. Ella dice que le cuesta dormir, que no sabe qué hacer, que no tiene otra alternativa. El próximo 22 de enero es la fecha del juicio.
“Es un sinvivir. Esto me ha provocado taquicardia y que se me suba el azúcar. Te van agotando y exprimiendo emocionalmente. Te van destruyendo poco a poco como persona. Quieren que los pobres sigamos con la cabeza pisada en el hoyo”, lamenta Carmen, que ha pedido utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad.
La historia de esta mujer con Visocan comenzó en el año 2013. En ese momento era madre soltera, con discapacidad y acababa de sufrir un desahucio por impago de la hipoteca como tantas otras familias después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Dice que estaba inscrita en la lista de demandantes de vivienda pública del Archipiélago y que una tarde, antes de recoger a su hijo del colegio, recibió una llamada de Visocan para ofrecerle entrar como inquilina en una VPO de nueva promoción en el barrio lagunero de San Matías. La casa tiene dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Viviendas VPO en San Matías, La Laguna.
Durante los dos primeros años, Carmen pudo afrontar el coste del arrendamiento, de 250 euros, a pesar de que su situación económica también era muy precaria entonces. Cuenta que llegó incluso a vender “a la chatarra” su coche para pagar una mensualidad. Pero esa fue la última. En 2015, relata que empezó “un infierno” después de sufrir un embargo de Hacienda por una deuda antigua y se vio “obligada, dadas sus circunstancias económicas y personales”, a dejar de abonar el alquiler.
Ella informó a Visocan del estado en que se encontraba. Lo hizo en un escrito en el que solicitó la suspensión de los pagos debido a su situación de desempleo y los “deficientes ingresos” de su prestación por discapacidad. También pidió acogerse a una especie de cuota cero por su extrema vulnerabilidad. Agrega que nunca recibió respuesta.
En 2017, un año más tarde, el Ayuntamiento de La Laguna y Visocan suscribieron un convenio por el que el Consistorio ayudaría a pagar el arrendamiento de las 119 familias que viven en la misma promoción que Carmen, rebajando el gasto de los inquilinos a 50 euros. Pero ella no lo firmó. Manifiesta que, en la documentación del acuerdo, Visocan figuraba como sociedad limitada y no como sociedad anónima, y que eso le hizo sospechar.
Este periódico preguntó a la Corporación lagunera si ha intentado aclarar a la mujer la legalidad del acuerdo, vigente, al menos, hasta el año pasado, pero no ha obtenido respuesta. Y ya parece demasiado tarde, de todos modos. La empresa pública de viviendas sociales de Canarias le reclamó todas las mensualidades sin abonar en mayo de 2023 y presentó la demanda de desahucio meses más tarde, en enero de 2024. Unas semanas antes, una trabajadora social del Ayuntamiento había constatado la situación de exclusión social en la que se encuentra Carmen. Ella tampoco cuenta con familiares en los que apoyarse.
Viviendas VPO en San Matías, en La Laguna (Tenerife)
“De los cuatro hermanos que tiene, uno reside en Fuerteventura, el otro es autónomo y está pasando por un duelo, una hermana ha sido desahuciada y con problemas de salud mental por intentos autolíticos y la última padece de un cáncer que está siendo tratado”, puede leerse en su informe de vulnerabilidad.
El juicio es dentro de unos días. La defensa ha presentado un escrito de contestación en el que solicita dos cosas: primero, considera que han prescrito los recibos sin pagar desde 2015 hasta febrero de 2019, lo que reduciría la deuda a 12.659 euros; y segundo, señala que no se han cumplido los requisitos para la admisión a trámite de la demanda porque Visocan “no ha acreditado” haber mediado para que la mujer y su hijo encuentren una alternativa habitacional antes de ser desalojados.
Este procedimiento es obligatorio por ley en caso de pleito entre un gran tenedor y una familia vulnerable. Visocan gestiona un parque de más de 6.000 viviendas protegidas en las Islas. En respuesta a esta redacción, la empresa se ha limitado a contestar que “tanto las administraciones como los inquilinos tenemos un compromiso con la legalidad” y “cuando alguna de las partes incumple la ley, son los jueces los que deciden las medidas a tomar”. No ha aclarado nada más al respecto.
Grupos de activistas por una vivienda digna en las Islas criticaron hace unos meses a la compañía por la designación de Javier Terán como su nuevo gerente el año pasado. Terán trabajó entre 2018 y 2019 en Aliseda Inmobiliaria, una sociedad controlada en un 51% por el fondo buitre Blackstone, uno de los mayores caseros del país. En 2023, Aliseda reportó pérdidas de más de 23 millones de euros. El año anterior también registró un resultado similar.
A la izquierda de la imagen, Javier Terán, nuevo gerente de Visocan. En el centro también figura el consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria
El nuevo director de Visocan tendrá como consejero delegado a Agustín Fernández, yerno del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y fundador de una inmobiliaria, Agnante Inversor SL, que no publica sus cuentas en el Registro Mercantil desde 2016. Terán defiende que tiene más de veinte años de experiencia en el sector inmobiliario y que pretende aportar todo su “conocimiento y dedicación (…) con el fin de contribuir a resolver la emergencia habitacional que sufre la población” canaria.
Detalla que la empresa pública cobra un alquiler medio de 383 euros mensuales y resuelve al año más de 11.500 incidencias. También remarca que su intención es destinar los recursos públicos a “facilitar a todos los canarios una vivienda digna” y espera que para 2027 haya 2.000 viviendas protegidas nuevas. “Estamos centrados en esa necesidad y no otra”, puntualiza.
Pero no todos opinan lo mismo. Araceli Refoyo, presidenta de la Plataforma de Viviendas Sociales en Lucha, asegura que desde que Terán se consolidó en el cargo “ha puesto todo su empeño en agilizar los desahucios de las familias que se encuentran en situación de exclusión social y vulnerabilidad económica”.
Protesta de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha en Las Palmas de Gran Canaria
De acuerdo con una resolución del Gobierno autonómico, desde septiembre de 2023 hasta el mismo mes de 2024, Visocan interpuso 29 demandas de desahucio. En al menos once de ellas se alcanzó un acuerdo para suspender el lanzamiento. Refoyo califica su gestión como de “fondo buitre”.
“La diferencia es que este [fondo] se financia con el dinero de todos los canarios. Es conocido que [Visocan] realiza una pésima gestión de nuestros recursos, los cuales invierte y utiliza como si fueran fondos privados”, continúa la presidenta de la Plataforma Viviendas Sociales en Lucha, en guerra con Visocan por el acceso en propiedad a las VPO que habitan sus miembros, tal y como les prometió el Gobierno hace años.
La empresa, por su parte, asevera que la presentación de la demanda es el “último recurso” y que “incluso en los pocos casos en los que el proceso llega hasta el final, sigue esforzándose por alcanzar a acuerdos”. Para Visocan, el alquiler de las VPO (y por tanto, la renta) es de suma importancia. En 2023, acumuló 27,64 millones de euros por este concepto, siendo su principal fuente de ingresos.
Tal es así que en su último balance de cuentas dedica un buen puñado de páginas a aquello que está suponiendo una “reducción de sus recursos financieros”: la morosidad. Visocan señala que ha habido un “incremento considerable” de la demora en los pagos derivado de la pandemia y lamenta la “ausencia de medidas de presión”, como los desahucios, suspendidos para familias vulnerables desde la crisis sanitaria, “para amortiguar el impago de las rentas”.
Promoción de viviendas Visocan en el barrio de Los Andenes.
La empresa cree que durante estos años han surgido inquilinos que, conocedores de la moratoria antidesahucios, han dejado de abonar sus alquileres pese a que venían haciéndolo con total normalidad. Cifra en 1.827 el “número de morosos” y en 20,5 millones el montante acumulado de la deuda. Visocan, eso sí, registró ganancias de cinco millones de euros en 2023 y en 2022, respectivamente.
“No podemos olvidar que mantener en una vivienda protegida a personas que no cumplen los requisitos para ello priva a otros ciudadanos que sí necesitan este recurso”, defiende la compañía.
El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria (CC), dijo en el Parlamento autonómico hace más de un año que Visocan “no ha llevado ni va a llevar a cabo desahucios de personas declaradas de vulnerabilidad”. Pero eso no es cierto.
En 2023, la empresa inició sendos procedimientos contra dos familias en exclusión social, también de Tenerife, y el alcalde de la capital insular, José Manuel Bermúdez (CC), del mismo partido político que Rodríguez, dijo que este había mostrado una “indiferencia con los más vulnerables impropia de una administración pública”.
La cartera que dirige el nacionalista no ha respondido a las preguntas relacionadas con el caso de Carmen hasta la fecha de la publicación de este reportaje. Ella, en cambio, tiene claro qué es lo que va a pasar: “Sé que no van a hacer nada por mí”, lamenta.