València avala el proyecto del marido de una dirigente del PP local y diputada para un ‘supercontrato’ de 155 millones

La propuesta del promotor Javier Timoner, esposo de la diputada popular Alma Alfonso, cumple el umbral mínimo de puntuación para continuar con el proceso, al que se presentó en solitario

El marido de una diputada del PP, a punto de ganar un ‘supercontrato’ de VPO en un barrio de València arrasado por la DANA

El Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá, avanza en el proceso de adjudicación del ‘supercontrato’ de construcción de vivienda protegida en cuatro parcelas municipales, una de ellas en un barrio arrasado por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. 

A la licitación se presentó en solitario la empresa promotora del marido de una diputada del PP en el Congreso y dirigente del PP de València que lidera la alcaldesa María José Catalá. La mesa de contratación colgó el pasado viernes en la Plataforma de Contratación la certificación que admite a la empresa del promotor Javier Timoner Lloret como única licitadora de un procedimiento administrativo especial que supone unos ingresos limpios para la adjudicataria de 155 millones de euros. Se trata del esposo de la diputada Alma Alfonso Silvestre, que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del PP de València, ambos presididos por la alcaldesa María José Catalá. La parlamentaria se ha exhibido en redes sociales con la primera edil popular. El PSPV-PSOE reclamó la suspensión del proceso de adjudicación después de que elDiario.es desvelara la vinculación familiar entre el único promotor que se presentó al contrato y la dirigente del PP, tanto autonómico como de la ciudad de València.

Tras la revisión de la documentación aportada por la empresa, la mesa de contratación admite a la promotora como única licitadora al proceso de adjudicación. La adjudicación, por procedimiento abierto, le otorgaría a la empresa el derecho de superficie para construir un total de 221 viviendas de protección pública en cuatro parcelas de propiedad municipal, una de ellas situada en el barrio de La Torre, arrasado por la DANA. Si la inmobiliaria resultara adjudicataria del contrato, que libra a la promotora del canon de uso del suelo, asumiría todos los gastos de la construcción de los 221 pisos y los gestionaría directamente durante 65 años como viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, con posibilidad de una ampliación por otros 10 años.

Los ingresos para la adjudicataria, según el estudio de viabilidad económica, ascienden a 315 millones de euros por los arrendamientos de viviendas, garajes y trasteros (155 millones después de impuestos). La inversión de construcción de las viviendas que implica el contrato, con un valor estimado de 413,5 millones, está cifrada en 82 millones.

Informe del Servicio de Vivienda

El informe de la sección técnica del Servicio de Vivienda del ayuntamiento, tras revisar la documentación incluida por el promotor, destaca que “solo se ha presentado una única empresa a la licitación”, en referencia a la firma propiedad de Javier Timoner Lloret.

La promotora inmobiliaria “da cumplimiento a lo requerido en el pliego”, con un avance de propuesta arquitectónica “a nivel de anteproyecto” para cada una de las parcelas incluidas en el lote e incluye los “contenidos y referencias suficientes para la evaluación de los diferentes aspectos objeto de baremación”.

Eso sí, el informe municipal advierte de que “únicamente” se ha centrado en baremar la propuesta “a los efectos del procedimiento para la constitución del derecho de superficie” sobre las cuatro parcelas, a tenor de los criterios de valoración fijados en el pliego.

“No se ha procedido a verificar el cumplimiento pormenorizado de la legislación urbanística vigente ni de la normativa técnica de aplicación, más allá de aspectos generales que sí que se han podido comprobar por el bajo nivel de detalle de los planos presentados y la fase de proyecto en la que nos encontramos (anteproyecto)”, indica la sección técnica del Servicio de Vivienda del ayuntamiento.

La valoración del proyecto, en todo caso, cumple el umbral mínimo de puntuación para continuar con el proceso selectivo, concluye el informe.

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