Superviventes y familiares recuerdan aquellos días de enero de 1977 en los que elementos de extrema derecha y la Policía asesinaron a siete personas, y denuncian la connivencia del Estado y la falta de justicia tras casi medio siglo
Memorando – Madrid, del 23 al 29 de enero de 1977
Alejandro Ruiz-Huerta pensó que les habían tirado una bomba. Tal era la intensidad de la violencia vivida minutos antes que el joven abogado ni siquiera era capaz de saber qué había ocurrido. Era lunes, 24 de enero de 1977. Ya había anochecido. Tres individuos de extrema derecha habían entrado al despacho del número 55 de la calle Atocha y habían tiroteado a los presentes. De las nueve personas que se encontraban en el lugar, cinco murieron.
Un día antes, también pistoleros ligados a la ultraderecha habían asesinado a Arturo Ruiz en la capital, en una manifestación por la amnistía. El mismo lunes por la mañana, la joven estudiante María Luz Nájera salió a la calle para protestar por la muerte de Ruiz y un bote de humo lanzado por la Policía acabó con su vida.
Han pasado 48 años de esos días aciagos –del 23 al 29 de enero de 1977– que se recuerdan como la Semana Negra de Madrid. Casi medio siglo después, la memoria de aquellos sucesos sigue encendida. Así lo prueba el próximo estreno de la película Siete días en mayo, dirigida por Rosana Pastor. La cinta combina elementos de no ficción y documentales para contar la historia en la que un director de cine italiano llega a Madrid con el objetivo de preparar una película sobre la matanza de los abogados de Atocha.
La masacre cometida contra los laboralistas supuso quizá el episodio con más repercusión, pero no el único a manos de ultraderechistas y fuerzas del orden.
Imagen del entierro de los abogados de Atocha.
El asesino que vive en Argentina
Miguel Ángel Ruiz es hermano de Arturo Ruiz, estudiante y albañil que murió asesinado con 19 años. “Se topó con una banda de asesinos a sueldo del Estado. Le mataron por reivindicar la libertad”, recuerda. Era domingo, 23 de enero. La sangre no había hecho nada más que empezar a correr. El que disparó fue José Ignacio Fernández Guaza, integrante de Guerrilleros de Cristo Rey y ligado a la Guardia Civil, a quien nunca se pudo juzgar al huir del país con la connivencia del Estado. Hace más de cuatro décadas que vive en Argentina, desde donde se vanagloria de sus hazañas de pistolero.
Guaza no estaba solo. La pistola que accionó pertenecía a Jorge Cesarsky, ligado a la Dirección General de Seguridad y al grupúsculo filofascista Fuerza Nueva. El proceso judicial llevado a cabo a finales de los 70 terminó con una condena contra él por un delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Tenía 50 años entonces y debería haber pasado seis en prisión, aunque apenas cumplió un año de cárcel al ser beneficiario de la Ley de Amnistía, esa misma que Arturo Ruiz reclamaba en las calles.
Manuel Ruiz, hermano de Arturo, junto a la placa puesta en su memoria colocada en la plaza de la Luna.
Miguel Ángel Ruiz, 48 años después de la pérdida de su hermano Arturo, todavía tiene esperanzas de juzgar al autor material del asesinato. Por eso, su caso es uno de los tantos que instruye la Justicia argentina sobre los crímenes del franquismo y la transición. “Los tribunales españoles torpedean todo lo que pueden y no aportan la documentación que les piden desde Argentina, pero no vamos a desfallecer”, defiende.
De María Luz Nájera a los abogados
Al día siguiente, 24 de enero, miles de estudiantes se echaron a las calles para denunciar el asesinato de Arturo Ruiz. La Policía cargó contra ellos. Dispararon botes de humo. Uno de ellos, lanzado a poca distancia, impactó en María Luz Nájera Julián cuando la joven estaba en la Gran Vía madrileña. Aquel artefacto la mató. Tenía 21 años y estudiaba Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Nadie fue juzgado por lo sucedido.
Aquel día todavía sería muy largo. Alejandro Ruiz-Huerta fue uno de los abogados que salvó su vida tras el atentado que sufrieron varios abogados laboralistas en la calle Atocha. Llevaba dos años trabajando ahí y recuerda la tensión que se vivía, sobre todo después del éxito de una huelga del transporte. “Ya habíamos tenido algunos incidentes con gente del Sindicato Vertical y esa noche del 24 de enero nos íbamos a reunir en un despacho de Fuencarral, pero al final fuimos a Atocha 55”, rememora. Manuela Carmena, al frente del despacho, no puso ningún problema. Ella se quedaría en el despacho que también tenían en Atocha 49.
Enrique Ruano, Dolores González y Francisco Javier Sauquillo
De repente llamaron a la puerta. Todavía esperaban a algunos compañeros para comenzar la reunión. “Al ir a la puerta me choqué con Luis Javier Benavides. Fue él quien les abrió. En cuanto vi su cara, supe que esa gente venía armada”, relata. Los pistoleros les hicieron formar un semicírculo en el hall del despacho. “Tenían dos pistolones, eran enormes. Uno tenía la cara tapada y otro no. Uno más esperaba en la puerta, guardando la fuga”, añade Ruiz-Huerta.
Los ultraderechistas preguntaron por Joaquín Navarro, coordinador de la exitosa huelga del transporte, pero no estaba en el despacho. Estaba en un bar abajo, celebrando la victoria laboral. “Javier Sauquillo se lo dijo, que no estaba. Mientras tanto, el que iba tapado, Carlos García Juliá, se cargó todos los teléfonos y, al volver, se tropezó con un quicio de la puerta y se le escapó un disparo, que le rozó el anorak. Ahí se pusieron nerviosos”, continúa el superviviente.
Tiroteados en el suelo
Ruiz-Huerta sostiene que el tiroteo comenzó inmediatamente después de que Ángel Rodríguez Leal, otro compañero del despacho, reconociera a su asesino. Le había visto en la sede del Sindicato Vertical. Él fue el primero en caer por los disparos. “Luego todos terminamos en el suelo, tiroteados, y uno a uno nos fueron intentando rematar”, cuenta el abogado. Enrique Valdelvira Cayó encima de Ruiz-Huerta, quien solo recibió impactos en las piernas y uno en el pecho, bala desviada por un bolígrafo de su camisa. “Era algo terrorífico. Solo había silencio, y llamaron a la puerta. Me arrastré como pude. Quizá volvían ellos, pero no podía hacer otra cosa. Vi que era un compañero y lo primero que le dije es que nos habían tirado una bomba”, completa.
El comando ultraderechista mató a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También asesinaron a Serafín Holgado, estudiante de Derecho, y Ángel Rodríguez Leal, administrativo en el despacho. El tiroteo hirió de gravedad a Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo, Lola González Ruiz y el propio Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell.
El monumento a los abogados de Atocha, en Madrid
Francisca Sauquillo recuerda que su hermano Javier, apenas 48 horas antes del atentado, le dijo que era muy difícil que en España pasara algo como lo que sucedía en Argentina, con la Triple A cometiendo asesinatos. “Esa semana llegó el culmen de la tensión que se vivía. Yo estaba en Vallecas, en una parroquia en la que nos reuníamos. Llegó mi marido con otro compañero a decirme que teníamos que ir al Hospital 1 de Octubre” (el actual 12 de Octubre), cuenta Francisca. Allí supo que su cuñada, Lola González, salvó la vida porque Javier Sauquillo, su hermano, cayó encima de ella. Lola vivió con secuelas toda su vida.
Francisca, también abogada laboralista –llegó a defender a los últimos militantes del FRAP asesinados por el franquismo en 1975– conjugó el desgarrador dolor personal con la impotencia política que sintió en aquel instante. “El funeral fue un acto de fortaleza. El decano del Colegio de Abogados se enfrentó al Gobierno y permitió que la capilla ardiente estuviera en la sede del Colegio. En las calles, miles de personas enmudecieron con el paso de los féretros”, comenta emocionada.
La reforma del régimen triunfó sobre 300 asesinatos
Terminó la Semana Negra de Madrid, pero no las muertes a manos de la Policía y elementos de extrema derecha. Javier Almazán, presidente del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), cifra en unas 300 las personas que perdieron la vida en aquellos años. “No hay datos oficiales. Ni siquiera se han preocupado de hacer un censo de todas estas personas que fueron asesinadas por defender la libertad”, denuncia. Javier era hermano de Ángel Almazán, quien perdió la vida por una paliza a manos de policías el 15 de diciembre de 1976, justo el día que se votaba el referéndum para la reforma política. “Hablan de un periodo de consenso, de paz y de brillantez, pero eso no fue así”, expresa.
Desde el COT intentan introducir un relato diferente al esgrimido durante décadas sobre lo que supuso la transición española. “Se cometieron decenas de crímenes que siguen impunes. Nosotros queremos introducir el punto de vista de las víctimas porque sabemos que existía un plan establecido para reprimir cualquier disidencia que apostara por la ruptura con el régimen y no por su reforma, como finalmente ocurrió”, termina Almazán.