Los Ayguavives Suaña, la familia rica de Barcelona que pelea para desahuciar a cientos de trabajadores okupas de Ibiza

José Luis de Ayguavives Tur murió en Barcelona el 14 de agosto de 2013. A sus hijos les dejó una cuantiosa herencia. La usufructuaria de todo el patrimonio sería María Mercedes Suaña Pons, viuda y madre de los herederos. Hasta el fin de sus días, ella podría disponer de un piso en el Passeig de la Bonanova, de otro piso en la calle Gaietà Soler de Eivissa, además de un garaje en la capital catalana y de varias fincas situadas en la isla de la que proviene el segundo apellido del difunto esposo: los Tur llegaron desde Catalunya en el siglo XIII, cuando la conquista cristiana. 

Una de esas posesiones ibicencas ha llevado a esta familia barcelonesa a presentar una demanda judicial. Objetivo: echar a los okupas que viven allí desde hace seis meses. Cas Bunets es un pedazo de tierra junto a la primera rotonda que se encuentran los coches cuando llegan a uno de los accesos principales a la capital ibicenca. Su suelo tendría infinitas posibilidades urbanísticas, pero no puede construirse porque está en rústico y le faltan 3.500 metros cuadrados para llegar a los 15.000 que exige el Plan Territorial Insular para poner el primer ladrillo sobre un terreno que, aunque lleve décadas sin cultivarse, sigue siendo agrícola.

Desde agosto, sin embargo, Cas Bunets está habitado. No ha hecho falta el beneplácito del Consell d’Eivissa para que allí se muden cientos de personas, que no necesitaron ni piso piloto, ni licencia de obra, ni promotora, ni arquitectos o aparejadores, ni, tampoco, visitas a la notaría para encontrar un nuevo hogar. Con sus propias manos construyeron un poblado de chabolas, caravanas y tiendas de campaña. Tenían maña (muchos trabajan en empresas de mantenimiento y reformas, o como jardineros o limpiadores en villas y casas de lujo) y les faltaba tiempo para preguntar quién era el dueño de la tierra sobre la que iban a cavar los cimientos de sus casetas. No eran sólo las manos las que movían los picos y las palas. Era la urgencia de tener un techo. Y la rabia.

Palés y plásticos, dos materiales muy inflamables, son la fórmula más sencilla para levantar una infravivienda.

Sólo unos días antes de que comenzara la okupación, a la mayoría los habían desahuciado por la fuerza de Can Rova. Allí vivían de alquiler. Pagaban una renta, en mano, a un casero-pirata. Cada mes volaban cientos de euros por dormir en unas infraviviendas que no eran más cómodas de las que tienen ahora. Era lo más barato que habían podido encontrar en el mercado ibicenco y, a la vez, era ilegal. La Justicia fue implacable, desmontó el negocio y dejó a los inquilinos en la calle. Quedaban casi tres meses de temporada turística, no podían renunciar al dinero de sus trabajos y marcharse de la isla. Lindando con el lugar que había sido su domicilio durante meses –o años– tenían una finca vacía. Cas Bunets. La llenaron de maderas, hierro y plástico. De vida.

Grandes tenedores

“Represento a 71 personas. Hay diez menores y tres mujeres embarazadas. Es pronto para saber cómo avanzará el proceso judicial, pero si estamos unidos tendremos alguna posibilidad de resistir. Por la normativa que protege a las familias vulnerables, solicitaremos que se suspenda el lanzamiento, al menos, hasta pasado el 31 de diciembre de 2025”, dice David Fechenbach Marcos. Este abogado, con despacho en Alcalá de Henares y varios clientes y asuntos mercantiles en Eivissa, entró en escena en agosto, justo después del desahucio. Se entrevistó con los afectados, reunió poderes notariales, intenta, dice, que el siguiente capítulo de esta historia tenga un final diferente. 

Las piezas no han dejado de moverse sobre el tablero desde verano. Entonces, el Ajuntament de Santa Eulària, el municipio donde se encuentra Cas Bunets, ya informó a los propietarios que estaban obligados a pleitear para recuperar el control del terreno. La familia Ayguavives Suaña actuó rápido. El 23 octubre obtuvo el visto bueno del juzgado de primera instancia número 4 de Eivissa para tramitar la solicitud de la demanda. Los demandados respondieron. En el recurso que presentó Fechenbach en diciembre para frenar el proceso acusa a los dueños del terreno de actuar “con mala fe”. ¿Por qué? Primero, por los 15.000 que los demandantes han pedido a los desahuciados de Can Rova como caución para devolver la finca a su estado original. Una cantidad “desproporcionada”, dice el abogado, teniendo en cuenta que los demandados son familias pobres. “La demanda no contempla que los demandados están en una situación de vulnerabilidad económica… aunque muchos de ellos tengan o hayan tenido recientemente trabajo. El concepto de vulnerabilidad económica en Ibiza se debería redefinir”, dice Fechenbach, que insiste en que Cas Bunets es la “vivienda habitual de los demandados”. Es decir, que no han okupado por gusto.

El abogado ve otro motivo de peso para considerar que los demandantes no se están comportando de una forma ética. Según el abogado, María Mercedes Suaña Pons y sus dos hijos “son grandes tenedores”, dueños de más de diez inmuebles. Esta condición, con la Ley de la Vivienda en la mano, podría frenar un nuevo desahucio. Sobre ese argumento pivotará la estrategia de la defensa. 

Un niño juega a pelota mientras una mujer lava la ropa.

En el perímetro del campamento todavía hay restos de los materiales que se utilizaron para levantar las chabolas.

El testamento del cabeza de familia también legaba a su viuda la otra mitad de la empresa a la que habían bautizado con sus apellidos. Ayguavives Suaña SL no tiene página web ni perfiles en redes sociales, pero bajo el paraguas de su CIF se refugian veinticinco bienes raíces y un patrimonio neto de 2,35 millones de euros, según el recurso presentado por la defensa. elDiario.es ha podido corroborar este dato a través de la plataforma Insight View. 

El recurso, además, asegura que esta empresa tiene a su nombre diecinueve pisos en Barcelona, casi todos por encima de la Diagonal. Un edificio del Carrer Oriol Mestres (la dirección social de la empresa) y otro del Carrer Castellnou, en Sarrià, uno de los barrios más caros de la ciudad, parecen pertenecer por completo a la empresa. En la lista también hay garajes y varios locales; uno en la Plaça del Parc, el corazón de Eivissa (el metro cuadrado en alquiler se paga allí a más de 70 euros al mes). Todas estas propiedades aparecen, como alquiladas, en las cuentas de 2023, revisadas por elDiario.es, que presentó una empresa que figura como pyme porque tiene un único empleado en plantilla.

Ayguavives Suaña SL es, para el abogado Fechenbach, “una empresa instrumental” con la que los dueños de Cas Bunets intentarían eludir su condición de grandes tenedores. A esa conclusión llegó después de revisar el catastro. 

Mariano Ramón Suñer es el abogado ibicenco que representa los intereses de los dueños de Cas Bunets. Recalca que la finca “no pertenece únicamente” a Mercedes Suaña Pons y sus dos hijos, sino que hay otros tres propietarios, primos hermanos, pero ajenos a Ayguavives Suaña SL, donde la viuda de José Luis de Ayguavives y sus herederos se reparten los cargos directivos de una firma que se dedica a la “adquisición, enajenación, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles”: “Esta empresa difícilmente puede considerarse como una sociedad instrumental porque se constituyó hace más de veinte años [en 2002] y el terreno está okupado desde hace seis meses. El recurso [que ha presentado la defensa] no tiene recorrido. Mis clientes están legitimados para emprender estas acciones. Son propietarios de Cas Bunets como personas físicas, no a través de su empresa”. 

El letrado considera que, tarde o temprano, se ejecutará el desahucio: “Habrá una orden de alzamiento. ¿Cuándo? No me atrevo a decirlo. Mis clientes están haciendo todo lo que está en su mano para que cese un uso que no ha sido autorizado por ellos y que es ilegal. Lógicamente, usan todos los medios que está en su mano, pero nosotros entenderíamos que quien debería actuar es la Autoridad: es una okupación de una propiedad privada que se ha denunciado… pero parece que no le importa demasiado a nadie”.

El Ayuntamiento: “Acabarán desalojados”

–Desconozco las propiedades que puedan tener estas personas, pero como propietarios tienen un amparo legal. La vivienda es una competencia estatal: desde un Ayuntamiento no podemos procurársela a todo aquel que venga a Eivissa. 

Dice Cristina Tur Colomar, concejala de Urbanismo del Ajuntament de Santa Eulària. Y añade: “Hemos abierto un expediente para restablecer la legalidad y los dueños del terreno han iniciado el proceso judicial al que tienen derecho. Puede tardar más o menos, dependerá del juzgado, pero [los okupas] acabarán desalojados”. 

En Cas Bunets hay decenas de caravanas habitadas.

Junto a la entrada principal del campamento los okupas han colocado un buzón.

La noche del 2 de octubre, la Televisió d’Eivissa i Formentera entrevistó en directo al juez decano de la isla. “Sin personal suficiente, el trabajo se acumula. Siempre se ha invertido muy poco en la Administración de Justicia y eso significa poco personal, pocos medios y malos. Eso provoca que todo se vaya retrasando y acumulando. (…) Hay falta de plantillas estables y duraderas. La estabilidad es la que hace que todo vaya mejor. Sin estabilidad, todo cojea”. El magistrado Sergio González calificó de “chabola” la sede, provisional, de los juzgados sociales, pero no sólo se quejó de la falta de instalaciones. También reconocía que la especulación inmobiliaria era la peor enemiga de la Justicia ibicenca. Es difícil convencer a un profesional cualificado para que se queden en una isla donde buena parte de su sueldo volará para pagar un alquiler, donde será casi imposible que, sin dinero previo o ajeno, una familia decida meterse en la odisea de pagar una hipoteca. Es la misma epidemia que sufren los habitantes de Cas Bunets, condenados a la chabola, en sentido literal. Aunque tienen ingresos, son bastante más bajos e irregulares que los de los funcionarios que no arraigan en Eivissa, ralentizando la acción de la Justicia. 

A ese error del sistema se agarra Fechenbach. Mientras no sepa si la demanda se terminará admitiendo, el abogado tendrá más tiempo para recurrir su admisión. Mientras no se admita, sus clientes no estarán obligados a pagar los 15.000 euros que reclama la familia Ayguavives Suaña para limpiar el terreno. Es un punto muy importante. Si los hechos se desencadenaran y el dinero no se depositase en la cuenta de los multipropietarios, el juez dictaría sentencia. Automáticamente. Una vista oral para reducir el importe es lo único que podría salvar a las familias demandadas. La defensa, de hecho, la ha solicitado para que sea una cantidad simbólica, 300 euros. Papeles atascados, tiempo a favor del poblado de Cas Bunets. 

La vida “normal”

Parece un fotograma de El 47. Al fondo de la imagen, un niño ayuda a una mujer –¿su madre?– a tender la colada. El viento de enero mueve sábanas y ropas, tela mojada. Humedad contra humedad. Al descubrir el objetivo de la cámara, el niño se esconde tras el porchecillo de una chabola. La mujer no se inmuta y sigue tendiendo. No tienen título de propiedad ni contrato de alquiler, ni tampoco fosa séptica, o perforada para abastecerse de agua; ni mucho menos, tomas de luz a las que enchufar una lavadora o una estufa (se calientan con motores a gasolina, diez euros de gasto al día). Falta de todo, pero aquella fila de barracas levantadas a contrarreloj es su vecindario. Hace menos de dos semanas que quitaron el árbol de Navidad que habían plantado en el centro del poblado para celebrar las fiestas. Era tan alto que la copa se veía desde la carretera. Sobresalía por encima de una tela negra que abraza todo el perímetro. Un muro opaco para protegerse de las miradas ajenas. Cinta aislante. 

Varias menores vuelven a Cas Busquets de la escuela o el instituto.

Los habitantes de Cas Bunets han rodeado el campamento con una tela oscura para vallarlo y gozar de más intimidad.

Esa fue la barrera que se encontraron los técnicos de servicios sociales del Ajuntament de Santa Eulària cuando quisieron tomar la temperatura del lugar. Los habitantes, dicen desde el Consistorio, les prohibieron el paso y, a día de hoy, no hay un censo oficial de las personas que viven en este Torre Baró ibicenco. Como la comunidad que retrata la película protagonizada por Eduard Fernández, Cas Bunets es refugio de la mano de obra forastera que reclama la maquinaria capitalista. En los cincuenta, la industria barcelonesa. En los veinte del siguiente siglo, el turismo ibicenco. La única diferencia es que a Cas Bunets sí que llega el autobús; quizás porque, aunque sea una barriada que no aparezca en los mapas, no se ha levantado detrás de una montaña. 

De la parada al portón principal hay escasamente cien metros. Una adolescente y una niña –¿serán hermanas?– pasan junto a esa marquesina con las mochilas a la espalda. Vienen de clase, probablemente de un instituto y un colegio a los que se puede llegar caminando porque están a menos de un kilómetro. Enfilan un sendero de tierra, abren una puerta sin candado y entran en el poblado. Su hogar, hasta que la Justicia dicte lo contrario.