El Gobierno propone una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal

El Gobierno da el primer paso para lo que apunta a ser una de las grandes reformas de la legislatura en el ámbito de la Justicia: una transformación integral del acceso a la carrera judicial y fiscal. El anteproyecto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, blinda por ley el sistema de becas para opositores que, además, tendrán la posibilidad por primera vez de preparar las oposiciones en un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). 

La iniciativa, que pasará ahora al trámite de informe de los órganos consultivos y después iniciará el trámite parlamentario, crea también un registro público de preparadores, que tendrán que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad y garantiza la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, pivota sobre tres aspectos: el fomento de la igualdad de oportunidades, el impulso a la “excelencia” en el acceso a la carrera y la búsqueda de la “pluralidad” en determinados órganos que ahora se eligen mediante el voto directo de los jueces. “Es un paso de gigante en la modernización de la Justicia en nuestro país, un avance esencial”, ha afirmado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar unos 200 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. El 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes. 

Con el objetivo de que todos los estudiantes con vocación puedan optar a ser jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado sin que la renta familiar condicione su decisión, el anteproyecto blinda por ley el sistema de becas que el Gobierno puso en marcha en 2022. Y lo hace, además, garantizando que su cuantía nunca pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (FMI): 1.134 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad. Las ayudas se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Además, serán compatibles con las que ya rigen en algunas comunidades autónomas. 

Las ‘Becas Seré’, en alusión al objetivo de que permitan a los jóvenes juristas “ser” jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado al margen de su capacidad económica o la de sus familias cuentan en la actualidad con un presupuesto de 5,2 millones y 792 beneficiarios y su cuantía es de 6.611 euros anuales. La nueva dotación duplica su importe. 

Además, la reforma pretende dejar este sistema de becas al margen de vaivenes políticos y supone su institucionalización como una política pública permanente. El objetivo es evitar precedentes como el ocurrido en 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular anuló el programa de becas que había regido desde 2006, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). 

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

En todo caso, la complejidad de la preparación de estas oposiciones provoca que, mayoritariamente, quienes opositan no lo lleven a cabo en solitario. Lo habitual es “preparar” con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los aspirantes hasta que se sienten listos para presentarse al examen.

Esta es una figura sobre la que también pone el foco el Gobierno. Y lo hace al exigir “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones (también a los que imparten charlas o conferencias). En el régimen actual sólo deben pedir esta autorización si esta actividad les ocupa más de 75 horas anuales. Además, nadie vigila a quien no solicita ese permiso. Ahora, el anteproyecto impone al CGPJ el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones. 

La intención es acabar con el actual mercado negro de preparadores, en el que los profesionales cobran por alumno hasta 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos, según reveló una investigación de elDiario.es. La obligación de pedir la compatibilidad y formar parte del registro también conecta con las becas públicas, que requieren acreditar los pagos al preparador. Sin factura, no hay ayuda pública posible. 

Fin al modelo únicamente memorístico

Otra de las patas de la reforma es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. En la nueva regulación, se suprimirá una prueba oral y se introducirá una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico. “El objetivo (…) es detectar (…) aquellas otras habilidades, más allá de las puramente memorísticas, que son imprescindibles para una correcta y completa interpretación de las normas jurídicas y para desarrollar de manera óptima la labor de resolución de conflictos”, recoge la exposición de motivos.

La reforma aborda también otras vías de acceso a la judicatura, como el llamado cuarto turno, que permite el acceso de profesionales de otras especialidades del Derecho a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. Así, establece que las convocatorias del concurso oposición deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre. El objetivo es garantizar que una cuarta parte de las plazas de la carrera judicial se provea por este turno, tal y como establece la ley, y revertir la situación actual en la que solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. 

El anteproyecto también prevé cambios en el proceso de acceso a través de este cuarto turno. Así, se hará en primer lugar una prueba escrita eliminatoria, debidamente anonimizada. Y solo después se iniciará la fase de baremación de méritos, que se realizará entre quienes han acreditado “la solidez y rigor técnicos exigibles”, lo que agilizará el proceso. 

El texto también acaba con algunas de las limitaciones que tienen en la actualidad quienes han accedido a la carrera por esta vía. Por ejemplo, se elimina la prohibición de ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto de aquel por el que hubieran ingresado en la carrera judicial. Esta restricción les impedía hasta el momento acceder a las presidencias de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, de acuerdo a las fuentes consultadas. La reforma también prevé la creación de un concurso oposición —una especie de cuarto turno— para la carrera fiscal. 

Acabar con la temporalidad

Por otro lado, el anteproyecto de ley regula un proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal para dar cumplimiento al mandato de la Comisión Europea de acabar con la temporalidad en el sector público. Este proceso selectivo constará de una convocatoria para acceder a la carrera judicial por la categoría de juez y otro para el acceso en la carrera fiscal por la categoría de abogado fiscal. El sistema de selección será de concurso oposición, similar al del cuarto turno. 

Asimismo, el texto incluye otras novedades orgánicas para ambas carreras. Así, se modifican los sistemas de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer para que tengan “preferencia” los profesionales con cierta experiencia en estas materias. También se actualizan los modelos de promoción al sustituir el ascenso supeditado a la existencia de plazas vacantes por un sistema de ascenso automático basado en la antigüedad. Este sistema también se extrapola a la carrera fiscal. 

En paralelo, el anteproyecto prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. También modifica los procesos de elección de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, cuyo modelo de elección actual deriva en un dominio total de la derecha judicial. Estos comicios se rigen por un sistema mayoritario puro en el que resultan elegidos los aspirantes más votados y en el que cada elector puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. La reforma impone un sistema de candidaturas individuales donde el elector podrá votar a un solo candidato, acaba con el voto delegado e implanta el voto telemático, además del presencial. 

El anteproyecto también incluye cambios en la Comisión de Ética Judicial, un organismo independiente del CGPJ encargado de asesorar a los jueces en materia de conflicto de intereses u otras materias relacionadas con su integridad. El nuevo modelo desvincula su actuación del ámbito disciplinario y establece que cuatro de sus nueve miembros sean elegidos por las Cortes. En la actualidad, todos son designados por los jueces, lo que hace que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos.