Santos Cerdán viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont en vísperas de una votación clave en el Congreso en la que se juegan las ayudas al transporte y los ingresos de doce millones de pensionistas
El PSOE acelera el deshielo con Junts para salvar la subida de las pensiones o las ayudas al transporte
Otra votación con suspense. El Gobierno se juega este miércoles en el Congreso la convalidación de un decreto repleto de medidas estratégicas. Están en el aire la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte público, millonarias entregas a cuentas de ayuntamientos o ayudas a la industria electro intensiva que ya están en vigor, pero que podrían decaer si la Cámara Baja acaba por tumbar el texto. Y la incertidumbre sobre si contará o no con los apoyos parlamentarios suficientes promete mantenerse, una vez más, hasta el final. Mientras el ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, viajaba a Bruselas para verse cara a cara con Carles Puigdemont e intentar reconducir la relación con Junts, el Ejecutivo apelaba a la responsabilidad del PP para salvar, al menos con su abstención, los ingresos de doce millones de pensionistas.
“Habría 12 millones de perjudicados a los que, literalmente, les bajarían la pensión. A mí me cuesta creer que lo vayan a tumbar”, asegura en privado un ministro que admite de la complejidad de depender de Junts en el contexto actual y en votaciones tan delicadas y que reconoce también los contactos con los populares. “Hemos hablado con todos, sí. Llevamos bastante tiempo trabajando la votación de este decreto”, apunta otro alto cargo del Ejecutivo.
El convencimiento a última ahora de este martes entre las filas socialistas era que el denominado ‘decreto ómnibus’, que incluye medidas de todo tipo que el Gobierno ha decidido aglutinar en un solo texto para que sea votado de una sola vez, saldrá adelante. Aunque varias fuentes admitían también en privado que era una cuestión más de fe que de certezas. “El único motivo de tumbarlo es darse el gustazo de tumbarlo por castigar al Gobierno, pero tendrían muy difícil explicar que, desde mañana, la gente no tiene ayudas para su abono de transporte público o las mujeres viudas cobren un 9% menos de pensión”, señala otro miembro del Ejecutivo.
El desembarco del PSOE en Bruselas para reunirse con Puigdemont, del que a última hora del martes aún no se conocían detalles, se produce con la urgencia de la votación en el Congreso pero en un contexto mucho más complejo y de largo plazo con Junts. Los desplantes de los independentistas catalanes vienen de lejos y el último, el pasado viernes, llevó al expresident de la Generalitat a “suspender” de manera solemne las relaciones políticas con el PSOE. Para desencallar esa situación, Puigdemont puso como condición la convocatoria urgente de una reunión con el mediador internacional presente y con el objetivo de acreditar los incumplimientos de los acuerdos firmados.
Los socialistas accedieron a esa reunión de urgencia y a la activación de ese mecanismo. Y aterrizaron en Bruselas con la intención de convencer a sus interlocutores de que, de lo que está en su mano, el Gobierno cumple con todos y cada uno de sus compromisos. En ese sentido, la idea de ambas partes era la de avanzar en la delegación de competencias migratorias, para las que Junts exige el control de fronteras terrestres, aeroportuarias y marítimas, así como el uso del catalán en las instituciones europeas o el desembolso de las partidas presupuestarias pendientes.
Pero nadie en el PSOE antes de la reunión era capaz de garantizar que el encuentro pudiera servir para reconducir una cooperación con Junts que a medida que avanza la legislatura se demuestra más débil y más complicada. En el Gobierno están convencidos de que la hipótesis de un Gobierno alternativo al de Pedro Sánchez, con PP y Vox en coalición, es un escenario no deseado por ninguno de los actuales socios del Ejecutivo. Y que por eso, y a pesar de todas piedras en el camino, lo que se espera es que las negociaciones acaben por dar sus frutos.
El PP puede salvar al Gobierno
Aun así, y ante la complejidad extrema y permanente de la vía Junts, el Gobierno también tiene un canal abierto con el PP para la votación de este miércoles en concreto, ya que con una abstención podría facilitar la aprobación del decreto que contiene la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, entre otras cosas. El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado el sentido de su voto y se escuda para no hacerlo en que esa es su estrategia habitual. “Primero debatimos y luego nos posicionamos. El decreto lo debatiremos mañana”, dijo este martes el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, preguntado sobre este asunto. “Vamos a ver qué pasa mañana”, sostenían más tarde fuentes del grupo.
El PP, en contra de lo que sostiene Tellado, sí adelanta frecuentemente su voto, especialmente cuando se trata de rechazar una iniciativa del Gobierno. Este asunto es delicado para el partido porque incluye una revalorización de las pensiones del 2,8%. Tumbar una medida así es difícil de explicar a cualquier electorado. De hecho, Feijóo ya ha anunciado que apoyará la reforma del sistema de pensiones que también va mañana al Congreso en otro decreto y que proviene de un acuerdo del diálogo social.
Pero el decreto contiene una complejidad añadida para el PP. El Gobierno incluyó en el paquete de medidas la devolución al PNV de la histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París. Se trata de un edificio que el régimen franquista arrebató a la formación jeltzale en 1951. Desde 2009, alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.
Este martes, Tellado llegó a calificar este acuerdo de “miserable” en varias ocasiones y aprovechó para profundizar la pelea casi personal que mantiene con el PNV desde que llegó a la política nacional. “El PNV cree que el País Vasco es de ellos y confunden lo público con lo privado. Me daría vergüenza”, dijo. “Tantas lecciones que ha intentado dar el PNV a todo el mundo y resulta que condicionaban la gobernabilidad de España para que un partido haga negocio con un palacete que era público. Es miserable y lamentable”, añadió. De modo que si el PP se termina absteniendo este miércoles en la votación de ese decreto estará facilitando además la devolución al PNV de ese palacete que han criticado desde que trascendió la noticia.
El PP podría terminar salvando al Gobierno en dos ocasiones este miércoles. Lo hará seguro en el otro decreto que contiene la reforma de pensiones pactada en el seno del diálogo social, tal y como avanzó Feijóo hace unos días.
El Ejecutivo tiene atado el apoyo de los populares, pero ha perdido el de buena parte del bloque de investidura después de que EH Bildu, Podemos y el BNG hayan ya avanzado que no la apoyarán al entender que contiene una subida encubierta de la edad de jubilación. Sumar ha aprobado en sus órganos internos de dirección votar a favor de esa reforma toda vez que nace del acuerdo social. “El decreto recoge importantes medidas de carácter social acordadas con los sindicatos. La medida supone una mejora para la clase trabajadora como la que afecta a millones de mujeres que van a poder jubilarse anticipadamente en la manufactura”, sostienen fuentes de la coalición.
El Congreso también vota mañana el impuesto a las energéticas que se convirtió en el eje de la discusión de la reforma fiscal en diciembre. Los dos partidos del Gobierno dan por perdido este decreto que apoyan las fuerzas de izquierda del bloque de investidura, pero que no tiene el aval ni de Junts ni del PNV. Podemos exigió este impuesto como condición para apoyar el paquete fiscal y ya ha amenazado al PSOE con no sentarse a negociar los Presupuestos si no sale adelante este miércoles.