La Fiscalía se opone a investigar a la policía infiltrada de Girona pese a admitir que actuó sin control judicial

El Ministerio Público reconoce que la infiltración se llevó a cabo sin «una regulación expresa», pero avala que la agente engañara un activista independentista para mantener una relación con él

Policías infiltrados: una actividad sin control judicial en el escenario post-ETA

Segundo portazo de la Fiscalía a investigar la infiltración sin control judicial de policías nacionales en movimientos sociales y colectivos independentistas catalanes. El Ministerio Público se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella del activista Óscar Campos contra la agente María I. La mujer mantuvo una relación con el joven ocultando su condición de policía en una “misión profesional” para “obtener información que, admite la fiscal, se llevó a cabo sin ”una regulación expresa“.

El informe de la Fiscalía de Girona es una nueva negativa a indagar en las infiltraciones policiales en Catalunya que desveló La Directa y que, pese a la obligación legal y la reiterada jurisprudencia europea que le ha valido varias condenas a España, por ahora los tribunales rechazan investigar. Así ocurrió con el caso del policía infiltrado en asambleas anarquistas de Barcelona, cuyas víctimas han recurrido en amparo ante el Constitucional la negativa de los jueces a admitir su querella.

El caso de Girona discurrió de modo parecido. Una agente de la policía recién salida de la academia mantuvo durante meses una relación con el activista Óscar Campos ocultando su condición de policía. Le llegó a presentar a su familia. Incluso acudió a las reuniones con los abogados de Campos para preparar un juicio por una protesta en el que el joven estaba acusado. La Fiscalía no considera que nada de todo esto sea delictivo.

En su informe, la fiscal orilla el hecho de que la figura del policía infiltrado no cuenta con una regulación legal expresa (a diferencia del agente encubierto, quien sí debe rendir cuentas a un juez). No obstante, el Ministerio Público respalda la actuación de la policía al enmarcarla en la “obtención de inteligencia criminal, sin la finalidad de obtener pruebas para un procedimiento penal”.

Todo ello pese a que, como admite la fiscal en su escrito, “no existe una regulación expresa” del agente infiltrado. Es más, según la Fiscalía, la existencia de un informe de la propia comisaría general de Información de la Policía (es decir, la unidad a la que pertenecía la agente infiltrada) en el que, a juicio de la fiscal, “se justifica” la infiltración de policías, excluye cualquier tipo de responsabilidad penal en la agente.

Ese informe policial no hace mención a ninguna infiltración concreta, sino que las respalda de forma genérica por el proceso independentista pese a que está prohibido investigar a alguien por su ideología. Sin embargo, la Policía considera que las “situaciones que, de manera ilícita, pretenden subvertir el orden constitucional o alterar la estructura territorial del Estado legitiman la actuación de los servicios de información e inteligencia”.

Incluso llega a poner en duda la fiscal que las secuelas psicológicas que sufrió el joven cuando descubrió el engaño de la policía sean consecuencia de la infiltración policial. “Pudiera ser que la mera ruptura de la relación hubiera llevado al señor Campos a esta misma situación”, aventura la fiscal Leticia Fernández. Ahora el juzgado de Girona tendrá que decidir si admite a trámite la querella, como pide el abogado de Campos, Benet Salellas, o la archiva, como pide la fiscal.

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