Aunque las medidas más relevantes del real decreto eran la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la extensión hasta mitad de año de las bonificaciones al transporte público, no son las únicas de una norma repleta de medidas económicas o tributarias
PP y Junts tumban el decreto de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte
Como es habitual en la práctica parlamentaria en nuestro país, especialmente desde el fin de las mayorías absolutas en el Congreso, los últimos gobiernos se han visto obligados a aprobar distintas normas en forma de reales decretos-ley.
Estas medidas obligan después al Ejecutivo a recibir el apoyo de una mayoría simple en el Congreso en los 30 días posteriores a su aprobación para su convalidación. En este caso, el real decreto ha decaído después de que una mayoría de 177 diputados de PP, Vox y Junts haya votado en contra.
El decreto ómnibus de finales de 2024, aprobada en el último Consejo de Ministros del año, incluía un amplio abanico de medidas tanto económicas como tributarias que han estado en vigor desde el pasado 23 de diciembre.
Sin duda, las más relevantes son las de la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la extensión hasta mitad de año de las bonificaciones al transporte público, aunque no son las únicas.
Qué medidas decaen tras el voto en contra del Congreso
— El real decreto ley preveía una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC. Además, las pensiones mínimas iban a revalorizarse un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 9%. Todas estas subidas se percibirán en la nómina del mes de enero, pero en febrero volverán a las cantidades anteriores al decreto.
— La extensión hasta el mes de julio de las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico o la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. La caída del decreto pone fin a los descuentos en el transporte.
— La puesta en marcha de ayudas para los ayuntamientos que redujesen al menos a la mitad, durante todo el año 2025, los precios de servicios de alquiler de bicicletas urbanas.
— Cambios organizativos en los ayuntamientos, que iban a ver aumentada su autonomía fiscal y una mejora en la capacidad de gestión de los recursos municipales. También se planteaban medidas para simplificar distintos trámites burocráticos municipales.
— Ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre: Se contemplaban fondos específicos para la reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía afectadas por la DANA. Las ayudas incluían también subvenciones directas y préstamos con intereses inferiores a los del mercado.
— Extensión del “escudo social” hasta final de 2025. Los desahucios a las familias más vulnerables habían sido prohibidos durante todo el año, tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos, y se prorrogaba la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, gas y agua a los consumidores vulnerables.
— Actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico en su modalidad de vulnerables severos hasta el 80% en el precio de la luz.
— El decreto establecía incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos para impulsar la transición ecológica. Estas deducciones buscaban incentivar la compra de coches menos contaminantes a través de deducciones en el pago del IRPF que alcanzaban el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.
— Asimismo, se impulsaba un programa de subvenciones para la modernización tecnológica de las pymes. Esta medida estaba enfocada a la adopción de distintas herramientas digitales como el comercio electrónico, la ciberseguridad o aplicaciones de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas.
— La norma introducía también modificaciones en la gestión de la función pública e incluía medidas para agilizar la contratación de los funcionarios, mejorar las evaluaciones de su desempeño o fomentar la modernización de la Administración General del Estado. También incluía modificaciones a la normativa que regula el teletrabajo en las administraciones públicas.
— Se establecían nuevos incentivos fiscales para impulsar el mecenazgo en actividades culturales, conciertos musicales, exposiciones artísticas o actividades de restauración del patrimonio histórico. El objetivo era el de fomentar la participación privada en la financiación de la Cultura.
— El decreto-ley impulsaba distintas medidas tributarias destinadas a mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda español. Entre ellas se incluían deducciones por la reducción del consumo energético, medidas para facilitar la instalación de paneles solares o promover el autoconsumo compartido e incluso ayudas económicas destinadas a comunidades de vecinos o pequeñas empresas para la instalación de paneles solares. La medida permitía a los contribuyentes alcanzar una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso del 60% de dichas obras.
— La industria también formaba parte del decreto-ley. En él se destinaban fondos a la modernización de la industria y para la adopción de procesos más sostenibles y eficientes. Para ello se incluían subvenciones para la digitalización de industrias o para la reducción de emisiones contaminantes.
— La norma permitía también la agilización de proyectos urbanísticos a través la simplificación de licencias y trámites administrativos, con el fin de reactivar la inversión en el sector de la construcción y facilitar la rehabilitación de viviendas.
— Además, se ampliaban las ayudas económicas a las familias en situación vulnerable. Entre estas ayudas se ofrecían descuentos en servicios públicos educativos, de transporte o en el acceso a la vivienda, además de incentivos fiscales.