Los nacionalistas explican que el cambio de titularidad ya se produjo en las semanas en que ha estado en vigor y que no hay efecto retroactivo posible, al tiempo que se felicita por que se haya hecho «justicia» por un patrimonio incautado en su momento por nazis y franquistas
Testaferros y 65.000 dólares llegados de México: así compró en 1936 el PNV el palacio de París que ahora ha recuperado
“Ope legis”. El PNV se agarra a esta locución latina para dejar claro que la no convalidación en el Congreso del decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez con una variedad de medidas económicas no afecta para nada a la cesión a este partido de la titularidad del histórico palacio de la avenida Marceau de París, adquirido en 1936 mediante testaferros y empleado después como sede principal del Gobierno de Euzkadi (entonces con ‘z’ y no con ‘s’) durante el exilio. Esa operación, una vieja reclamación de los nacionalistas, estaba recogida en una disposición del decreto, que se aprobó a finales de 2024, y el PNV recalca que no hay posibilidad ya de revocar los puntos que han ido aplicándose durante el período de vigencia del decreto hasta su decaimiento por falta de respaldo parlamentario.
Con Junts en contra, el Gobierno no ha encontrado mayoría alternativa para convalidar el decreto, que entre otras cosas afectaba a pensiones o descuentos en los transportes públicos. El PP, de hecho, ha asegurado votar en contra expresamente por la inclusión en el decreto ómnibus de lo que ha considerado un “pelotazo” inmobiliario de los nacionalistas. Los ‘populares’, que llegaron a negociar con el PNV la titularidad de este mismo edificio cuando eran los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy los que precisaban apoyos parlamentarios, ahora hablan en términos muy gruesos y han abierto un enfrentamiento directo con el PNV. Cuestionan la legitimidad de la reclamación patrimonial de los nacionalistas.
Sin embargo, un informe historiográfico encargado por el Ejecutivo muestra cómo personas afines al PNV pusieron desde México 65.000 dólares estadounidenses para adquirirlo y que luego otras dieron su nombre a una sociedad interpuesta. Se operaba así desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera por motivos de seguridad. Y lógicamente también se hizo lo mismo en plena Guerra Civil. Después, les fue arrebatado durante la ocupación nazi de Francia y en 1951, mediante una sentencia judicial, se consolidó su entrega a las autoridades franquistas. Desde 1991 es una de las dos sedes en París del Instituto Cervantes, que depende del Gobierno central. El acuerdo incluye que este organismo siga ahí al menos hasta 2030, aunque abonando al PNV un alquiler en calidad de nuevo propietario.
“El edificio de la avenida de Marceau, en París, está ya en manos de EAJ-PNV”, recalcan fuentes del partido de Andoni Ortuzar. Y añaden: “La no convalidación de un decreto-ley produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. La transmisión ya ha sido establecida en la ley (‘ope legis’) y es un acto que ya se ha perfeccionado (completado)”. El PNV apunta que hay sobrada jurisprudencia y literatura académica que acredita que lo que dice es así. Citan, por ejemplo, análisis realizados por el jurista y excargo del PP Ignacio Astarloa.
“El PNV celebra que, pese a las infundadas resistencias, se haga justicia y el edificio de la avenida Marceau, incautado por la Gestapo [el servicio secreto de la Alemania nazi] y posteriormente ocupado por el franquismo, esté en manos de su legítimo dueño”, abundan estas fuentes. “Es justicia. Justicia democrática. Para toda la afiliación del partido es un asunto de sentimiento. Durante años hemos aportado documentación de cómo se produjo aquella compra y a quién pertenecía. Es de justicia lo que se ha producido”, había manifestado antes del pleno a los periodistas sobre este asunto el portavoz ‘jeltzale’ en el Congreso, Aitor Esteban, que ya adelantaba estar “muy tranquilo” antes incluso de conocer el sentido de la votación.
Se da la circunstancia de que hay un precedente muy reciente de otro decreto ómnibus no convalidado por el rechazo de Junts con una medida muy relevante para Euskadi y que sí se aplicó por la misma máxima del “ope legis”. Se trata de la creación como municipio independiente de Usansolo, antes un barrio de Galdakao. Y ocurrió hace justamente un año. Después de años de contencioso, se adaptó por esta vía del decreto una normativa estatal para posibilitar su segregación a pesar de no llegar a 5.000 habitantes. Durante las semanas en que estuvo en vigor el decreto el nuevo municipio se inscribió. Y aquello nunca decayó. Ahora ya ha iniciado con normalidad su proceso de paulatina configuración como una entidad local más en Bizkaia y en Euskadi.