El Gobierno envía a Europa la regulación del cannabis medicinal y la tendrá lista para ser aprobada antes del verano

Si se cumple la previsión de Sanidad y Bruselas no pide cambios en el texto, el Real Decreto que regula el uso médico del cannabis estará listo en menos de cinco meses; los pacientes celebran que por fin se vaya a aprobar tras años de espera, pero critican el programa por conservador y limitado

Sanidad permitirá usar el cannabis como último recurso contra el dolor crónico y los efectos de la quimioterapia

Tras años y años de espera, España puede tener un programa de cannabis medicinal antes de verano. El Ministerio de Sanidad sigue dando pasos hacia la regulación de la marihuana como tratamiento de último recurso para algunas patologías –es el principal uso que se contempla ahora mismo– y ha enviado su borrador de Real Decreto a Bruselas, tal y como exige la normativa comunitaria. La Comisión tiene entonces tres meses para contestar. En cuanto llegue la respuesta, que Sanidad prevé positiva, el Consejo de Estado emitirá su preceptivo pero no vinculante en el plazo de dos meses y el Gobierno podrá enviar el texto al Consejo de Ministros a voluntad.

Son un máximo de cinco meses de trámite en total, y el contador ya ha empezado a andar. De esta manera, si el Ejecutivo quiere y se cumple su previsión de que Bruselas no pida cambios en el texto –la propuesta española es más conservadora que la que ya tienen otros países–, la ministra de Sanidad, Mónica García, podrá ver el programa de cannabis medicinal aprobado a partir de junio. Desde que el texto esté listo será una cuestión de oportunidad política y de que el Gobierno encuentre el momento que considere propicio para aprobarlo.

España se unirá entonces a la pléyade de países europeos y de ultramar que ya permiten el uso terapéutico del cannabis, una reivindicación de años de los colectivos civiles de usuarios de marihuana con fines medicinales. Pero será un programa disminuido, aseguran los pacientes: el Real Decreto redactado por el Ministerio de Sanidad excluye el uso de la flor de cannabis (los cogollos de marihuana), por extensión del autocultivo, y limita los usos a los preparados magistrales (aceites de cannabis) y dos medicamentos ya existentes hace años. De hecho, el ministerio solo habla de un “Real Decreto que regula la dispensación de fórmulas magistrales de estandarizados de cannabis con fines terapéuticos”, no llega a hablar de programa ni ningún término parecido.

Un proyecto conservador

Tampoco, explican desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), será especialmente innovador en cuanto a sus usos. Sanidad contempla un rol limitado para los preparados que contempla su normativa. Será el último recurso, una vez se hayan demostrado inútiles los métodos convencionales y los medicamentos basados en cannabis ya presentes en el mercado, para aquellas patologías “para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos”, según el Real Decreto.

Algo más aterrizado: se permitirá su uso para espasticidad por esclerosis múltiple; rigidez y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple; para formas graves de epilepsia refractaria (ciertos tipos de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales); contra las náuseas y vómitos por quimioterapia; y contra el dolor crónico refractario (dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales). La lista, añade el ministerio, “podría ampliarse o modificarse, con la necesaria agilidad en función de la evidencia científica”.

Además, explica el ministerio, se creará un registro de los preparados estandarizados. Pero –y este es un matiz en el que los pacientes ponen mucho énfasis– las “fórmulas magistrales tipificadas se usarán cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente”. O sea, será el último recurso y no siempre estará disponible. El médico tendrá que justificar explícitamente su uso.

Pacientes y algunos investigadores del cannabis creen que los usos aprobados por el Gobierno se quedan cortos. El cannabis es, según algunos investigadores, el más potente antiinflamatorio que existe. Tiene efectos antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos, antivomitivos y ayuda a proteger el sistema nervioso. En España lo utilizan enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson o fibromialgia, entre otros.

Otros dos aspectos que no gustan a los ya usuarios de la propuesta de Sanidad es que solo se permitirá que lo receten médicos especialistas, no los de atención primaria, y que lo dispensen las farmacias hospitalarias, no las de barrio (comunitarias). Estas dos medidas alejan a potenciales usuarios del cannabis medicinal, según las organizaciones civiles, que las ven como trabas en el acceso.

Años de lucha

Cuando se apruebe –la composición del Congreso sugiere que saldrá adelante– el Gobierno cerrará un ciclo que empezó formalmente hace cuatro años. Pero mucho antes de eso varios partidos (Podemos, Ciudadanos, ERC) habían presentado iniciativas particulares ante el Pleno –más o menos ambiciosas, incluida alguna de regulación integral, también lúdica–, pero fueron sistemáticamente descartadas con el rechazo del PSOE.

Los socialistas siempre ha sido la piedra angular para la legalización del cannabis medicinal (también el obstáculo para que no se haya hecho hasta ahora). La derecha nacional (PP y Vox) se oponían y oponen; los partidos nacionalistas la aprueban, excepto Junts, que se suele mover en el entorno de la abstención; quedaba el PSOE como partido bisagra. Mientras se negó a tratar el asunto –durante muchos años y aludiendo a que la OMS no le encontraba propiedades medicinales, postura que el partido mantuvo incluso después de que la organización cambiara su postura sobre sus posibilidades terapéuticas– no hubo caso para los pacientes. Hasta que finalmente cedió y el 13 de mayo de 2021 se atuvo a explorar el terreno.

Ese día el Congreso aprobó la propuesta del PNV de crear una subcomisión parlamentaria para estudiar los programas terapéuticos de otros países antes de proponer uno en España. La presión en la calle venía de atrás, pero no conseguía calar en la clase política. En prácticamente todas las legislaturas de la pasada década los movimientos civiles decían “tiene que ser esta”, pero luego solo veían cómo otros países iban creando sus programas mientras en España no se movía nada.

Hoy, con el texto en Bruselas, los pacientes empiezan a ver de verdad una luz al final del túnel. Aunque el programa no les convence por conservador en el uso y limitado en el acceso, supondrá meter el pie bajo el dintel e impedir que la puerta se cierre, que ha sido su realidad durante años.

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