Moncloa descartó un Consejo de Ministros Extraordinario para recuperar de manera inmediata la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte con la idea de que PP y Junts asuman el desgaste de haberlas tumbado
Sánchez lamenta el “dolor social” causado por el voto en contra de Junts y el PP a las pensiones: “Tienen que responder ellos”
El impacto de lo que ocurrió este miércoles en el Congreso es apabullante. De la noche a la mañana, vieron afectados sus bolsillos veinte millones de usuarios del transporte público, doce millones de pensionistas o dos millones y medio de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. La pinza de PP, Vox y Junts tumbó el denominado decreto ómnibus que sometía el Gobierno a su convalidación. Y la idea ahora es trocear en sucesivos consejos de ministros las medidas incluidas en ese decreto en busca del apoyo parlamentario necesario para refrendarlas.
En algún momento del miércoles, en cuanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez sufrió uno de sus golpes parlamentarios más sonados, sobrevoló la idea en el círculo más cercano al presidente de convocar un Consejo de Ministros Extraordinario para volver a aprobar por decreto de manera urgente con algunas de las políticas de mayor impacto, como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, para evitar que la estrategia política de las derechas al votar en contra afectara a tantos millones de ciudadanos. Pero tardó poco en descartarse.
La apuesta política de Moncloa pasa por dejar “cocerse en su salsa” a los partidos que votaron en contra, con la mirada puesta en el malestar que puede generar en la ciudadanía que decaigan políticas tan sensibles. Aunque hay entre las filas socialistas quien duda del éxito de una estrategia de desgaste del PP y Junts con el intento de responsabilizarles del problema, el Gobierno intenta ahora que el foco se ponga precisamente en los grupos que votaron en contra.
“El Gobierno ha hecho su trabajo”, dijo Pedro Sánchez este jueves durante su comparecencia en Valéncia tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por la DANA. “Son ellos, aquellos grupos parlamentarios que no pensaron en el interés general, quienes tienen que responder a cuál va a ser ahora su posición. Pensaron en ganar una votación a costa del bienestar de la gente, y me parece que es la peor forma de hacer política”, lamentó el presidente, que se cuidó de señalar más al PP que a Junts aunque englobó la actitud de antes en la “antipolítica”.
El debate interno ahora se centra en qué priorizar del amplio paquete de ayudas y políticas económicas que incluía el decreto ómnibus. Según todas las fuentes consultadas en el Gobierno, a última hora de este jueves la decisión no estaba tomada y ninguno de los departamentos implicados en las medidas tenía instrucciones sobre si alguna de ellas será rescatada ya este próximo martes.
Sí se ha apresurado el ministerio de Trabajo a taponar el agujero que provocó el batacazo parlamentario en el Salario Mínimo Interprofesional. La prórroga de la cuantía de 2024 también quedó anulada y, ante las interpretaciones de que esta situación deja a España sin salario mínimo desde este jueves, el departamento de Yolanda Díaz lanzó una instrucción, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que pretende blindarlo al concluir que el suelo salarial de 1.134 euros de 2024 sigue vigente. Además, avisa de que la Inspección de Trabajo vigilará este cumplimiento.
Más allá del reproche al PP y a Junts, sí se asume en el Gobierno como fracasada la fórmula de acumular medidas en un mismo decreto. De hecho en el PSOE hay quien da ese formato ómnibus por amortizado y defiende abiertamente que, con el panorama parlamentario actual, resultaría irresponsable volver a usarlo en lo que quede de legislatura. Por eso el plan ahora es desgranar el contenido del texto tumbado este miércoles y someterlo a su convalidación en el Congreso fragmentado para garantizarse el respaldo de la Cámara.
Tanto el PP como Junts han asegurado que en caso de que el Gobierno lleve al Congreso la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte de manera separada al resto de medidas, contarán con sus votos para sacarlo adelante. Y excusan su voto en contra de esta semana en la inclusión en el decreto ómnibus de algunos puntos que ni siquiera aparecen en ese decreto. El PP ha aludido en las últimas horas, por ejemplo, a la “subida de impuestos” que asegura que practica el Ejecutivo y que en ningún caso se refleja en el texto tumbado.
Los socios de izquierda meten prisa
En paralelo, los socios de izquierda sí que meten prisa a Pedro Sánchez. Podemos, EH Bildu y el BNG no quieren que el Gobierno pierda tiempo en volver a reactivar las medidas que decayeron y reclaman al Ejecutivo que se mueva para recuperar el escudo social que incluía entre otros asuntos la revalorización de las pensiones o la prórroga durante seis meses de las ayudas al transporte público.
Algunos de esos socios ya mostraron su enfado durante el Pleno. Esquerra Republicana cargó con dureza contra Junts al entender que tumbar un decreto como este solo tiene el objetivo de dañar al Gobierno. “No se daña al Gobierno, sino a la gente. Y la sociedad no debe pagar por la irresponsabilidad y los cálculos partidistas de las fuerzas de derechas”, trasladan al mismo tiempo fuentes de EH Bildu.
Podemos, sin embargo, reprocha al Gobierno su falta de capacidad para negociar con sus socios y sacar adelante el conjunto del paquete. Y por eso, este jueves reclamó que vuelva al Consejo de Ministros tal y como salió hace unas semanas y no ceda ante el “chantaje” de los partidos de la derecha, que “quieren criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son aquellas que están en riesgo de desahucio”.
El partido de Ione Belarra cree que el Ejecutivo debe actuar con celeridad y aprovechar la próxima reunión de los ministros para aprobar las medidas, especialmente preocupado por la protección contra los desahucios vulnerables. Y por eso ya ha trasladado directamente al PSOE su petición. “Hay decenas de miles de personas que le pueden reactivar un desahucio”, sostienen fuentes del partido, que creen que una demora de incluso unos días ya puede tener consecuencias “terribles”.
Un razonamiento parecido al que trasladan desde EH Bildu, que acusa a Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo de utilizar argumentos similares para justificar su voto en contra en el Pleno de ayer. La formación independentista ve llamativo que un día después ambos hayan lanzado la misma propuesta al Gobierno para que lleve al Congreso un decreto con las medidas que cuentan con su apoyo.
“¿Qué cuestiones se han introducido que no sean medidas de protección social y económica? ¿Cuáles rechazan exactamente? Ninguno de los dos partidos lo ha explicado. No se debe confundir a la ciudadanía con excusas que están lejos de la realidad para intentar justificar su voto en contra; deben asumir su responsabilidad por la posición política adoptada”, lamentan fuentes del partido vasco.
Y por eso insisten, igual que Podemos, en que el Gobierno debe llevar al Consejo de Ministros las medidas que decayeron para que se aprueben “lo antes posible”. “No solo el aumento de las pensiones y las rebajas del transporte público como pretenden los partidos de derechas que ayer tumbaron el decreto, sino también todas las medidas que contenía el escudo social: la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para familias vulnerables…”, repasan.
El BNG envió este jueves también un comunicado en el que ha pedido al Gobierno que intente aprobar las medidas que han decaído, aunque ha centrado sus peticiones en la subida de las pensiones y los descuentos al transporte ferroviario que, recuerdan fuentes del partido, son cuestiones que figuran en el acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE.