El TSJ valenciano, en una auto notificado el 15 de enero, daba un plazo de cinco días a la Conselleria de Educación para identificar a las «autoridades, funcionarios o agentes» responsables del incumplimiento de los acuerdos con los sindicatos
Compromís denuncia ante Fiscalía al conseller de Educación de Mazón por prevaricación y desobediencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) tuvo que ordenar al Gobierno de Mazón que cumpliera la resolución judicial que obliga al Ejecutivo valenciano a contratar a casi 1.900 docentes, consumando así el acuerdo de plantillas con los sindicatos que dejó preparado en anterior equipo del Pacte del Botànic en la Conselleria de Educación. El auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, al que ha tenido acceso elDiario.es, advertía de que su resolución anterior, que avalaba de plano el acuerdo de plantillas ratificado por el Consell, no estaba “ejecutada completamente”.
Así, el alto tribunal autonómico ordenó a la Conselleria de Educación, que dirige el popular José Antonio Rovira, el “despliegue [de] las actuaciones necesarias para el más pronto cumplimiento de lo acordado” en su auto anterior. Es decir, que llevara a cabo la contratación de casi 1.900 docentes. Es más, el TSJ-CV pidió al departamento de Educación que identificara, en un plazo de cinco días, a las “autoridades, funcionarios o agentes” responsables de “dar cumplimiento de lo acordado”.
El auto, notificado el pasado 15 de enero, también expresaba el “apercibimiento expreso” de que “de no informarse al respecto” se consideraría responsable al director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega Gil.
La contundente resolución, en su apartado de razonamientos jurídicos, reseñaba que la Conselleria de Educación había cumplido la decisión del TSJ-CV ni siquiera a medias. Solo se acordó ampliar la plantilla en cuatro centros de nueva creación. En el resto de centros, la inmensa mayoría, el auto que ordenaba cumplir el acuerdo de plantillas “no se puede entender cumplido”, agregaba la resolución.
La Conselleria de Educación se escudó en “determinados desajustes” entre profesorado y alumnado, con lo cual “expresamente se reconoce no cumplimentado” el auto del alto tribunal autonómico que ordenaba al conseller Rovira que ejecutara el acuerdo. Además, el TSJ-CV también consideraba que la redacción del borrador de una nueva orden de plantillas, tras la negociación con los sindicatos, que debería entrar en vigor el próximo curso 2025-2026 es una “cuestión ajena al auto que ha de cumplirse”.
Y es que el acuerdo de la mesa sectorial de educación que cerró con los sindicatos el Gobierno anterior del Pacte del Botànic, ratificado por el Consell, tiene un ámbito temporal, “en el estadio actual, que no se extiende sobre tal curso”.
Aun así, el departamento autonómico que dirige José Antonio Rovira no ha aplicado el acuerdo (ni siquiera tras la catastrófica DANA que ha afectado a los centros educativos de varias comarcas). Con este panorama, el diputado de Compromís Gerard Fullana ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía contra el conseller Rovira por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia tras el reiterado incumplimiento de la sentencia firme del TSJ-CV.
“El dinero no podemos inventarlo”
El conseller José Antonio Rovira ha señalado este jueves en declaraciones a los medios en Castellón que la Conselleria cumplirá el Acuerdo de Plantillas “en función de las disponibilidades presupuestarias”. “El dinero no podemos inventarlo”, ha dicho, al tiempo que insistía en que se trata de un acuerdo firmado por el Botànic en funciones y “sin ningún tipo de memoria económica”.
“Nosotros lo cumplimos el primer año porque básicamente consistía en mejorar e incrementamos el número de plazas, pero esta segunda parte del acuerdo no es para mayor dotación para el alumnado, sino que va hacia caminos como la codocencia, con lo que esta Conselleria no está de acuerdo; la reducción de horarios en los equipos directivos y otra serie de cuestiones que entendemos que no eran necesarias”, ha añadido.
Una larga batalla judicial
El 24 de mayo del pasado año, apenas 24 horas después de la primera gran movilización de la legislatura en contra de las políticas del Gobierno de Carlos Mazón (la huelga general de la comunidad educativa contra las medidas adoptadas por Rovira), la Conselleria de Educación comunicó la denuncia del acuerdo de plantillas rubricado por el Consell del Botànic en funciones en junio de 2023. Esta decisión suponía renunciar a la contratación de miles de docentes.
Sin embargo, el TSJ-CV suspendió cautelarmente la denuncia de la Generalitat Valenciana de los acuerdos suscritos con los sindicatos en una sentencia que obligaba a la Conselleria de Educación a contratar 1.898 docentes para cumplir con los acuerdos de plantillas.