La Confederación del Guadalquivir, que ha reabierto el procedimiento sancionador, continúa en paralelo con la legalización por indicación del juez, que considera que la causa abierta por delito ambiental «no es óbice ni obstáculo» para culminar la propuesta hecha por la empresa de los Martínez de Irujo
Los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana han causado un daño ambiental que puede ser “irreversible”
Los ocho pozos ilegales de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, han sido sorprendidos ya dos veces por la Guardia Civil en pleno uso, y además con “despilfarro” de agua. Pese a ello, continúa el proceso para su regularización que se inició una vez abierta la causa por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas” a las mismas puertas de Doñana. Así lo asume la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal responsable de los permisos de riego, después de que en su último auto el juez señalase que el proceso penal en curso “no es óbice ni obstáculo” para continuar con esta legalización.
En su respuesta al juzgado, la Confederación se da por enterada de esta indicación del magistrado, a la vez que en paralelo comunica que reactiva el procedimiento sancionador por estos puntos de extracción contra Eurotécnica Agraria, que gestiona la hacienda. La empresa pertenece a la Casa de Alba y los Martínez de Irujo se turnan al frente de la misma, coincidiendo la apertura del proceso judicial con que ocupaba la presidencia Eugenia Martínez de Irujo. Por eso, es la duquesa de Montoro la que está citada a declarar como investigada en este caso.
Eurotécnica Agraria inició la legalización de estas instalaciones cuando ya estaban clausuradas por orden judicial, tras una primera inspección de la Guardia Civil y la Comisaría de Aguas que certificó que estaban en uso pese a carecer de permisos. La petición de legitimar estos ocho puntos de extracción clandestinos cuenta con el informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la propia CHG, que da su visto bueno, ya que –según el proyecto presentado por la empresa– lo que se hace es pasar de dos a diez pozos para regar pero sin aumentar el volumen de agua (606.000 metros cúbicos por año) que ya tiene oficialmente concedido la finca.
“Situación de despilfarro” por las fugas
Estas instalaciones fueron cerradas por orden judicial en 2023, levantándose la suspensión el pasado mayo con la advertencia de que no podían utilizarse. Meses después, en noviembre, la Guardia Civil constató en una segunda inspección que estaban operativos de nuevo. De hecho, estaban “en pleno funcionamiento”, según el informe de la Confederación Hidrológica.
El documento aporta más detalles, como que los puntos de extracción estaban “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua en la infraestructura de riego”. Además de subrayar la “reincidencia de los hechos”, la CHG también añade que se desconoce el régimen de explotación, “si se ha derivado un mayor volumen de aguas del autorizado o en épocas del año en el que las extracciones pueden producir un mayor efecto en la masa” subterránea.
Con estos argumentos, la Fiscalía de Medio Ambiente remitió al juzgado este oficio de la CHG, a la vez que apuntaba a la existencia de “indicios de despilfarro de recursos” por el mal estado de las instalaciones. La propia Confederación señaló públicamente que se había encontrado una “situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones”.
Paralizar el expediente hasta que haya resolución judicial
En su último auto, y tras recibir el atestado de la Guardia Civil que confirmaba que se volvía a bombear de manera ilegal del acuífero, el juez apuntó que no apreciaba “indicios suficientes del tipo penal” para ordenar de nuevo el cierre de los ocho pozos al tiempo que le abría a la CHG la puerta de la vía administrativa si consideraba que se había cometido una infracción. Así procedió el organismo estatal, que clausuró las extracciones en diciembre y, en paralelo, reabrió el procedimiento sancionador contra Eurotécnica Agraria que suspendió al judicializarse el caso.
Asimismo, el magistrado apuntaba que la causa penal en curso “no es óbice ni obstáculo para continuar la tramitación de aquellos expedientes administrativos que se encuentren iniciados en relación con esos pozos no legalizados”. La explicación es que la vía penal no interfiere en la administrativa, son dos procesos independientes y no interrelacionados, y de hecho el último trámite administrativo (lo que se conoce como acto de confrontación) se verificó en diciembre, cuando ya habían sido pillados en funcionamiento por segunda vez.
Pero no todos ven tan claro la forma en que se están haciendo las cosas. Ecologistas en Acción, organización que está personada en la causa, cree un contrasentido que se estén regularizando los mismos pozos que a la vez se investigan en un proceso abierto. Por eso, reclama que se paralice el expediente hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo.
Mejora de la hidrodinámica del acuífero
Eso sí, al haberse cerrado ahora las instalaciones en el marco de una causa administrativa y no penal, esto ha conllevado el levantamiento de la suspensión del procedimiento sancionador que la Confederación le abrió inicialmente a Eurotécnica Agraria. Eso sí, el organismo de cuenca –que apunta que la regularización está “en avanzado estado de tramitación”– apunta que “no procede la cuantificación de daños al dominio público hidráulico”. La explicación es que no se ha detectado riego en una superficie superior a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua.
¿Y por qué la Confederación Hidrográfica no pone problemas a la legalización de estos pozos? Pues básicamente porque no consume más de lo que tiene autorizado y, además, considera que repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que profundizar más, tal y como ocurre ahora en las dos localizaciones desde las que se saca el agua.
Alegó que había cerrado los pozos
En su proyecto, la empresa agrícola de la Casa de Alba admite abiertamente que la propuesta consiste en la “incorporación de ocho pozos ya existentes en la finca”. La compañía no niega que cuente con estas infraestructuras, pero insiste en que las utiliza sólo como apoyo a los pozos principales y que nunca ha extraído más agua de la que tiene asignada, en contra del criterio que defiende la Fiscalía. En su momento alegó en su defensa que inutilizó estas extracciones cuando recibió el auto judicial, aunque luego se demostró que se habían reactivado.
En cuanto al proceso judicial en sí, la última novedad ha llegado de la mano del informe realizado a petición de la Fiscalía por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que señala que las captaciones sin licencia han causado un daño ambiental que puede ser “irreversible”. Asimismo, cifra en más de seis millones de euros el perjuicio generado, agravado con que el acuífero roza la sobreexplotación y lleva cinco años descendiendo su nivel. La Confederación, por su parte, recuerda que se estaba en alerta por sequía la primera vez que los pozos fueron cazados en funcionamiento.